«Profesaba ideas izquierdistas bastante prolongadas». Esta era la primera «acusación» que pesaba sobre la maestra de Jimena Concepción Terrones Villanueva en el expediente de depuración al que fue sometida por los sublevados contra la República. La había formulado el comandante de puesto de la Guardia Civil en el informe que le había requerido la Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Cádiz y su provincia el 27 de abril de 1937. El agente añadió que era propagandista de esas ideas y que en las últimas elecciones «trabajó para las izquierdas para que estas sacaran mayoría». Además de considerarla «muy significada en dicha propaganda», el guardia civil subrayaba que era esposa de quien había sido vicepresidente de la Comisión Gestora del Frente Popular de Jimena y médico titular de la villa, Guillermo Ortega Durán, a quien el autor del informe trataba de denigrar al calificarlo «de filiación marxista, masón y rojo», además de «responsable de todo lo ocurrido en esta localidad durante el dominio de los rojos» (1), sin especificar a qué aspectos concretos se refería.
Así pues, la base sobre la que se emprendió la depuración de esta docente consistía en la aberración jurídica en la que incurrieron los franquistas de considerar delictivas con carácter retroactivo actividades que eran legales antes de la sublevación: la defensa de unas ideas democráticas y su participación en el proceso electoral del 16 de febrero de 1936, cuyos resultados dieron el triunfo al Frente Popular. En este caso, además, el dislate era hacer extensiva a ella la actividad política que desarrolló su marido en la época anterior al golpe militar, legal hasta entonces pero vista a posteriori como ilegal por los propios golpistas.
Estos eran los motivos por los que el presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de esta provincia, Agustín Lahuerta, puso en marcha el expediente contra Concepción Terrones, quien, nacida en 1896 en Baza (Granada), había iniciado su trayectoria como maestra en Jimena en 1917. Al titular de la Comisión Depuradora, no obstante, no le fue útil para su propósito el informe del párroco de Jimena, quien expresó: «A causa del poco tiempo que llevo en esta parroquia no puedo informar en conciencia del personal que se cita en su relación ya que no lo conozco por el mucho tiempo que están fuera de esta» (2). En concreto, la maestra, conocida como doña Pura, logró huir de Jimena, junto a su familia, y pudo escapar de los sublevados (3).
Basándose en el mencionado informe del guardia civil, la Comisión Depuradora se reunió el 27 de julio de 1937 en Cádiz y acordó proponer «la destitución y baja en el escalafón» de Concepción Terrones Villanueva (4). A tenor de esta propuesta, la Comisión de Cultura y Enseñanza, con sede en Burgos y presidida por José María Pemán, le impuso el 14 de octubre la «separación definitiva» del magisterio (5). Esta sanción se publicó el 18 de octubre en el Boletín Oficial del Estado del gobierno rebelde.
Ente tanto, ella había emprendido un periplo por zona gubernamental, de Málaga a Alicante, y luego en el exilio, de Marsella a Tánger y de ahí a Casablanca, hasta que, una vez terminada la guerra, regresó a España, instalándose en noviembre de 1940 en el Barrio de la Vega, en el término de Monachil, en la provincia de Granada. Ella misma relató su periplo en una instancia que dirigió el 25 de noviembre de 1940 al director general de Primera Enseñanza, en la que solicitó su reintegro en la enseñanza:
«El 18 de julio de 1936 desempeñaba el cargo de maestra nacional en propiedad, de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz, viéndose en la necesidad de ausentarse de dicho pueblo para, en unión de sus hijos, seguir a su marido destinado en Alicante, donde la que suscribe continuó desempeñando su función docente hasta el mes de agosto de 1937, en que pudo marchar a Tánger con la intención de pasar a Ceuta (zona nacional) (…), sin que le fuera factible realizar este cambio de zona por imposibilidad económica. Después, llamada por su marido y obligada por las circunstancias, tuvo que marchar con sus cuatro hijos a Casablanca, donde ha permanecido hasta que pudo conseguir volver a España» (6).
En esta instancia, la maestra pedía a las autoridades educativas franquistas que incoaran el expediente que le permitiera presentar su pliego de descargos con el fin de solicitar su vuelta al magisterio. En consecuencia, la Comisión Depuradora D de Cádiz volvió a recabar los informes pertinentes para la revisión del expediente de depuración. El 14 de marzo de 1941, José María Barreiro Barragán, que había estado destinado en la parroquia de Santa María Coronada de Jimena en los años 1924 y 1925, dijo que conoció en aquellas fechas a Concepción Terrones y que no oyó «nada en contrario que pudiese perjudicar su buena conducta, en sentido antirreligioso o antipatriótico» (7). El inspector jefe de 1ª enseñanza de la provincia de Cádiz, Antonio Guiraum Martín, presentó el 25 de marzo un informe muy favorable para la docente:
«Concepción Terrones Villanueva, maestra que fue durante los años 1934-1935 y 1936 (…) de la Escuela Nacional de niñas nº 1 de Jimena de la Frontera (en régimen graduado), desempeñó su cargo a satisfacción de esta Inspección, habiendo recibido una felicitación de la misma por su actuación y labor pedagógica realizada, tanto al frente del 1º grado como del 2º de la citada escuela, y no habiendo hecho propaganda marxista alguna, ni nada en contra de los principios religiosos, morales y políticos que encarnan el régimen actual» (8).
Al expediente se unieron varios testimonio exculpatorios más, recabados por la propia docente. El juez y el secretario del juzgado municipal de Jimena, Francisco Fajardo y Rafael Rodríguez, respectivamente, certificaron al unísono lo siguiente: «Conocemos perfectamente a Concepción Terrones Villanueva, casada, maestra nacional que fue de esta ciudad, y nos consta que dicha señora, durante su permanencia en esta ciudad, observó siempre una conducta intachable, tanto moral, profesional como político-social». Mariana Ruiz Vallecillo, inspectora de 1ª enseñanza de Valencia y secretaria de la Comisión Depuradora, manifestó que Concepción Terrones «apenas terminó su carrera colaboró en la institución teresiana (internado de Jaén) como profesora, dando muestras de su competencia y de su buena formación moral y religiosa; que más tarde se colocó como maestra nacional, distinguiéndose siempre por su vocación decidida y su entrega a la tarea educativa (formación moral y religiosa) de sus alumnas, gozando de la estima y cariño de todas ellas, como he podido comprobar por mí misma y por personas que me merecen entero crédito». Añadió que coincidió con ella en 1937 en Valencia, donde «favorecía moral moral y materialmente a los perseguidos», como así se consideraba la propia inspectora, y reconoció que les proporcionaba «alimentos y cuando podía para aliviar nuestra situación». El ingeniero jefe del departamento de Guadiaro de la Compañía Sevillana de Electricidad de la Estación de Gaucín, Alberto Braem Verry, afirmó que esta maestra nacional de Jimena «ejerció su cargo a plena satisfacción de todo el vecindario, por su moralidad y buenas costumbres».
El testimonio de José Castro Navarro, comandante de puesto de Jimena en 1941, fue muy diferente del que había presentado su antecesor de 1937 y que había dado pie al expediente de depuración que terminó con la separación de la docente del magisterio. Castro dijo que Terrones «observó durante su permanencia en esta ciudad una intachable conducta y moral, tanto en público como en privado». Bernardo Periñán, alcalde franquista y jefe local de Falange, también dijo que «observó una conducta pública, privada, profesional y religiosa intachable». El corresponsal del Banco Español de Crédito y del Hispano Americano en Jimena, José Castilla Ramos, expresó asimismo que «observó siempre buena conducta tanto moral como profesionalmente». Virtudes Ruiz Ramírez, que había sido maestra auxiliar en la misma escuela en la que impartía Concepción Terrones, dijo que demostró sus convicciones religiosas «con su ayuda pecuniaria para limosnas, contribuyendo a los cultos, a las procesiones y a la reparación del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, llevando su celo hasta ser madrina de muchos niños nacidos en los barrios pobres y esto en tiempo de la República y vistiendo a sus ahijados puramente a sus expensas, para lo cual hizo varios viajes a Algeciras y Cádiz, en algunos de los cuales –afirmó– yo la acompañé, pudiendo ver como ejercía la santa caridad a manos llenas». Virtudes Ruiz, que cuando hizo estas manifestaciones, en 1941, era maestra de la escuela de niñas nº 1 de Los Barrios, añadió que Concepción Terrones «como maestra ha sido siempre un modelo de rectitud, esmerándose en sacar discípulas buenas», y que «ha prestado siempre al pobre, al perseguido, al preso cuanto ha podido para hacerles más llevadera su triste situación». Quien en 1941 ejercía de presbítero de la parroquia de la Santa Misericordia de Jimena, Francisco Pérez Barahona, abundó en que era «persona de buena conducta moral y religiosa, celosa en el cumplimiento de su cargo». Por su parte, el inspector de 1ª enseñanza de la provincia de Cádiz, José Morales García, certificó que «durante varios años hasta 1930» había «visitado las escuelas nacionales de Jimena, donde prestaba sus servicios como maestra nacional propietaria Concepción Terrones Villanueva, quedando satisfecho del estado en que se encontraba la enseñanza y observando que la citada maestra era respetuosa y cumplidora de los preceptos legales vigentes en aquella época de los últimos tiempos de la monarquía» (9).
Con estos testimonios favorables, Concepción Terrones dirigió el 19 de mayo de 1941 una instancia desde su residencia en el Barrio de la Vega de Monachil (Granada) al director general de Educación Nacional. Detalló de nuevo su periplo tras salir de Jimena con motivo del golpe militar contra la República, y justificó el hecho de que se hubiera visto obligada durante su exilio a desplazarse de la ciudad internacional de Tánger a Casablanca: «Por dificultades económicas y enfermedad» de dos de sus hijos, «tuvo que marchar a Casablanca, donde únicamente existían los medios eléctricos para su curación apropiados, y allí permaneció alejada de toda actividad profesional hasta que pudo recibir ayuda familiar para trasladarse, como tanto deseaba, as su patria en octubre de 1940». Apenas llegó, se presentó a las autoridades franquistas de Cádiz, y formuló una solicitud al Ministerio de Educación Nacional en la que pedía la revisión de su expediente de depuración. La maestra se dirigía al director general para decirle que estaba «extrañada» de que no se recibiera «orden alguna en la Comisión Depuradora de Cádiz para la revisión de su expediente, después de los meses transcurridos», y mostraba su preocupación «por si hubiese sufrido extravío la anterior documentación». Terrones solicitaba a este cargo del Ministerio que diera «las órdenes oportunas para que, por quien corresponda, se revise su expediente de depuración profesional, de acuerdo con la ley de 10 de febrero y orden de 19 de marzo de 1939 y se le levante su incursión en el artículo 171 de la ley, que motivó su separación del servicio, por ser así de justicia, dadas las circunstancias que concurren en la interesada, que podrá probar oportunamente». También pedía que se dieran las órdenes necesarias al habilitado y la sección administrativa de 1ª enseñanza de Cádiz para su inclusión en nómina desde la fecha en que se presentó, «si quiera sea con el 50% de sus haberes, hasta tanto se ultime la tramitación de su expediente» (10).
Al tramitarse al revisión de su expediente, la Comisión Depuradora D de Cádiz formuló el 27 de junio de 1941 un pliego de cargos contra la maestra de Jimena, en el que las «acusaciones» que volvían a pesar sobre ella eran las ya sabidas: que había profesado «ideas de izquierdas» y había sido «propagandista de las mismas», así como que se había «significado mucho en las últimas elecciones del Frente Popular, procurando el triunfo de sus candidaturas», y que había «huido de Jimena el día de ser ocupada por las tropas del ejército nacional». En su descargo, tras negar su condición de izquierdista –confesión obligada en la dictadura si deseaba reintegrarse en el magisterio–, expresó por escrito el 9 de julio de 1941 los siguientes argumentos para solicitar su reintegración en el «servicio activo de la enseñanza», para lo que decía que sentía «verdadera vocación y entusiasmo»:
«Jamás sentí afición a las luchas políticas, ni siquiera intervenía en las menudas cuestiones locales, porque el cuidado de mi casa y de mis hijos (he tenido seis) absorbían por completo el tiempo que me dejaba libre la escuela. ¿Cómo se comprende que me dedicase a ser propagandista política, cuando esto exige preparación y tiempo que a mí me faltaban en absoluto? ¿O es tal vez que mis adversarios llaman propaganda izquierdista a las obras de caridad y celo que, siguiendo el consejo evangélico, practicaba con el prójimo más necesitado, sin averiguar su ideología?».
[He de] «lamentar muy sinceramente que, a pesar del tiempo transcurrido, no se hayan serenado los ánimos para ver y sentir con claridad y verdad lo que es y lo que no es con respecto a conductas y procederes ajenos. Repito (…) mi carencia de entusiasmo por las cuestiones políticas de aquella época en que me dedicaba de lleno a la crianza de mis hijos y a los problemas escolares y domésticos, que consumían mi tiempo y energías por completo».
«Tampoco es cierto que huyera de Jimena el día en que fue ocupada por las tropas del glorioso ejército nacional; pero esto no lo podré demostrar en el plazo fijado sino acudir al testimonio de personas (…) que podrán recordar que la población fue liberada el día 29 de septiembre del año 1936, y yo me ausenté de allí como mis hijos para que pudiesen tomar baños de playa en Málaga (donde tenía algunos familiares), a primeros de dichos meses, llevándome solo lo necesario para una temporada de baños y dejándome en Jimena casi todo mi ajuar y el de mis hijos y cosas de relativo valor que podía haber salvado si hubiera premeditado dicho viaje en plan de huida como se afirma. Allí tuve noticias de la liberación de Jimena y poco después tuve que salir para Alicante porque mi hija pequeña enfermó de bronconeumonía y con los frecuentes bombardeos, salidas de casa por la noche, etc. no podíamos seguir el plan curativo necesario para la enfermita» (11).
La Comisión Depuradora D de Cádiz indagó sobre la actuación de Concepción Terrones en territorio gubernamental durante la guerra. El servicio de información e investigación de Falange de Alicante ofreció el 26 de julio de 1941 el dato de que «esta señora vino a esta capital en 1936 acompañada de su esposo, teniente de sanidad, ejerciendo en una escuela hasta 1937, en que se ausentó de ésta, considerándola apolítica y persona de orden». Tres días después, el comisario jefe de la comisaría de investigación y vigilancia de Alicante certificó que tras llegar a esta ciudad procedente de Málaga estuvo destinada en una escuela que estaba ubicada en la calle Guzmán y que «durante el tiempo que desempeñó su destino no se le observó que se mezclara en política ni en asuntos sociales, dedicándose exclusivamente a la enseñanza y al cuidado de sus cinco hijos menores de edad, estando conceptuada como persona competente en su profesión y de una moralidad ejemplar, habiendo observado buena conducta».
Con todos estos antecedentes, la Comisión Depuradora D de Cádiz se reunió el 27 de agosto de 1941, y consideró que «repasados los informes que sirvieron de base para la propuesta de separación primera, se ve que principalmente tienden a formular acusaciones concretas y terminantes contra el esposo de dicha maestra», y que «la lectura de las declaraciones aportadas en su descargo, junto con los testimonios escritos que presentó, atenúan mucho en su responsabilidad en lo que pudiesen estimarse presuntas culpabilidades». Además, la Comisión valoró que se hubiera quedado al cuidado de sus hijos menores cuando regresó a España, mientras su marido continuaba en el extranjero, y estimó que había «expiado con exceso la parte de responsabilidad que pudiera caberle, considerándola suficientemente sancionada». En conclusión, propuso «la reintegración a su cargo y a la escuela que estaba desempeñando». El presidente de la Comisión Revisora del Magisterio de Cádiz y director del instituto de Enseñanza Media de esta capital, Agustín Lahuerta, elevó el 30 de agosto esta propuesta a la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación Nacional. Este organismo dictaminó el 3 de octubre una «sanción precautoria», pese a los informes favorables y a la sugerencia de su reintegración en el magisterio formulada por la comisión gaditana. Se basó para ello en «el hecho de haber abandonado, siquiera eleve ella verosímiles explicaciones, la zona nacional y su retraso en reintegrarse, así como su consideración de esposa de un cabecilla rojo ausente de la patria». En consecuencia, declaró revisado definitivamente el expediente de depuración de Concepción Terrones y le impuso como sanción «la inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza» (12). El Ministerio resolvió definitivamente el expediente con dicha sanción el 10 de octubre de 1941, y unos días más tarde, el 28 de octubre, el jefe de la sección administrativa de Primera Enseñanza de Cádiz remitió al alcalde de Jimena un oficio en el que le trasladaba otro del jefe de la oficina de Depuración del Magisterio en el que disponía el reintegro de Concepción Terrones al cargo que desempeñaba en la escuela nº 2 de Jimena.
No obstante, no cesaron los obstáculos para la reincorporación de esta maestra a su colegio en esta localidad. El gobernador civil dirigió un telegrama al Ministerio y al alcalde en el que decía que el vecindario de Jimena solicitaba que quedara sin efecto el nombramiento de esta maestra, «esposa del que fue dirigente rojo de dicha localidad, donde marxistas cometieron asesinatos, por evidente incompatibilidad, encareciéndole sea destinada a otro punto». Este telegrama tuvo su efecto, y el 4 de noviembre de 1941 el alcalde de Jimena comunicó al jefe de la sección administrativa de Primera Enseñanza de Cádiz que la docente no había podido tomar posesión de su puesto por habérselo impedido un telegrama del gobernador civil. La propia maestra relató así como se sucedieron los acontecimientos:
«Advertida de este telegrama por el alcalde cuando fui a tomar posesión, visité al gobernador civil, quien me dio conocimiento de haberse presentado una denuncia contra mí, pero al estudiar el origen de dicha denuncia y comprender que era movida por un interés particular, el gobernador civil ofició al alcalde ordenándole que me diese posesión de la escuela nº 2 de Jimena de la Frontera, como así hice en 8 de noviembre de 1941, desempeñando dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 1943.
Pero el gobernador civil de Cádiz, al mismo tiempo que envió al alcalde Jimena el telegrama que impidió de momento que fuese reintegrada en mi escuela, cursó otro telegrama al Ministerio de Educación Nacional, y si bien el telegrama al alcalde fue anulado por el oficio del gobernador a que acabo de aludir, el telegrama al Ministerio siguió su curso y con gran sorpresa mía vi interrumpida mi labor en el pueblo donde llevaba más de veinte años con un traslado forzoso a San Martín del Tesorillo como maestra provisional».
Su expulsión de Jimena se corroboró con una orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria fechada el 24 de junio de 1944 por la que era nombrada con carácter definitivo para el desempeño de la escuela nº 3 de Los Corrales, en la provincia de Sevilla. La docente continuó así su relato de los hechos:
«Esta orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria concuerda y confirma la sanción recaída sobre mi expediente de depuración con motivo de la denuncia aludida, en la cual, al parecer, se hablaba incluso de “alteraciones de orden público” si seguía desempeñando el cargo de maestra de Jimena. Creo estar demostrada hasta la evidencia la falsedad y mala fe de tan citada denuncia por el hecho de haber regido la escuela de Jimena durante más de dos años en completo acuerdo con el vecindario y sin que se presentaran jamás los disturbios malévolamente anunciados, como se demuestra con los avales que presento y que son no solo certificaciones de mi conducta –que nunca ha podido estar en entredicho– sino demostración de la perfecta armonía social y hasta afectuosa en que he estado con mis convecinos de siempre».
El tenor del telegrama del gobernador no se correspondía con lo que manifestó el inspector de Enseñanza Primaria de la provincia de Cádiz, José Morales García, quien certificó que «durante la visita ordinaria de inspección girada a las escuelas nacionales de Jimena de la Frontera en 1941» pudo «apreciar la gran satisfacción que en el pueblo había producido el regreso de la maestra nacional Concepción Terrones Villanueva», impresiones que manifesté «a las autoridades locales y que eran reflejo fiel de la gran labor pedagógica que al frente de su escuela había realizado esta culta maestra». Lo mismo opinaba el secretario del Juzgado de Jimena, Rafael Rodríguez Torres, quien certificó que «ejerció con toda moralidad e intachable conducta». También el párroco de Santa María La Coronada, José Mena Bonilla, corroboró su «conducta intachable en los sentidos profesional, religioso y moral». El propio alcalde, Pedro Quirós Piñero, aseveró que había mostrado una «conducta intachable» y que los familiares de los niños que asistieron a sus clases habían quedado «muy satisfechos», por lo que habían «sentido de veras su traslado». Es más, la inspectora de enseñanza primaria Teresa Izquierdo puso de manifiesto en el acta de la visita que giró a la escuela nº 2 de Jimena el 15 de diciembre de 1942 –que el alcalde recuperó más adelante para avalar a la docente– que los resultados de su labor habían sido «satisfactorios» porque hacía «desaparecer el puro formalismo, dando ideas claras, enderezando sentimientos para crear en la alumna una conciencia recta», por lo que consideraba que era «maestra que trabaja y hace que la escuela nacional cumpla su cometido» (13).
Concepción Terrones rebatió también las descalificaciones que pesaban sobre su esposo, Guillermo Ortega:
«Si la imputación grave que hay en mi expediente es la de haber seguido a mi marido mientras pude, confieso haber obrado así de acuerdo con mi conciencia y aún ahora mismo en que, a causa de las difíciles circunstancias mundiales y seguramente contra su voluntad, me veo abandonada de él, procuro como antes mantener su prestigio intacto ante mis hijos».
Asimismo, denunció la incautación de su vivienda familiar de Jimena y argumentó ante el jefe de la oficina de Depuración del Magisterio la necesidad vital que tenía de regresar a este pueblo:
«Los serios trastornos económicos que me han producido los dos traslados a que me he visto forzada, agravados por la ocupación de una casa de mi propiedad en el pueblo de Jimena, por la cual no recibo alquiler alguno a pesar de las disposiciones vigentes en contrario, han hecho angustiosa mi vida. Y más aún por la triste circunstancia de padecer una fibriomioma uterino, siéndome preciso tratamiento radioterápico que naturalmente no puedo tener en el sitio de mi destino, por ser Los Corrales un pueblo enormemente alejado de la capital más próxima y sin medios de comunicación. Si la sanción originada por la injusta denuncia me fuese levantada, podría trasladarme a la provincia de Cádiz, donde tengo mi pequeño patrimonio, rehacer en lo posible mi vida y la de mis hijos y atender mi curación.
Estas son algunas de las razones en que me apoyo para rogar confiadamente a VS se sirva ordenar la revisión de mi expediente de depuración por entender que en él ha persistido el error que el gobernador civil corrigió en su oficio de anulación del telegrama al alcalde de Jimena, pero que permitió siguiera su curso en el Ministerio de Educación Nacional, a donde cursó otro telegrama análogo que no fue desvirtuado a su debido tiempo» (14).
Esta instancia de la maestra surtió efecto, y el 5 de marzo de 1946, el juez titular del Juzgado Superior de Revisiones de Madrid elevó al Ministerio de Educación su propuesta de que se declarase «definitivamente revisado el expediente de depuración instruido contra Concepción Terrones Villanueva anulándose la orden ministerial que le impuso el traslado fuera de la provincia e imponiendo como única sanción la inhabilitación para cargo directivo y de confianza». La Dirección General se mostró conforme con esta propuesta (15).
Concepción Terrones permaneció en su «destierro» en Los Corrales hasta el curso 1945-1946. Al curso siguiente, 1946-1947, fue trasladada a una escuela de Algeciras. Su marido, Guillermo Ortega, falleció en el exilio, en Venezuela, en 1949. Ella falleció en Algeciras en 1979, a los 83 años de edad (16).
Notas
(1) El proceso de depuración de la maestra Concepción Terrones Villanueva, en Archivo Central de Educación, Alcalá de Henares, leg. 97, exp. 1669; Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499 y caja 83715, exp. 3821. Sobre el esposo de esta docente, véase Trillo Huertas, Juan Ignacio: «El médico del compromiso: Guillermo Ortega Durán (1889-1949)», Memorias antropológicas sobre la sanidad campogibraltareña (1910-1960). Cádiz, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, 2023, págs. 325-343. Sobre la actuación de Guillermo Ortega como vicepresidente de la Gestora, véase: Sígler Silvera, Fernando: El Frente Popular. Jimena de la Frontera, febrero-julio 1936. Cádiz, Asociación Casa de la Memoria-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, 2024.
(2) Certificado del secretario de la Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Cádiz y su provincia, Juan Reina Castrillón, en el que recoge el informe del párroco de Jimena, 22/7/1937. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(3) Trillo Huertas, Juan Ignacio: «Concepción Terrones Villanueva, doña Pura (1896-1979)», en Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX. Cádiz, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar-Diputación de Cádiz, 2023, págs. 117-170.
(4) Certificado del secretario de la Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Cádiz y su provincia, Juan Reina Castrillón, de 29/7/1937, en el que recoge el acuerdo insertado en el acta de este organismo del día 27. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(5) Resolución firmada por el vicepresidente del organismo, Enrique Suñer. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499. Ese mismo día también fueron separados definitivamente del magisterio Demetrio Molina Goya, de Jerez de la Frontera; Cesáreo Moliner Villagrosa, Juan Pérez Creus, José Rodríguez Vargas, Paulina Solano Aguilera y Rosa Tatay Saenz, de La Línea, y Manuel Pimente! López, de Algodonales. Boletín Oficial del Estado,-nº 363, Burgos 18/10/1937, pág. 3900.
(6) Instancia de Concepción Terrones Villanueva a director general de Primera Enseñanza, Barrio de la Vega (Granada), 25/11/1940. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(7) Certificado de José María Barreiro Barragán, cura propio de la parroquia de San Sebastián de Chiclana, 14/3/1941. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(8) Certificado del inspector jefe de 1ª enseñanza de la provincia de Cádiz, Antonio Guiraum Martín, 25/3/1941. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(9) Todos estos testimonios y certificados están recogidos en un documento mecanografiado con la anotación manuscrita final de que están compulsados y concuerdan con los originales, firmada por el inspector jefe de 1ª enseñanza de la provincia de Cádiz, Antonio Guiraum, 27/3/1941. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(10) Instancia de Concepción Terrones a director general de Educación Nacional, 19/5/1941. Unos días después, el 26 de mayo, el jefe del negociado el Ministerio trasladó la instancia a dicho director general. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(11) Pliego de descargos de Concepción Terrones Villanueva, 9/7/1941. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(12) Certificado de la Comisión Revisora del Magisterio de Cádiz, 29/8/1941; oficio del presidente de la comisión revisora del Magisterio de Cádiz, Agustín Lahuerta, a presidente de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación Nacional, 30/8/1941; escrito del vocal ponente de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación Nacional, 3/10/1941. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499 y Archivo Central de Educación, Alcalá de Henares, leg. 97, exp. 1669.
(13) Telegrama del gobernador civil, 4/11/1941; certificado de Rafael Rodríguez Torres, secretario del Juzgado comarcal de Jimena, 15/2/1946; certificado de José Morales García, inspector de Enseñanza Primaria de la provincia de Cádiz, 15/2/1946 ; certificado del párroco de Santa María La Coronada, José Mena Bonilla, 16/2/1946; acta de inspección de la inspectora de enseñanza primaria Teresa Izquierdo, 15/12/1942, compulsada por el alcalde, 18/2/1946; instancia de Concepción Terrones Villanueva a jefe de la oficina de Depuración del Magisterio, 22/2/1946. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499.
(14) Instancia de Concepción Terrones Villanueva a jefe de la oficina de Depuración del Magisterio, Los Corrales, 22/2/1946; certificado médico, Cádiz, 15/1/1946. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caja 83710, exp. 499./
(15) Oficio del juez de revisiones, Madrid, 5/3/1946, y conformidad de la Dirección General. Archivo Central de Educación, Alcalá de Henares, leg. 97, exp. 1669.
(16) Trillo Huertas, Juan Ignacio: «Concepción Terrones Villanueva, doña Pura (1896-1979)», en Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX. Cádiz, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar-Diputación de Cádiz, 2023, págs. 162 y 169.
[Este artículo corresponde al proyecto de investigación “La depuración del magisterio de la provincia de Cádiz durante la dictadura franquista“, que desarrolla la Asociación Casa de la Memoria, con subvención de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, 2024].