Las pruebas del genocidio
Buena parte de los cadáveres exhumados tiene orificios causados por impacto de proyectil en los cráneos o fracturas conminutas, fracturas en la que el hueso o una parte de él quedan reducidos a fragmentos o esquirlas, y algunos aparecieron con alambres alrededor de las muñecas, señal de que habían estado atados antes de ser asesinados. Los signos de la violencia ejercida sobre ellos, el depósito colectivo de sus cuerpos en un enterramiento no convencional, la voluntad de ocultarlos, la clandestinidad con que se hicieron las ejecuciones para asegurar la impunidad de los crímenes, la motivación política de sus asesinos…
Todo ello permite asegurar que en El Marrufo hubo un verdadero genocidio.
Juan Manuel Guijo, que antes del Marrufo había participado en nueve campañas de exhumaciones de víctimas del franquismo, asegura que hay aspectos singulares de las fosas del cortijo jerezano que no había visto en sus trabajos anteriores.
A su entender había señales que permiten hablar con claridad de prácticas genocidas: el depósito colectivo de cuerpos en enterramientos no convencionales, las evidencias de violencia que hay sobre ellos, la voluntad de ocultamiento y clandestinidad para asegurar la impunidad de los crímenes, la lejanía de cualquier pueblo o núcleo habitado. Todo apunta al genocidio.
Guijo precisa que en algunas de las fosas se veía que los enterradores actuaban con menos prisas que en los cementerios de los pueblos o ciudades donde se fusilaba a los detenidos, y donde había que trabajar rápido para que al día siguiente la gente no viera lo que se había hecho de noche. En esos lugares los cuerpos están tirados, con señales de forcejeo y resistencia en algunos casos, o arrojados si ninguna consideración para enterrarlos rápido. “Aquí no, aquí hay cierta limpieza, incluso en alguna fosa hay mucho espacio entre los cuerpos, como si se hubiese respetado la separación y se hubieran colocado con tranquilidad. Se ve que no tenían prisa. Es decir, estaban seguros de que estaban actuando con total impunidad porque éste era un sitio idóneo para hacer estas barbaridades”, afirmaba el antropólogo.
Con toda esta información disponible, en el verano de 2012 Afresama interpuso ante el juzgado de Instrucción Número 2 de Jerez de la Frontera una denuncia. La asociación de familiares entendía y sigue considerando que allí se cometieron delitos de desaparición forzosa, detención, torturas y asesinatos en el marco de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz y la seguridad internacional, todos perpetrados contra la población civil indefensa por motivos políticos e ideológicos, en el contexto de la insurrección armada contra el Gobierno legítimo de la República. El juzgado dictó el archivo de la causa, cosa que la abogada de la asociación, Rocío Mendoza, recurrió ante la Audiencia Provincial, que así mismo archivó el caso.
Foro y Afresama, en vista del carpetazo judicial a sus demandas, decidieron acogerse a la querella que en Argentina tramita la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos entre julio de 1936 y junio de 1977. Así lo decidieron directivos de ambas asociaciones en una reunión mantenida a finales de 2013 en Algeciras con Ana Messuti, abogada del equipo jurídico que lleva en la querella. Andrés Rebolledo, presidente de ambas organizaciones, explicó entonces que la asociación de familiares represaliados ejerce como querellante en el caso de La Sauceda y el Marrufo y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar en el caso de los fusilados y represaliados en Jimena de la Frontera y las otras seis poblaciones del Campo de Gibraltar: Algeciras, La Línea, San Roque, Castellar de la Frontera, Los Barrios y Tarifa. La cifra de los fusilados en estas poblaciones de los que se tiene constancia documental asciende a cerca de 600 personas.
