La actual pandemia es seguramente el mayor problema sanitario al que se ha enfrentando nuestra sociedad en los últimos tiempos pero, aunque no con tanta virulencia, hubo otros anteriores. Uno de ellos, es el conocido como Síndrome Tóxico, producido por el consumo de un aceite de colza que afectó -aunque no hay unanimidad en cuanto a las cifras- a más de 20 000 personas, ocasionando la muerte de unas 1100, si nos atenemos a los datos recogidos en la sentencia que condenó a los culpables de la intoxicación, industriales dedicados a la distribución y comercialización de este aceite y al Estado como responsable civil subsidiario. Según esa misma sentencia, el aceite de colza desnaturalizado –al que se le habían agregado colorantes- incluía también otros aceites para uso industrial y fue desviado conscientemente y por «un desmedido afán de lucro», al consumo humano.
Estábamos en el convulso 1981, en el que la presidencia del gobierno del país, tras la renuncia de Suárez, había sido traspasada a Leopoldo Calvo Sotelo en aquel final de febrero en el que un grupo de militares y golpistas intentaron acabar con la recién estrenada democracia en España.
A finales de ese mismo año se publicó El libro negro de la colza de Jesús Ynfante, que subtituló el volumen como “El misterio del Síndrome Tóxico por aceite de colza”. Ynfante llevó a cabo una serie de investigaciones para tratar de dilucidar qué era lo que estaba ocurriendo y qué mecanismo era el responsable, o mejor dicho, de qué manera, la ausencia de control sobre la alimentación de los habitantes, habían llevado a tamaño desastre de salud pública. Hay que recordar que se trataba de aceite sin marca, vendido a granel, generalmente en mercadillos y, por tanto, apenas sujeto a control sanitario.
Al parecer, la investigación policial focalizó su atención en las anilidas, unos componentes provenientes de las pinturas de los envases donde se almacenaban, también en los glucosinolatos, o bien, en nuevos componentes que se habían producido a partir de la unión entre ellos y los ácidos grasos, pero apenas en el propio aceite de colza y, en opinión del autor, esos componentes no podían ser los causantes de un problema tan extendido.
En un párrafo de su libro puede leerse: «y no hace falta ser una autoridad en ninguna materia para saber que la manipulación y transformación de un aceite potencialmente tóxico es lo que podría haber originado reacciones químicas desconocidas hasta el momento, dentro de la complejidad de los ácidos grasos de cadena larga que contiene el aceite de colza».
La dejación del Gobierno a la que apunta Ynfante, llegando a asegurar que: «si las investigaciones se hubieran centrado en el aceite de colza y no en los aditivos, debería haber estallado el escándalo y el perjuicio hubiera sido gravísimo para los productores de aceites de semillas, empezando por la colza, siguiendo por el girasol y terminando por la soja. No hubo forma alguna de conseguir muestras completas de aceite venenoso a partir del mes de junio». Llegado a este punto, realiza una anotación para explicar que «el funcionario que estaba al frente de las investigaciones policiales y encargado de velar por la seguridad del laboratorio de Majadahonda era Antonio González Pacheco, más conocido por el alias de Billy el Niño(…)».
El libro de Jesús Ynfante nos plantea una inquietante situación a raíz de las informaciones que él maneja y que quedan registradas en sus páginas con párrafos tan preocupantes como el siguiente:
La trágica información también ha puesto al descubierto el impresionante fraude de los aceites en España comenzando por el aceite de oliva. Según la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos hay cerca de cien mil toneladas de aceite de oliva fraudulento circulando actualmente por el mercado. Y no hay manera de saber cuál es el aceite de oliva adulterado porque las características de composición que refleja su etiquetado no son claras y los porcentajes en las mezclas de oliva tampoco se especifican. Para la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), en cada cosecha anual hay unas 150.000 toneladas de aceite de oliva manipuladas y puestas en venta fraudulentamente en el mercado.
Por otro lado, la rápida respuesta editorial de Ynfante no debe sorprendernos puesto que, además de un investigador riguroso e infatigable, especialmente crítico con los desmanes en las estructuras de poder, era un experto en asuntos relacionados con la agricultura, la ganadería y la alimentación, especialmente cuando, con posterioridad, asumió la corresponsalía de la Agencia Efe, en su división alimentaria Efeagro, en la ciudad de Bruselas.
El documento que hemos localizado entre sus papeles en el Archivo de la Casa de la Memoria La Sauceda es el informe forense de la autopsia realizada a un fallecido por Síndrome Tóxico que fue como se acordó en denominar a una enfermedad que incluía un amplio abanico de síntomas y fallos entre los que se contaban los neurológicos y ocasionando –en su fase más aguda- una neumonía atípica que, en los casos más graves, producía la muerte del paciente.
En este caso se trata de un varón de 60 años al que le fue practicada la autopsia en el Hospital Clínico San Carlos de la Facultad de Medicina de Madrid por los doctores García Villanueva y la forense Mª Teresa de Miguel Tarancón. El completo informe está compuesto por 25 folios en los que se detallan los exámenes externos –se aprecia desnutrición y envejecimiento con cierta atrofia muscular- e internos. En este segundo es en el que se desgranan las condiciones médicas en las que se encuentran todos los órganos y tejidos de forma pormenorizada. Se acompañan también los antecedentes extraídos de los informes clínicos del hospital y del Instituto Nacional de Toxicología y se da cuenta de su ingreso en la Ciudad Sanitaria 1º de Octubre el día 25 de mayo de 1981 «con un cuadro de exantema, disnea, tos, fatigabilidad y sensación febril» que se diagnosticó como Síndrome Tóxico. Tras una mejoría fue dado de alta el 12 de junio, si bien acudió al servicio de urgencias del mismo hospital cinco días más tarde, volviendo a ser dado de alta y vuelto a ingresar el 2 de agosto de 1982. Una vez pasada la crisis, siguió con control ambulatorio y volvió a estar hospitalizado en otras ocasiones hasta que en agosto de 1983 comienza tratamiento quimioterápico, aunque su estado empeora y fallece el 5 de octubre del mismo año. La conclusión es que, a pesar de padecer Síndrome Tóxico, su muerte «fue consecuencia del proceso neoplásico que padecía y no guarda relación causal con su afección por Síndrome Tóxico».
Es decir, que casi con toda seguridad, esta persona que vivió más de dos años con la afección y que luchó con la enfermedad que sí se le diagnostica, se concluye que la muerte no se debe a ella, sino a otro proceso degenerativo. No sabemos cuántos casos como este pudieron quedar, por tanto, fuera de las estadísticas de muertes causadas por el Síndrome Tóxico y, en consecuencia, también fuera de los procesos judiciales que se siguieron contra los responsables, así como de posibles ayudas o indemnizaciones que hubieran podido beneficiarle. Estamos seguros de que Ynfante tuvo acceso a esta documentación, como hacía en todos los casos que investigó y sobre los que publicó los resultados de sus pesquisas y que la guardaba como prueba para la denuncia que en su libro hace de esta crisis de salud pública y de las actuaciones que gobiernos y administraciones públicas adoptaron, así como del tratamiento judicial que se le dio al proceso.
Si en la actualidad buscamos una vacuna para el covid 19, en aquel no tan lejano 1981 se trataba de localizar un antídoto y, al igual que hoy tenemos a un experto curtido en batallas epidemiológicas que es la cara visible de las medidas y actuaciones que el Gobierno va a adoptar para reducir a la pandemia, también hubo en la crisis de hace cerca de 40 años una figura a la que Ynfante acusa de poca claridad y falseamiento de datos, ya que, como hemos dicho, el Gobierno también se sentaba en el banquillo de los acusados por dejación de sus funciones de control y vigilancia:
Esta dimensión de falseamiento por parte de las autoridades sanitarias ha sido justificada públicamente por el director del Programa Nacional de Atención y Seguimiento del Síndrome Tóxico, un médico de voz meliflua y ademanes sosegados, convencido de su sinceridad, en cuyo curriculum sobresale su vinculación a la Universidad de Navarra, un centro del Opus Dei. Para el doctor Evangelista: “La información que reciben los enfermos debe ser por una parte verídica, ya que en ella se basa la difícil confianza de los mismos. Pero nunca debe ser ocasión o estímulo generador de pánico”.
Sin entrar en valoraciones más allá de la exposición de unos hechos que por sí mismos se explican, comparándolos con los que nos aquejan en la actualidad, podemos comprobar que se han alcanzado mejoras en el desarrollo de un proceso crítico de sanidad pública. No obstante, leyendo las páginas de Ynfante y teniendo presentes las posturas que algunos de nuestros políticos y gestores públicos mantienen y defienden en 2020, no es difícil llegar también a la conclusión de que, a veces, se puede tener la sensación de que en vez de avanzar, estamos caminando en círculos que nos devuelven a lugares que ya hemos pisado en tiempos precedentes.