El pasado viernes nos visitaron los linenses Arturo Valle y José María Terroba, acompañados de la también linense Asunción Gálvez, del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Esta grata visita, que empezó a gestarse gracias a la iniciativa de Felipe López, otro compañero del Foro, contribuirá sin duda a los objetivos prioritarios de la Casa de la Memoria La Sauceda: ayudar a los familiares de víctimas en sus búsquedas documentales y seguir investigando la represión franquista en el Campo de Gibraltar.
Arturo Valle, investigador local de la memoria histórica y democrática linense, trabaja de una forma encomiable en una de las aristas de la represión menos tratada y estudiada de su localidad, y de la comarca en general; aquella que ejercieron los funestos tribunales de responsabilidades políticas y de la represión contra la masonería y el comunismo.
El trabajo que nos ha facilitado Arturo Valle recoge los nombres de 665 vecinos y vecinas de La Línea de la Concepción que fueron juzgados (o requeridos para ello) por estos tribunales entre 1936 y 1946. Cada registro aporta, además del nombre y apellidos del represaliado o represaliada (19 mujeres), la edad, localidad de nacimiento y vecindad, domicilio, profesión, tribunal sancionador, sentencia, BOE donde se publicó dicha sentencia y número de causa sumarial.
Además, nos ofrece dos listados de linenses que combatieron en el frente malagueño defendiendo el Valle de Abdalajís en el Batallón n.º 8 “Pablo Iglesias”, con 218 integrantes, y en el Batallón n.º 2 “México”, con 8.
Gran parte de los casos documentados en el listado corresponden al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Este tribunal nació con la promulgación el 1 de marzo de 1940 de la ley homónima y estuvo en funcionamiento hasta 1964, cuando le tomó el relevo el no menos funesto Tribunal de Orden Público (TOP). Siendo el comunismo, y sobre todo, la masonería, las verdaderas obsesiones de Franco, no es de extrañar que su régimen de terror encontrara en La Línea de la Concepción el lugar idóneo para dar rienda suelta a sus fines de venganza y limpieza económico-social. Una ciudad donde se votó de forma aplastante al Frente Popular y con una gran tradición masónica, de las mayores del estado español, no pudo evitar estos altísimos porcentajes de represión en su ciudadanía, tal como documenta y prueba el trabajo de Arturo.
Las penas sancionadas por este órgano represor abarcaban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor, pasando por las depuraciones de empleo, inhabilitaciones y destierros. En realidad, todos los que se opusieron al Régimen, fueran masones o comunistas -bajo este término se englobaba a cualquier disidente del amplio espectro de la izquierda- y habían sobrevivido a la masacre de la guerra, pasaban primero por las salas de este tribunal, y pasados unos días, lo hacían por las del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que al aplicar el agravante de pertenecer a la masonería ampliaba las penas de prisión y las multas económicas. 64 mil de estos expedientes están depositados hoy día en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
El otro organismo que conformaba el andamiaje represor del franquismo fue el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, creado el 9 de febrero de 1939 para someter, saquear y enjuiciar a todo partido político, sindicato o persona que se hubiera opuesto al golpe de estado militar desde el 1 de octubre de 1934 -adviértase la fecha- al 18 de julio de 1936, y después del alzamiento. Con esta aberración jurídica se castigaba conductas anteriores a la misma promulgación de la ley que instituyó el tribunal y que por tanto no eran un delito. Se pretendía así trasladar el origen, la culpabilidad y las consecuencias de lo que ellos mismos habían provocado al mismo sistema republicano, además de, por esa misma retroactividad, represaliar a la mayor cantidad posible de opositores para extirpar del panorama político cualquier disidencia futura. Los términos justicia y reconciliación nunca figuraron en el diccionario de los fascistas.
Esta ley de responsabilidades políticas fue continuadora de la represión económica que ya se venía ejerciendo “legalmente” desde que en enero de 1937 se crearan las Comisiones Provinciales de Incautación. Un eufemismo que trató de disfrazar lo que verdaderamente fue: el robo institucionalizado de los bienes patrimoniales y económicos de los vencidos, la mayor parte de ellos obreros y campesinos. Alrededor de 200 mil personas fueron sancionadas por este tribunal.
Es en este punto donde cobra mayor interés si cabe la investigación realizada por Arturo Valle. Casi la totalidad de la documentación que generaron la comisiones de incautaciones y los tribunales de responsabilidades políticas en el marco de la provincia de Cádiz acabó siendo destruida o se perdió en algún momento antes de que fuera trasladada al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se custodia actualmente lo poco que sobrevivió a ese afán inquisidor del franquismo de tratar de no dejar memoria tras de sí. Así pues, es imposible hoy día hacer un estudio completo de lo que significó en nuestra provincia este fenómeno represivo. Sólo nos queda, y eso es precisamente lo que ha hecho Arturo, consultar y rastrear el BOE, en este caso, a la búsqueda de todas las sentencias y requisitorias que se publicaron en sus páginas y que afectaron a hombres y mujeres de La Línea de la Concepción. 665 nombres son regresados de la desmemoria, y por tanto, reivindicados por uno de sus convecinos.
El 21 de julio de 2021 la Casa de la Memoria organizó el ciclo de conferencias Golpe, guerra y represión. En ella tuvimos el honor de contar con Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Puedes escuchar su intervención en nuestra radio online La Voz de la Memoria en el siguiente enlace: Ley de responsabilidades políticas.
