José Mamano Oliver y Rosa Tatay Sáez, matrimonio de docentes depurados en La Línea de la Concepción

1.- Proceso de depuración
Dadas las similitudes en el proceso de José Mamano Oliver y Rosa Tatay Sáez, ambos docentes, puesto que eran marido y mujer, se ha visto conveniente hacer las dos microbiografías de forma conjunta, aunque se especificarán los datos en los que no exista coincidencia.
En esta ocasión tenemos por delante dos gruesos expedientes, pero que figuran en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares con un mismo nº de registro: AGA 32/13339. En el mismo complejo, pero esta vez en el Archivo Central de Educación, se han localizado las resoluciones al proceso de rehabilitación de ambos, que se encuentran en la caja 83716, y los expedientes 4554, para José y 4555, para Rosa.
Tratar de reconstruir cómo vivieron la depuración y las consecuencias que pudo tener para la familia Mamano Tatay es complicado, pero hay una línea de actuaciones que, por su repetición, marca el desarrollo profesional de los docentes, y siguiendo sus escritos, también es fácil suponer aspectos vivenciales.
El 24 de febrero de 1937 es la fecha de los primeros documentos, procedentes del cura de la parroquia de la Inmaculada, que redacta los certificados a petición de la Junta Revisora del Magisterio de esta provincia (Cádiz). De Rosa dice que “es un elemento de ideas izquierdistas” y, de José, que “fue defensor del Frente Popular, según referencias”. Igualmente, asegura que han huido y se encuentran desaparecidos de la ciudad. Este argumento, al parecer, era de peso, ya que implicaba que quienes huían lo hacían porque eran contrarios a los rebeldes y no querían someterse a la nueva autoridad, o incluso tenían algo que ocultar, en ese mundo paranoico que se abrió camino en España a partir del 18 de julio de 1936.
Los días 4 y 5 de junio, ya desde la Comisión D) Depuradora del Magisterio Nacional Primario de Cádiz y su Provincia, será Juan Reina Castrillón, en calidad de secretario de la misma, quien prepare la documentación para la depuración, encargándose también, de remitir todo el expediente a Burgos. Junto al certificado anteriormente mencionado, añade los informes desde la Alcaldía, la Guardia Civil y dos padres de familia, Maximiliano Ramírez y Leopoldo Pérez. Como novedad aportan que ambos -Rosa y José- asistieron a una comisión de maestros a esperar a Marcelino Domingo (1) y que son laicos. Identifican a José como militante de “Izquierda Republicana, de lo que hacía mucho alarde, habiendo trabajado en las elecciones para el Frente Popular”, así como que “frecuentaba la Casa de la República”.
Como vemos habitualmente, los cargos suelen ser siempre los mismo, llegando a repetirse frases y expresiones de forma exacta, ya que, en la mayoría de los casos, los maestros eran personas anónimas, que desempeñaban sus funciones docentes en ciudades y pueblos a los que les había llevado el concurso de traslados, por lo que, con frecuencia provenían de otras zonas, no existiendo, pues, un arraigo especial; hacían su vida familiar y, seguramente, vivirían aquellos momentos de grandes cambios en la sociedad española, con mayor o menor entusiasmo, teniendo en cuenta que la enseñanza había sido uno de los pilares reformadores de la IIª República y que, por tanto, estarían inmersos en un período, cuando menos expectante, incluso ilusionante para quienes reclamaban atención a la educación.
También nos llama la atención que, en algunas poblaciones de mayor tamaño, como lo era en aquellos años La Línea, algunos de los que emitían los informes, ni siquiera conocían a los docentes. Los curas, por ejemplo, sólo tenían conocimiento de sus feligreses, si los maestros, gracias a las libertades recogidas en la Constitución de 1931, no practicaban ningún tipo de rituales religiosos, no podían saber nada más que no los veían por las iglesias. De ahí que, en el caso que nos ocupa, el sacerdote de La Línea reconozca que lo sabe “por referencias”. Igualmente, la figura de los padres de familia, generalmente dos jefes locales de Falange, u hombres adinerados, pequeños caciques, etc. eran personas que apenas tenían contacto con el mundo de la escuela, ya que la educación de sus propios hijos, si estaban en edad escolar, solía recaer en las madres de los mismos.

Nos llama la atención cómo en la parroquia de la Inmaculada, en La Línea, han tenido a bien aliviarse del trabajo de los informes sobre los docentes, mediante la realización de una plantilla a máquina, para rellenar con el nombre y los datos de la persona requerida, que ya se hacía a mano. Letra que, por otro lado, no coincide con la del firmante, el párroco, que quizá se limitaba a firmar el documento, en calidad de sacerdote. Se trata de Juan Rodríguez Cantizano.

En definitiva, se trataba de darle un aspecto de verosimilitud a algo que carecía de sentido, salvo en el ideario totalitario de los insurgentes. De ahí que, en la mayoría de los procesos para la revisión, las y los docentes depurados, tuvieran que echar mano de los testimonios de personas con un perfil parecido del de quienes los habían acusado.
De forma inmediata, en el caso de José, Desde la Comisión Provincial se redacta un escrito en el que se especifica que “en el acta del día 18 (¿mayo?) existe un acuerdo en el que en el expediente nº 67 (…) se propone su destitución y baja en el escalafón”. Entre la documentación de Rosa, lo que aparece ya es el escrito de la Junta Técnica del Estado que, a fecha del 14 de octubre de 1937, resuelve su “separación definitiva del servicio”.
Conviene recordar que los docentes disponían de 10 días para presentar reclamación y alegaciones contra estos acuerdos, algo del todo imposible para una mayoría que, bien estaban fuera de las provincias donde ejercían; bien, debido a la situación de guerra, no recibían notificaciones y, desde luego, no podían hacer desplazamientos ni trámites algunos.

La cuestión es que el 20 de septiembre de 1937, en una escueta nota de la Comisión de Cultura y Enseñanza, se “estima que procede imponerle la sanción de separación definitiva del magisterio”, una vez visto su expediente. Un documento firmado por Mariano Puigdollers (2), jefe de la mencionada comisión y por Enrique Suñer, vicepresidente de la misma, de la que, como ya sabemos, era presidente el gaditano José María Pemán.
José Mamano Oliver fue dado de baja de forma oficial, por el BOE nº 349 de 4 de octubre de 1937, en los siguientes términos:

“Excmo, Sr.: Vistos los expedientes seguidos a los Maestros que figuran en la relación que se inserta al fin y a tenor de lo puesto en el Decreto número 66 y Órdenes de 10 de noviembre y 17 de febrero últimos, he resuelto que dichos Maestros sean separados definitivamente del Magisterio Nacional de primera enseñanza.
Dios guarde a V. S. muchos años. Burgos 25 de septiembre de 1937. II Año Triunfal. P. D., Enrique Suñer”.

La Orden por la que Rosa, junto a una treintena de docentes, en buena medida, de la provincia de Cádiz, “queda separada del Magisterio e inhabilitada para ejercer cargos en relación con la enseñanza oficial”, está firmada en Burgos, el 14 de octubre de 1937 (BOE, nº 363).

2.- Proceso de reclamación
Sin embargo, Rosa y José tardaron unos 12 años en iniciar el proceso de reclamación, sin que sepamos los motivos de la tardanza a través de la documentación consultada. Hay que tener en cuenta que, en 1937, cuando fueron separados del servicio, eran personas ya con una cierta edad, estando ambos en la cuarentena y al final de la cincuentena, cuando tratan de recuperar sus puestos, es decir, que debían tener hijos adultos. Esto nos lleva a pensar que tal vez tuvieran motivos importantes para ello y lo único que hemos localizado es la posibilidad de que no iniciaran procesos relacionados con la justicia y los tribunales, mientras no concluyesen los de sus propios hijos. En El Boletín Oficial del Instituto de Carabineros (3), órgano controlado por el gobierno, en el nº 49 de 1938, página 675, encontramos el nombramiento en el cuerpo de José Mamano Tatay, a todas luces uno de los hijos de los que ellos hablan en sus escritos. Tenían, por tanto, al primogénito al servicio de la República, como militar.

También la hija de ambos, Rosa Mamano Tatay, tiene un expediente en el Fichero General de la sección político-social del Centro Documental de la Memoria Democrática de Salamanca, registrado como fichero 38, ficha M0014999, apareciendo, igualmente, su nombre en el portal de víctimas, sin que, por el momento, nos haya sido suministrada la documentación requerida al respecto.
Otro aspecto que quizá hay que tener en cuenta es que el trabajo iniciado en las Comisiones de Depuración Provinciales, pasó a ser competencia del Juzgado Superior de Revisiones, creado expresamente para esta tarea en 1942 (Marín y Moreno 2015). La Orden de 30 de enero, dejó extinta la Comisión Dictaminadora de expedientes de depuración y se instituyó un juez para esas revisiones. De esta manera, Tatay y Mamano tenían mayor facilidad para tramitar la documentación desde Madrid, donde todo indica que tenían fijada su residencia, en lugar de tener a Cádiz como referencia. El BOE se expresa:

“ORDEN de 30 de enero de 1942 por la que se extingue la Comisión Superior Dictaminadora de expedientes de depuración y se instituye un Juez Superior de Revisiones (…) A punto de terminar la misión que fue confiada a la Comisión Superior Dictaminadora de los expediente de depuración del personal dependiente del Ministerio de Educación Nacional, procede adoptar medidas de transición que, por una parte, declaren extinguidas las funciones de la misma y, por otra, establezcan la organización a cuyo cargo deberá quedar el estudio de los recursos de revisión concentrados en respetable número durante estos últimos meses”.

No es de extrañar que este nuevo paso, aunque siga con la idea de depuración, ya no responde a los primeros objetivos, enunciados prácticamente desde 1936, en los que jugaba un principal papel las motivaciones que tenían como marco de actuación la guerra. Es decir, que, desde la creación de este Juzgado, da la impresión de que los procedimientos contra los docentes adquirieron un cierto carácter más formal y alejado del revanchismo que, en muchas ocasiones, era el que guiaba el primigenio deseo de exterminar al magisterio de la República.
La realidad es que, el matrimonio Mamano Tatay, no inició el proceso de revisión de sus expedientes de depuración hasta el 1 de febrero de 1949, cuando entregaron toda la documentación, así que, es lógico que exista un notable salto cronológico entre los primeros y escasos documentos del 37 y los siguientes. Y, por otro lado, lo que nos vamos a encontrar, como ya se ha anunciado, es un paralelismo casi absoluto, sobre todo en lo referente a las personas y entidades a las que ambos van a acudir para que les apoyen y certifiquen buena conducta y lo que el régimen exigía para ser considerados personas de bien. A nuestro entender, debieron seleccionar bien las personas o entidades a las que dirigirse, debió existir en periodo en el que se dedicaron a contactar con los mismos y, casi nos atrevemos a decir que ellos mismos suministraban el texto, puesto que existe una repetición y hasta un estilo común. No sólo era importante llevar los avales convenientes, sino que también éstos debían certificar unos comportamientos, conductas, entrega al trabajo, etc. que significaran su readmisión.
La acumulación de estos certificados, siguiendo sus fechas, evidencian que el matrimonio estuvo preparando la solicitud de la revisión de sus expedientes de depuración desde algún tiempo antes. Esto se comprueba en el escrito que es la fundamentación del proceso de recuperación de sus puestos, ya que se trata de la solicitud de la revisión de sus expedientes. Ambos la dirigen en idénticos términos al propio ministro de Educación Nacional, que en aquellos momentos era José Ibáñez Martín. En el escrito de José, se identifica como maestro nacional, con el nº 3868 en el escalafón de 1933 y de 55 años de edad; mientras que Rosa hace lo propio, apuntando que su número en el escalafón es 3714 y que cuenta con 57 años de edad. La solicitud se tramita desde el domicilio familiar, situado en Madrid, en la calle José Antonio de Armona nº 26:

“A V.E, respetuosamente expone:
Que habiendo salido de vacaciones el 15 de julio de 1936 de La Línea de la Concepción con dirección a Madrid donde le sorprendió el Glorioso Alzamiento Nacional y, ante la imposibilidad de reintegrarse a su destino y no contando con más medios económicos que los aportados por su marido, que se dedicó al comercio (lógicamente, en el escrito de José dice que “teniendo que atender a su mujer y a sus cuatro hijos, se dedicó al comercio”, algo que le ocasionó muchas dificultades) con escaso rendimiento y grandemente preocupada por esta situación, tanto durante la guerra, como en la posguerra, se le pasó inadvertido el proceso de depuración. Hoy, habiendo cumplido el servicio militar sus dos hijos varones y estando trabajando tanto éstos, como sus dos hijas en distintas actividades y encauzado el porvenir de los mismos, impulsada por su vocación y amor a la Escuela y al niño.
SUPLICA a V.E. dé las órdenes oportunas para la revisión de su expediente de depuración, por lo que acompaña los adjuntos certificados, que demuestran su buena actuación desde antes del expresado Glorioso Alzamiento Nacional.
Gracia que espera merecer de la bondad de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años para bien de España”.

Estos documentos van con registro de entrada para dejar constancia de que se han tramitado. La referencia a la mili de sus hijos, nos hace pensar que, al menos José, que lo hemos visto en el cuerpo de los Carabineros, debió hacer la conocida como “mili de Franco”, una vez concluido el conflicto y, no parece aventurado apuntar a que lo hiciera en algún campo de prisioneros. (Se ha solicitado su expediente al Archivo General Militar de Guadalajara).
Otro instrumento empleado en estos procesos para solicitar la revisión y lograr ser nuevamente incorporados al ejercicio del magisterio era la Declaración Jurada. Ésta se adaptaba a un formato ya preestablecido para los docentes que se rellenaba y se juraba por Dios y por su Honor, aceptando la responsabilidad en la que incurriese por el fuero de guerra, sin falta a la verdad. Una vez identificada la persona, en ambos casos, José y Rosa, niegan haber desempeñado cargos desde el inicio de la guerra, así como haber percibido sueldos. Igualmente, niegan pertenecer o haber pertenecido a la masonería ni a ningún partido político, así como a las milicias populares ni haber llevado a cabo trabajos relacionados con la guerra. También parece interesar a las nuevas autoridades, saber si, una vez iniciada la guerra, pertenecieron a algún comité que significara que continuaban su vinculación con el modelo pedagógico de la IIª República, o saber si habían abandonado el Madrid rojo o salieron de él con alguna misión, o que residieran en el extranjero. A todo responden negativamente y, respecto a qué autoridad y cuándo se presentaron, reconocen hacerlo ahora. Este podría ser un factor bastante negativo, puesto que han pasado cerca de 10 años desde el final de la guerra y casi 12 desde que los depuraron. En el apartado en el que se les pide qué testigos pueden confirmar la veracidad de sus afirmaciones, presentan a los siguientes:

• Francisco Rodríguez Calvo, el presbítero de S. Ramón, en Madrid.
• Carmelo Toral Azcona (4), comerciante.
• Ángel Maroto López, presentado como Jefe de Casa.

Es decir, ambos utilizan los mismos testigos y rellenan el formulario con idénticas respuestas, evitando hacer declaraciones largas que les puedan comprometer si se hacen más averiguaciones, respondiendo escuetamente con un “no” o un “ninguno”.
No obstante, a instancias de los mecanismos depuradores, concretamente, del Juzgado Superior de Revisiones, van a presentar una ampliación de la declaración jurada, firmada el 12 de febrero de 1949. En ella deben pormenorizar el devenir en Madrid, una vez llegados a la capital y posterior al alzamiento, exponiendo que vivieron en casa de Salvador Tatay, hermano de Rosa, hasta el 31 de enero de 1940, que se trasladaron al “cuarto 1º izquierda de la casa nº 36 del Paseo de Santa María de la Cabeza, de donde pasaron al nº 26 de José Antonio de Armona”, lugar donde mantienen la residencia. Igualmente, les solicitan una hoja de servicios y un certificado de penales.
Se reiteran en que vivieron bajo el amparo de sus familiares y José llega a expresar que “en caso de haber sido destinado fuera de Madrid, me hubiera visto imposibilitado, por falta de ropa y medios económicos de trasladarme a mi nuevo destino. Desde entonces a hoy mi situación económica ha ido mejorando, aunque muy paulatinamente, toda vez que desde 1941 a 1944 estuvieron prestando el Servicio Militar mis dos hijos varones, viéndome así privado de su pequeña ayuda”.
Y concluyen, como hicieran en la solicitud de revisión, con este párrafo: “Hoy, ya encauzado el porvenir de mis cuatro hijos, acudo impulsada por mi vocación y cariño a la escuela y al niño a mi verdadera profesión, después de haber cumplido mi misión de madre que me ha impedido, por las causas expuestas, presentarme hasta ahora para suplicar la revisión de mi expediente de depuración”.
En esta nueva versión, ampliada, también hacen referencia a los documentos que van a aportar para certificar algunos datos que demostrarían su inocencia, o su incapacidad para haber respondido antes, que los analizaremos en el siguiente apartado, junto con toda la documentación de la que se nutren para fortalecer su demanda.

No es la primera vez que, analizando los expedientes de los maestros y las maestras depuradas, aparece la mención a la extrema dificultad para trasladarse, primero en un contexto de guerra y, después en una posguerra terrible, en la que las represiones, el hambre y la miseria, se adueñaron del país, que tardó una buena temporada en estar transitable. De igual modo, la referencia a la ropa tampoco es anecdótica. El profesorado que se fue a sus pueblos o lugares de origen, o bien, donde tenían familias, a pasar las vacaciones de verano, no llevaban consigo prendas de abrigo. Ya sabemos que, por lo general, no pudieron volver a sus hogares y que, por norma, sus pertenencias fueron requisadas y, por tanto, perdidas. La imposibilidad de acceder al escaso ajuar y enseres que les permitían sus sueldos, no obstante, pudo significar carecer de zapatos y abrigos y pasar frío y desamparo en los años 37, 38, 39, 40… especialmente en los inviernos.
Pero, prosiguiendo con la documentación, uno de los documentos imprescindibles en cualquier tramitación administrativa para un docente es su hoja de servicios, que nuestros protagonistas recibieron a mediados de febrero de 1949 para incorporar a su solicitud y que, a nosotros, nos aportan una nada despreciable batería de informaciones. Así sabemos que Rosa Tatay Sáez era natural de Valencia, nacida el 28 de diciembre de 1891 y que antes de cumplir los 20 años, ya tenía su título de “Maestra Superior”, que había obtenido el 2 de septiembre de 1911. Sin embargo, no empezó su carrera en la instrucción pública, hasta enero de 1916, donde le esperaba su primer destino en Puebla de San Miguel, provincia de Valencia. De allí, en 1916, se incorporó a las aulas en Pinoso (Alicante), donde permaneció hasta 1923. En este lugar coincidió con José Mamano, si bien no sabemos si ya lo hacían como pareja, o si el destino los hizo encontrarse. No obstante, el alumno de ambos -Vicente Jorge y Ochoa- que firma un certificado de buena conducta para ayudarles, habla de ellos como matrimonio. De Pinoso, Rosa y José pasaron a Jaraco (Xeraco), en la provincia de Valencia y de allí, sólo Rosa, si seguimos la hoja de servicios, a Alfés, en la de Lérida. Mientras tanto, José fue destinado a Suñé (Sunyer), quedando ambas localidades muy próximas entre sí, por lo que no debió suponer ningún impedimento para la familia. Sin embargo, José fue destinado a Denia (Alicante), mientras que Rosa ya fue instalada en La Línea de la Concepción, a la que se incorpora de forma inmediata José, esgrimiendo el argumento de “consorte”, por el cual se favorecían los destinos comunes a los matrimonios de docentes. Seguramente el número del escalafón menor de Rosa fue el que supuso el destino en este deambular por todo el este y sur peninsular.
Respecto a la información sobre José Mamano Oliver, nos lleva también a su lugar de nacimiento, igualmente en Valencia, nacido el 18 de marzo de 1893. Es decir, era algo más de un año menor que su esposa y nos lleva, igualmente, a la fecha de la obtención del título de maestro, al 14 de diciembre de 1915, cuando Rosa llevaba ya 4 años titulada. José fue maestro con 22 años largos y se incorporó inmediatamente a su trabajo. No es difícil imaginar que seguramente debió hacer el servicio militar obligatorio, ya que no da la impresión de que pudiera permitirse reducir la milicia, a cambio de una importante suma de dinero. En las respectivas hojas de servicio, por tanto, aparece un tiempo reconocido similar, de casi 22 años, puesto que los dos docentes fueron dados de baja y separados del magisterio por la orden aparecida en el BOE del 4 (José) y del 14 (Rosa) de octubre de 1937, como ya hemos visto.
Otra información reveladora de las hojas de servicios es la cuantía que recibían, siendo ésta de 1000 pesetas, hasta 1918. Los dos años siguientes pasaron a cobrar 1500 y, de ahí, dieron un salto que, en 1923 fueron ya de 2500 anuales. De 1923 a 1928 los sueldos se establecieron en 3000, pasando a 3500 en el bienio consecutivo, cantidad que, 1931, ascendió a las 4000 pesetas.
En esta línea de informaciones interesantes, también podemos incluir las que aparecen en el Escalafón de 1933, referida a maestras y maestros.

En la Gaceta de la República del día 8 de febrero de 1938, en su punto 4º, podemos leer: “que asciendan al sueldo de 5000 pesetas con efectos económicos del 1º de mayo de 1937, en las 4500 vacantes creadas en dicha categoría por la orden ministerial de 30 de abril último (Gaceta del 1º de mayo) las siguientes maestras que prestan servicio en zona leal…” Con el número 3714, aparece Rosa Tatay Sáez.
A José lo encontramos en el nº 10 de la Gaceta de la República, aparecido el día siguiente, el 9 de febrero de 1938. Como hemos visto en el caso de Rosa, se trata de una actualización del Escalafón de Maestros Nacionales de la zona gubernamental, en el que, muchos de los maestros que aparecen habían sido depurados en los territorios que iban siendo controlados por los ejércitos rebeldes. Con el nº 3868 localizamos al docente en un listado que se inicia con el número 3594 y alcanza casi los 20.000.
Toda esta recolocación de efectivos está firmada en Barcelona, el 29 de enero de 1938, por el director general de Primera Enseñanza, Wenceslao Roces Suárez. Las disposiciones atienden a las necesidades surgidas en la situación de guerra, teniendo en cuenta las bajas, las ausencias, las jubilaciones, etc.
Este matrimonio pudo seguir con su profesión, quizá en la ciudad de Madrid, como ellos aseguran en la documentación que presentan, trabajando en las escuelas nacionales de la República. Al igual que no conocemos el destino con certeza, tampoco sabemos el tiempo que estuvieron ejerciendo, aunque, obviamente, sólo pudo ser hasta el final de la guerra. Lo que sí parece ser cierto es que ambos mienten cuando en sus declaraciones juradas aseguran no haber desempeñado tareas docentes en zona republicana. Imaginamos, por otro lado, que el trabajo que mencionan de actividades comerciales, pudo ser verdadero, durante el tiempo que transcurrió hasta que ponen en marcha el proceso de revisión.
En definitiva, todo este asunto de la depuración no fue más que otra torpeza más de quienes pretendían, no sólo doblegar de forma militar un país y gobernarlo, sino controlar también las ideas, los pensamientos, los deseos, las esperanzas …las mentes de sus pobladores. La puesta en marcha de tribunales, la redacción de reglamentaciones, más o menos revanchistas, la formulación de documentos, en su mayoría faltos a la verdad, la violencia contra una sociedad para evitar su culturización e implantar un modelo social basado en la desigualdad y la represión y toda la pompa que este tipo de regímenes adoptan para favorecer una puesta en escena ridícula, tuvieron un momento álgido en este asunto acometido contra el cuerpo de docentes. Lógicamente, las personas encausadas, respondieron y se defendieron de la manera que les garantizaba su salvaguarda.

3.- Documentación aportada
Se ha preferido hacer este apartado, para facilitar la lectura de estas microbiografías, puesto que, junto a los escritos y los documentos esenciales, como la instancia, la declaración jurada, o las hojas de servicio, José y Rosa, se atrincheraron detrás de unos alegatos, queremos pensar que muy bien seleccionados, que apoyaron su reivindicación.
La fecha más antigua que aparece en este grupo de documentos es un escrito que se refiere a 1931, mediante el cual se certifica que José Mamano asistió a ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios Cristo Rey de Lérida, del 30 de marzo, al 4 de abril. Por la hoja de servicios sabemos que en esas fechas José estaba destinado en Suñé, provincia de Lérida lo que, al menos, le otorga visos de verosimilitud, aunque no cuadre con el perfil ideológico que poco a poco se va configurando de esta familia.

 

Como decimos, el matrimonio debió emprender una tarea titánica para recuperar sus puestos en los meses anteriores a la entrega de la documentación y, uno de los fundamentos era recabar informes positivos del estamento eclesiástico. Entre ellos, nos encontramos con los de dos párrocos, Ángel Sánchez Cámara, de la parroquia del Purísimo Corazón de María, que se refiere a ellos, como sus “feligreses” y Emeterio García Balbás, capellán mayor de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, que los menciona como “cumplidores con Nuestra Madre Iglesia”. También Carlos Jiménez Lemaur, cura párroco de Nuestra Señora de los Dolores, certifica que, “por las noticias que tiene de personas fidedignas, es persona de buena conducta moral y religiosa”; Ramón Jara Carrión, presbítero de la Real Iglesia de Calatrava de Madrid, certifica conocerlos porque coincidieron en un pueblo en el que ellos eran maestros y él párroco del pueblo vecino y que su “situación político-social y religiosa fue siempre digna de todo encomio. Después he tenido noticias fidedignas por amistades y por personas de toda mi confianza que han observado y siguen observando una conducta intachable…”. Desde la parroquia de San Ramón, también en Madrid, su capellán, Francisco Rodríguez Calvo, reitera las buenas costumbres del matrimonio.
Una monja, Matilde Grau Garnacho (5), madre superiora de las Religiosas Operarias del Divino Maestro (Avemaría) (6), se une a la larga lista de parroquias, iglesias y entidades que garantizan la buena moral y el fervor religioso de la pareja.
De igual modo, Joaquín Andrades Arcos, presbítero cura propio de la parroquia de la Inmaculada de La línea, el lugar donde se originó la depuración, redacta una nota, en la que emplea los mismos términos para ambos: “es persona de buena conducta moral y religiosa, demostrada en esta, según referencias, durante los años 1933 a 1936 que ejerció en esta localidad su profesión…”. Han pasado casi 12 años y la opinión que se emite desde la parroquia ha cambiado. Tal vez, precisamente sea el tiempo el que ha jugado a favor del matrimonio y, desde luego, una realidad mucho más distendida y sin la presión del conflicto.

 

 

A ellos se une Esteban Ruiz González (7), rector salesiano, que certifica sus buenas conductas religiosas, si bien lo hace “por referencias de personas que han convivido con ellos” y habla de Rosa como “persona de sentimientos religiosos probados y de buena conducta moral”.
En total, hasta ocho certificados de autoridades o entidades eclesiásticas son capaces de reunir Rosa y José, sorprendentemente, todas están en condiciones de certificar buena conducta, moralidad y cumplimiento de sus “deberes” religiosos, en muchas ocasiones, hablando de referencias, o recogiendo testimonios de personas “fidedignas”, lo que demuestra, como ya hemos avanzado en otro momento que, en realidad, desconocían a estas personas. Esta liberalidad contrasta con los certificados que se emitían durante el proceso de depuración, en el que, prácticamente ningún docente salía bien parado. Esto es algo, igualmente sorprendente, puesto que, bien la población se sometió, obviamente bajo la dictadura, a las directrices que el gobierno, de mano de la Iglesia, marcaba como de obligado cumplimiento; o bien la propia Iglesia, no tuvo más remedio que abrir la mano y abandonar su postura inquisitorial, con la que se unió a la España del franquismo. No obstante, es patente que la situación en el país ha cambiado, entre los documentos de 1937 y los de 1949 y que, tal vez este fue el motivo que hizo que algunos docentes esperaran estos tiempos más benevolentes para intentar reincorporarse a sus plazas, sin que nos atrevamos a señalar posibles beneficios para párrocos y parroquias, a cambio de la emisión de estos documentos indulgentes.
Siguiendo con el capítulo de autoridades, esta vez las civiles, el alcalde La Línea de la Concepción, Emilio Gómez Montejo, que ostentó el cargo entre el 30 de octubre de 1948 y el 7 de julio de 1949 (Del Manzano, 2018), redacta un escrito muy completo en el que recoge que “Rosa Tatay, hija de Salvador y de Rosa, natural de Valencia, de 57 años de edad, casada, maestra nacional, con domicilio en Duque de Tetuán 2, certifico que residió en esta población de 1933 a 1936, marchó a Madrid el 15 de julio de 1936, donde la sorprendió el Glorioso Movimiento Nacional, habiendo observado durante su presencia en esta ciudad buena conducta, tanto moral, como pública y privada”. Texto que, prácticamente reproduce en el documento referido a José, a quien lo presenta como “hijo de Joaquín y de Carmen y de 55 años de edad”. Nos llama la atención la dirección que no concuerda con la que los protagonistas especifican en sus documentos, por lo que, con toda seguridad, hace referencia al domicilio linense en el que vivieron cuando estaban allí destinados, casa que aún se mantiene en su estado original.
La Guardia Civil, mientras que en el informe del 5 de julio de 1937 reconocían tener “mal concepto” y les acusaban de haber asistido a un encuentro con el ministro de educación; en 1949, los términos empleados son radicalmente distintos: “habiendo observado durante su permanencia en esta ciudad, buena conducta moral tanto pública como privada” y “carecer de antecedentes políticos en los ficheros”, en los escritos que redacta el comandante de puesto, el brigada Ángel Arévalo García.
El inspector de barrio del distrito VI de Madrid, Hospital, en folio membretado de la Falange, certifica los domicilios en los que ha vivido la familia, coincidiendo, en los que ellos mencionaron en la ampliación de su declaración jurada. Antes de residir en la calle José Antonio de Armona, lo habían hecho en el Paseo de Santa María de la Cabeza, coincidiendo también las fechas. Estos dos escritos idénticos, están firmados también con el visto bueno del secretario político del mismo distrito.
De La Línea también recaban un escrito de Antonio Costa Viaga, que se presenta como residente en la calle Calvo Sotelo 41, de 55 años de edad y piloto marino. Habla como padre, ya que, “en su escuela estudió mi hija Florencia y Rosa Tatay es persona de solvencia moral acrisolada (…) su influencia como profesora ha fundamentado y contribuido a la formación de buen carácter y de su perfecta educación”.
De igual modo, en el certificado de José, con el que comparte toda la primera parte del texto, asegura que “ejerció sus funciones (…) en la Escuela Graduada (8) de niños nº 2 donde cursó sus estudios elementales mi hijo Antonio”. Dice, además, que todo lo sabe “por haber mantenido ininterrumpidas relaciones amistosas y cordiales con él, desde su llegada a esta ciudad, hasta el día de la fecha. Considerándolo, por tanto, de sentimientos patrióticos inconmovibles comprobados y persona de elevada dignidad y sincero fervor religioso”.
No es difícil entrever que, por la edad y por el trato entre profesor-familia, desarrollaran esa amistad a la que menciona Antonio Costa y que, el matrimonio demandara de él un aval, sobre todo si era persona de cierta consideración social en La Línea. El certificante expresa en ambos casos que lo hace a petición de los interesados.
En esta recogida de testimonios, se incluyen también algunas personas de la profesión. Rosa integra en su expediente un certificado, exquisitamente redactado y firmado por Josefa González Miguel. Maestra nacional de la escuela de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) que, por los datos del escalafón de 1933, sabemos que había nacido en Valencia el 17 de marzo de 1890. Asegura conocerla desde 1911, cuando “empezó a trabajar a mis órdenes en el Grupo Escolar Cervantes (9) de Valencia, demostrando, aparte de su gran competencia profesional, una moralidad intachable y una religiosidad ejemplar que inculcó a todas sus alumnas, hasta 1916, en que se colocó por oposición”. Este documento, por tanto, nos aclara por qué su hoja de servicios empieza en esta última fecha.

 

Igualmente, fechada en enero de 1949, María Cabrerizo Jiménez -nacida el 21 de agosto de 1899 en Málaga- maestra nacional, directora de la escuela de niñas en régimen de graduado, del grupo escolar del Ángel, de La Línea de la Concepción -también conocida como escuela nº 4-, remite un escrito en los siguientes términos: “según los informes de padres y alumnas (…) se desprende haber sido una de las profesoras más competentes, con mayor vocación y entusiasmo…”.
De este segundo aval, aunque da la impresión de que María habla por referencias, sin embargo, consultando el escalafón de 1933, aparecen ambas destinadas en La Línea. Quizá esta compañera, prefiere no protagonizar la reivindicación de Rosa o, tal vez, considere que tiene mayor peso hablar de alumnas y familias a la hora de referir sus valías. O, como nos ha sugerido la documentación, el matrimonio redacta unos textos en los que el apoyo que reciban no sea el estricto de una persona, sino del colectivo, incluyendo a toda la comunidad educativa.
Por otro lado, investigando a ambas profesoras también sabemos que, lógicamente, fueron depuradas, encontrándose sus expedientes en el Archivo General de la Administración, en el fondo del Ministerio de Educación Nacional. Josefa, con el número 32/13022 y María, 32/13281. No obstante, superaron sus procesos y en 1942 las encontramos nuevamente ejerciendo.
José presenta dos certificados de docentes compañeros, la misma Josefa González Miguel que se expresa así: “certifico que desde el año 1915, en que ingresó en el Magisterio, conozco a José Mamano Oliver, manteniendo desde dicha fecha relaciones profesionales y particulares, en quien he visto siempre al maestro de gran vocación, de ejemplar moralidad y sobre todo fiel cumplidor de todos sus deberes religiosos que ha inculcado a todos sus alumnos (…) Como me es grato expresar el elevado concepto que me merece el señor Mamano, expido el presente para el uso que convenga…”
Es fácil pensar que Josefa, Rosa y José, los tres de Valencia y de edades similares, compartiendo profesión, debieron hacer equipo en el destino linense y atesorar una amistad que, en 1949, siguió manifestándose.
Otro docente, Victorio Enciso Pertegas, director de la Escuela Graduada de Niños nº 2 de La Línea, nacido en Zaragoza el 20 de diciembre de 1893, el 11 de enero de 1949 se une a las certificaciones que avalan la buena labor pedagógica de José Mamano: “tanto la documentación de esta Graduada, como los informes de maestros y padres de alumnos de la misma, en la que prestó sus servicios (…) se desprende haber sido uno de los profesionales más competentes. Con mayor vocación y entusiasmo por su labor profesional que han servido en esta escuela, con una labor eficaz y realmente práctica, que todos recuerdan gratamente. Por otra parte, su moral tanto privada como profesional, era intachable y su patriotismo ferviente y su corrección exquisita”.
En su escrito, a petición del interesado, no escatima elogios, si bien, al no coincidir las páginas en la copia del escalafón masculino en 1933 disponible de forma online, si bien sabemos que Victorio había nacido el 20 de diciembre de 1893 en Zaragoza, ignoramos si fueron compañeros en el municipio gaditano, ya que vuelve a referir los comentarios recogidos por parte de profesores y familias y no habla en primera persona.
Pero no sólo sus compañeros, también recurren a sus exalumnos. En diciembre de 1948 contactan con Diomedes Palencia Albert (10), ingeniero industrial y jefe de la Institución Sindical Virgen de la Paloma (11) quien “certifica que Rosa es maestra del 1916, en Pinoso (Alicante), donde estuvo hasta 1924, cuando se trasladó a Jaraco (Valencia). Con la cual mantiene una relación de amistad y que es persona de gran fervor religioso, de práctica ejemplar y fiel cumplidora de sus deberes religiosos, tanto particulares, como los propios de su cargo (…) y que ha seguido siendo la persona religiosa y moral que él conocía (…) así como de sentimientos patrióticos inconmovibles”. Prácticamente reproduce los mismos términos al referirse a José y reconoce que ha sido su profesor en la localidad de Pinoso y que han conservado su amistad desde entonces.
De bastante más ayuda debió servirles el certificado que emite, como magistrado de la Audiencia Territorial de Albacete y presidente de la Junta Provincial de Servicio de Libertad Vigilada (12) y de la Justicia Municipal, Vicente Jorge y Ochoa (13). Natural de El Pinoso (Alicante), donde Mamano y Tatay ejercieron el magisterio entre 1916 y 1923, hace constar que “fui alumno suyo en algunas asignaturas de bachillerato (…) por lo que puedo asegurar que siempre ha sido persona de formación ciudadana y religiosa ejemplar (…) he continuado manteniendo relaciones cordiales (…) es persona de orden, sentimientos religiosos y morales”. Respecto a Rosa, prácticamente calcado, asegurando que “fue profesora del que suscribe de Dibujo y Pintura (…) ejemplar profesora en el orden pedagógico y de gran formación moral y religiosa (…) Al mismo tiempo asevero que a virtud de continuar relaciones que he mantenido con dicha señora, se ha mostrado siempre de buena conducta pública, privada, religiosa y familiar”.
También el certificado del hermano de Rosa, firmado el 12 de febrero de 1949, se adjunta a la documentación. En este documento, “Salvador Tatay Sáez, con domicilio en la calle de Tomás Bretón nº 21, bajo, de 59 años de edad, ferroviario, jefe de contabilidad de la Compañía Internacional de Coches Camas, certifico que mi cuñado/mi hermana (…) según consta en su documentación oficial, para pasar su vacación en mi casa, a donde llegó el 16 de julio (…) sorprendiéndoles el Glorioso Movimiento Nacional sin encontrar posibilidad de regresar a su domicilio, por lo que quedaron en el mío, bajo mi protección y amparo hasta el 31 de enero de 1940”. Para darle mayor énfasis, también se recoge, en una breve nota manuscrita, verificando la información, Emiliano Moreno Alameda, propietario del inmueble.
Este escrito reafirma la versión familiar, no obstante, hemos podido averiguar que Salvador tiene un expediente en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en la sección Político-Social, en la que se incluye que fue juzgado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sin que podamos aportar más información, hasta no disponer de dicha documentación.
Es decir, que ya hay tres miembros de la familia que se posicionaron a favor de la defensa del gobierno. El hijo mayor, formando parte de las fuerzas militares republicanas y la joven Rosa Mamano, junto con su tío, juzgados por su pertenencia, seguramente, a algún partido político de izquierdas. La situación debió ser complicada, aunque José y Rosa estuvieron trabajando en la docencia, pero, cuando se perdió la guerra, debió ser mucho más problemática.
Del mismo periodo de solicitud de su depuración, sendos escritos firmados por Gustavo Vilaverde García, en calidad de jefe de la Administración Civil del Ministerio de Educación Nacional (14) y Delegado Administrativo de Enseñanza Primaria de Cádiz, el 15 de enero de 1949, certifica que “visto el expediente (el de Rosa y el de José), no aparece nada desfavorable durante el tiempo que sirvió en esta provincia”. Son documentos que emite a petición de los interesados.

 

Si nos retrotraemos a 1937, el certificado emitido por Juan Reina Castrillón, recoge los testimonios de las “nuevas autoridades” y se encuentran una serie de imputaciones que han desaparecido en el de 1949. Ya, por ejemplo, no es el tribunal depurador que se formó casi empezar el golpe, sino que es el cargo que hoy conocemos como delegado provincial el que lo emite y, da la impresión de que no tenga acceso o desconozca los expedientes de depuración provinciales para que se exprese en esos términos. Lo que es indudable, es que aquel espíritu censor y represivo parece haberse diluido en parte, primero con las reformas en la Administración que el gobierno de Franco fue haciendo y que, de alguna manera, debieron de acometer estas cuestiones con una mentalidad menos sañuda, más administrativa quizá y con espíritu de funcionarios, más que de delatores y; por otro lado, teniendo en cuenta que ya habían pasado diez años del final de la guerra, había transcurrido un tiempo importante para ir normalizando la situación cotidiana del país, dentro de la dictadura, pero fuera del conflicto.

4.- La Administración responde a las demandas de revisión
Ýa lo hemos avanzado, apuntando a esas ampliaciones que debieron presentar y entregar una documentación que no dependía de ellos, como hemos visto en el capítulo anterior. De modo que, a partir de febrero, lo que va a suceder es que los mecanismos oficiales van a seguir el procedimiento y Rosa y José irán respondiendo, entregando más documentación y, otras veces, las distintas entidades implicadas, se comunicarán entre ellas.
Pero, antes de exponer esta fase de la causa, queremos detenernos un momento en comentar la magnitud de avales que llegaron a recolectar y desde diferentes ámbitos, resaltando ese gran número de clérigos que les apoyaron. No podemos pensar que esto fuese casual. Casi con toda seguridad, el matrimonio debió trazar un plan para recuperar sus plazas, elegir las personas que les podían acreditar, contactar con todas ellas -algo no fácil después de una guerra-, exponerles la situación y solicitarles el favor. En algunos casos, casi se puede aventurar que incluso enviaron los textos de los escritos. Todo ello, más la producción de los certificados con las pólizas, sellos, registros, etc., debió significar un empeño no falto de esfuerzo.
El 11 de febrero del mismo año 1949, desde la Dirección General de Prisiones, dependiente del Ministerio de Justicia, el jefe del Registro Central de Penados y Rebeldes, Juan Romero de Aguilar, certifica que “consultadas las notas que obran en este registro, no aparece ninguna que haga referencia a José Mamano Oliver (…) hijo de Joaquín y Carmen, en certificación solicitada para Magisterio…” Idéntica información que aparece en el certificado de “Rosa Tatay, de 58 años, hija de Joaquín y de Rosa…” Un certificado de carecer de antecedentes penales, por tanto, como les habían exigido desde el Juzgado Superior de Revisiones, organismo que va a ser el responsable de los procedimientos. Recordemos que la Comisión Superior Dictaminadora se extinguió mediante la Orden del 30 de enero de 1942.

 

No obstante, aunque hayan respondido a los requerimientos que les exigían como la ampliación de la Declaración Jurada, unida a la Hoja de Servicios, un certificado de residencia y el certificado de penales, el propio juez se dirige al presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, pidiéndole que se le informe si hay antecedentes de los maestros. El secretario general le responde en los siguientes términos: “contra el mismo/la misma no se sigue expediente hasta la fecha en este tribunal”.
Nuevamente el juez de Revisiones se dirige a ambos -esta vez en un solo escrito en el que menciona a los dos, lo que demuestra que desde el juzgado se estuvo llevando la revisión de forma conjunta-para exigirles que remitan y acrediten “no haber sido sometidos a procedimiento por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y, de haberlo sido, enviar la sentencia”.
Desde la Dirección General de Prisiones, sección de Identificación Central de Responsables Políticos, el 22 de marzo, responden que “consultados los datos, no aparece ninguno que haga referencia a Rosa Tatay”. Justamente, al día siguiente, Rosa remite este el documento al juez para que lo adjunte a su expediente.
Sin embargo, José no obtuvo la misma respuesta, ya que, desde el mismo negociado, el jefe del registro, en su escrito, expresa “…aparece que contra José Mamano se siguió expediente número 107 de 1945 del juzgado de San Roque (15) (…) y fue sancionado a la pena de 2 años de inhabilitación y 100 pesetas de sanción impuesta por el Tribunal Regional de Sevilla con fecha 30 de mayo de 1941 como incurso en el caso c. de la Ley de Responsabilidades Políticas (16)”.

 

Concretamente, el apartado c del artículo 4º de la mencionada ley, dice: “Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y mantenida hasta esta fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales”.
Tal vez sea conveniente recordar que, probablemente debido a la enormidad de la guerra, las muertes y todos los crímenes contra las personas que se pusieron en marcha desde el 18 de julio del 36, se haya dejado un poco de lado otra cara de la represión que tenía como objetivo también la aniquilación del oponente, como fue la represalia económica (Herrera, 2013). Lo más oportuno es retrotraerse a las normativas aprobadas nada más comenzar la guerra por el general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, del 28 de julio del 36 y a los bandos de Queipo de Llano, en los que se recogía la idea que promovía estas incautaciones: “reparar en lo posible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos, así como también los inferidos a las personas o en las casas” (León, 2016). Así, llegamos al Decreto 108, de 13 de septiembre de 1936, por el que se declaran fuera de la ley a los partidos y agrupaciones integrantes del Frente Popular, lo que conlleva pareja la apropiación de sus bienes.
En su artículo segundo, una vez ilegalizados los partidos, “Se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado”. Concretándose el funcionamiento a seguir, en su artículo sexto: “Las autoridades (…) remitirán a los Juzgados de primera instancia relación de las personas y bienes que posean y que a su juicio estén comprendidas en el artículo quinto, para que se decrete el embargo de éstos…”. Está patente que no son los bienes de los partidos, sino también los de las personas. Para organizar este asunto, mediante el Decreto Ley del 10 de enero de 1937, se ordenaba la creación de una Comisión Central Administrativa de Bienes Incautados por el Estado, que se abastecía de las informaciones remitidas por las comisiones provinciales.
Se actuaba de forma inmediata, se “hallase presente o no presente” el inculpado y, es lógico pensar que los listados de docentes que, en un primer momento recibieron certificaciones contrarias de las autorizadas golpistas y que, como en este caso, eran catalogados como de desaparecidos, lo que significaba una acusación de huir de la justicia rebelde, fueron de los primeros en ser acusados, condenados y, desahuciados, aunque no se pudieran hacer efectivos los cobros de las multas. Además, “los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.” y, por otro lado, se aceptaban testimonios de vecinos, incluso se animaba a la delación. Esto tomó un claro tinte de venganza, en muchos casos, ya que, de igual modo, algunos de los bienes se pusieron a la venta a precios muy asequibles.
No obstante, el documento que consigue José Mamano en mayo de 1949, ya no es la primitiva condena, puesto que, especialmente a partir del año 1942, cuando se reformó la Ley de Responsabilidades Políticas, los sobreseimientos fueron numerosos, atendiendo a los casos en los que el procesado fuera insolvente (León 2016): “Del apartado c) se exceptúan los meros afiliados a las organizaciones políticas a que se refiere, salvo aquellos que por su destacada dignificación y actividades proselitistas merezcan sanción”.
Leyendo el documento podemos ver ambos fallos. El primero:

“en la ciudad de Sevilla a 30 de mayo de 1941 (…) expediente que fue tramitado contra José Mamano, cuyo paradero se desconoce (…).
Resultando probado (…) que estuvo afiliado a Izquierda Republicana, se ausentó de La Línea y no consta su conducta posterior relacionada con el Movimiento. Tiene un hijo mayor y tres menores de edad (…) ignorándose los ingresos que todos los mismos y la mujer pueden obtener (…) y sólo se sabe poseía algunos muebles, sin identificar ni valorar por hallarse mezclados con otros de marxistas huidos (…).
Considerando que no procede apreciar circunstancia modificativa …
Fallamos que debemos condenar y condenamos (…) como incurso en un caso de responsabilidad política de carácter leve, a la sanción (…) notifíquese esta sentencia al inculpado, citándole por término de cinco días en el B. O. de la Provincia de Cádiz”.

Este era el procedimiento, al no tener dirección ni poder localizar a José, se entendía que con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia ya se daba por enterado.
Continuando con el documento, el escrito se complementa con la revisión que se hace en 1945, aplicándole, como hemos visto, la modificación del artículo 8º que se aprueba el 19 de febrero de 1942: “cesar las medidas para hacer efectivas la sanción y archivar el expediente”.
“Se sobresee (…) acordando se levante la incautación de bienes muebles…” Este documento se firma en Cádiz, el 19 de mayo de 1949 a petición del interesado.

Está claro que a José no le quedaba más remedio que adjuntarlo si quería que se revisara su separación del cuerpo de magisterio, otra cosa es si él estaba enterado de todo este proceso, desarrollado en dos tiempos. Sabemos que la familia Mamano Tatay no volvieron a La Línea a recoger sus enseres, pero no si José dio por seguro que se le iba a aplicar la Ley de Incautación y la de Responsabilidades Políticas, aunque los docentes seguramente estarían al tanto de estos procesos. Igualmente, en el caso de que José supiera que tenía un expediente abierto, si había sido revisado, eximiéndole de los cargos. La realidad es que, al final, no fue un impedimento en su readmisión como maestro y fue él mismo el que lo solicitó, como le fue requerido y lo reenvió al Juez Superior de Revisiones.
Respecto a los enseres, no es la primera vez que el Tribunal Provincial emite algo parecido a una queja o infravalora las posesiones de los maestros, a través de comentarios del tipo que eran pocos, o de escasa calidad. Damos por sentado, por otro lado, que la vivienda familiar, bien era del ministerio o el ayuntamiento, que disponían de casas para los docentes; aunque, si damos por cierta la dirección que se apunta en una de los testimonios linenses, seguramente era de alquiler, por lo que no debió suponer una gran pérdida para el matrimonio, porque no debían ser los propietarios de la misma.
Parece que ya habían pasado los trámites, sin embargo, el 7 de junio de 1949, el juez demanda nuevos informes de La Línea, quizá porque no dé credibilidad a los que ambos han incluido en su solicitud. Pone la atención en el hecho de por qué han tardado tanto tiempo en solicitar la revisión. José Taboas Salvador, desde el Juzgado, pone en marcha la maquinaria administrativa y remite escritos al Ilustrísimo señor alcalde-presidente del Ayuntamiento, al comandante-jefe de la Guardia Civil y al señor cura párroco. Estos escritos tienen ya fecha de enero de 1950, lo que indica que se han quedado más de medio año parados y reclaman información “sobre la conducta moral pública y privada, su ideología política y religiosa y su actuación en relación con el Glorioso Movimiento Nacional”.
Las respuestas son enviadas con bastante celeridad. El cura párroco de La Línea, Joaquín Andrade Arcos, al que ya conocemos por el certificado que expidió en enero de 1949 y que prácticamente copia un año después, insistiendo en que “según referencias, buena conducta…”.
Sin embargo, la nota que envía el brigada de la Guardia Civil, además de dedicar gratas palabras de aprobación de su conducta y del aprecio en la opinión pública, añade la coletilla de “era simpatizante de las izquierdas”. En el escrito de José van un poco más allá, haciendo notar que militaba en Izquierda Republicana. Estos matices no aparecían en los avales que ellos habían enviado junto a la solicitud de revisión en 1949 y el movimiento del juez da a entender que tenían dudas. Desde la simple redacción de estos textos, no podemos aproximarnos a saber qué pudo ocurrir para que estos comentarios hicieran aparición en sus informes, o el motivo del porqué no lo hicieron en los de un año antes.

 

Mismo cambio aparece también en los certificados emitidos desde la alcaldía de La Línea, en los que se añade esa coletilla en el documento de Rosa, mientras que en el de José, el alcalde, Rafael Ruiz Marín (27-7-1949 / 21-1-1953), al tiempo que expresa que “observó intachable conducta, tanto pública como privada”, añade que “perteneció a Izquierda Republicana”.
Con esta nueva documentación, el delgado, el 22 de marzo de 1950, insta a responder al matrimonio, en el plazo de 10 días. A Rosa le pide se defienda de haber sido simpatizante con las ideas izquierdistas y que argumente por qué no ha tramitado su revisión hasta fecha tan tardía. En el escrito que va dirigido a José, se hace hincapié en su militancia en Izquierda Republicana y en su integración en el Frente Popular. Ambas cartas van con acuse de recibo, señal de que existe ya un control administrativo de todo el proceso.
Escasamente una semana tardan en responder los depurados. Rosa argumenta que “los distintos informes religiosos (…) demuestran bien a las claras mis ideas apolíticas” y, respecto a la tardanza en solicitar la revisión, expone que “hice constar la penuria económica y de preocupación constante del porvenir de mis 4 hijos, hizo que pasase inadvertido para mí el período de depuración”.
Respecto a José, echa mano de los certificados presentados en 1949 y refiere al informe de la Guardia Civil en el que se expresaba que “carece de antecedentes políticos, además, esto estaría en pugna con mis arraigados sentimientos católicos de antes y después del Glorioso Movimiento…” Concluye su escrito con idénticas expresiones a las manifestadas por su esposa, para reclamar su revisión tantos años después de ser apartado del magisterio.
A final de marzo de 1950, el ya mencionado delegado José Táboas Salvador (17), remite al Juzgado Superior la propuesta que, una vez estudiada la documentación con la que cuenta, eleva para su aprobación. “Considerando ser cierto que la interesada era simpatizante con la ideología izquierdista, acaso por la influencia de su marido, (…) así como ha dejado pasar largamente el plazo oficial de petición de la revisión del expediente de depuración (…) Considerando que no debe quedar sin sanción alguna (…) y que por otra parte debe procurarse no ser separada de su marido (…) esta Delegación tiene el honor de proponer (…) la sanción de inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza y postergación en el Escalafón, colocándola en la misma localidad a que sea destinado su marido (…) No obstante, ese Juzgado Superior, resolverá lo que proceda”. En este documento está escrito a mano “proponer la misma sanción para el marido”.
En el expediente de José Mamano no se encuentra este informe del delegado, sino que ya es el propio juez el que, el 20 de abril, firma la resolución que eleva al ministro. En el largo escrito, en el que se da cuenta como mayores culpas, haber pertenecido a Izquierda Republicana y no haber revisado su depuración hasta el año 1949, se recoge:

“Considerando que, si bien ambos cargos están comprobados, el primero por la sentencia (…) dicta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas que lo condenó a 2 años de inhabilitación y a multa de 100 pesetas , y el segundo por explicar el propio interesado que no solicitó antes por conveniencias particulares de índole familiar, los informes oficiales ampliatorios acreditan la buena conducta (…) y teniendo en cuenta además que no ha sido condenado por los Tribunales Militares, puede ser rehabilitado al ejercicio de la enseñanza, si bien fuera de la provincia en que su afiliación al Frente Popular fue conocida y con la postergación en el escalafón, ya que su retraso en solicitar su readmisión fue debido exclusivamente a conveniencias particulares del propio interés.
En vista de lo expuesto el Juez que suscribe tiene el honor de proponer a V.I. se declare revisado el expediente de depuración instruido a D. José Mamano Oliver (…) y se deje sin efecto la Orden de la Junta Técnica del Estado de fecha 25 de septiembre de 1937 que le separó del servicio y, en su consecuencia, sea readmitido al ejercicio de la enseñanza con la sanción de traslado fuera de la provincia, con prohibición de solicitar vacantes durante cinco años, postergación en su escalafón durante el mismo periodo de tiempo e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza”.

En una de las copias que existen de este documento, tanto referidos Rosa, como a José, aparece un sello con el “conforme” de la Dirección General y una firma ilegible.

5.- Anulación de las sanciones
No quedaron, no obstante, conformes ninguno de los docentes y, en primer lugar, se incorporaron a sus aulas y, en segundo, continuaron el proceso de revisión, esta vez, tratando de eliminar las sanciones que aún se les seguían aplicando en 1950.
El 21 de marzo de 1951, según un escrito del juez del Juzgado Superior de Revisiones, han presentado nuevamente otro dossier con certificados que avalan, no sólo su buena conducta, como se exigía en la España de la dictadura, sino también, su extraordinaria labor como enseñantes. Una vez superadas las imputaciones que recibieron en el proceso depurativo en 1937, aunque, como hemos visto, sean reintegrados al ejercicio de su profesión, pretenden dejar nulo el proceso y resarcir sus nombres, al tiempo que no perder todos sus derechos, reconocidos en el escalafón, del que quedaron apartados, así como limpiar sus carreras de tachas que sólo tenían un objetivo ideológico, sin que mediaran sus capacidades pedagógicas. Por la documentación, que nuevamente ambos recolectan, suponemos que, pensando en obtener la acreditación de personas notables en aquella época, deducimos que hacen hincapié, precisamente en las cuestiones y las valoraciones de tipo profesional, sin mencionar otros aspectos de la vida, más que para recabar buenas opiniones de las autoridades.
Vuelven a aparecer viejos conocidos o instituciones de La Línea, que se centran en el reconocimiento a su labor.

Nuevamente, Joaquín Andrades Arcos, el párroco de la Inmaculada, repite, casi de forma idéntica, el certificado de buena conducta que ellos adjuntaron a la solicitud de revisión de su expediente en enero de 1949, consignando que lo hace a petición de los interesados, en carta remitida el 24 de enero. El sacerdote remite una certificación escrita a máquina y otra a mano, a pesar de que son del mismo día.
Emilio de Villar y Lima, alcalde accidental de La Línea, certifica, desde el ayuntamiento, que José “observó intachable conducta, tanto moral pública, como privada” y en el escrito que firma sobre Rosa, aparte de expresar la misma idea, añade “con residencia en San Roque”.
Un nuevo organismo aparece en escena en la ya abundantísima documentación que aportan: “Rosa Tatay (…) realizó en su escuela nº 6 una magnífica labor, observando una conducta profesional digna de elogio”. Quien firma esta frase es Blas Fernández Fuentes (18), el delegado local en La Línea del Servicio Español del Magisterio (19), perteneciente a La Falange, quien, entre 1959 y 1970, fue teniente de alcalde en la localidad. Palabras que repite, literalmente, cuando se refiere a “José Mamano Oliver, maestro nacional que fue del grupo escolar Joaquín Costa (20)”.
Sin embargo, el matrimonio no se había reincorporado a sus puestos en La Línea, sino que lo hicieron en la vecina San Roque. Ese es el motivo por el cual solicitaron también los apoyos de personalidades locales que pudieran avalarles en su nueva reclamación de revisión.
El alcalde sanroqueño, José Domínguez Álvarez, no tiene dudas y redacta un certificado en el que, incluso reclama la presencia de ambos, ya que “el ayuntamiento vería con sumo gusto que las autoridades competentes convirtieron en definitivos sus nombramientos provisionales…”.
Junto a la autoridad civil, la eclesiástica, en este caso, Rafael Caldelas López, presbítero de Santa María la Coronada, aparte de certificar sus conductas intachables, llega a decir que han sido grandes colaborades para “el ejercicio de su ministerio.”
Carlos Alfonso Alfonso, el delegado local en San Roque del Servicio Español de Magisterio, también contribuye con su testimonio. A José lo sitúa en la escuela nº 2 y a Rosa, en la nº 3 y, de ambos, reconoce que “vienen realizando una intensa labor por su gran celo y su vocación profesional…”.
Gracias a estos últimos documentos, sabemos que ambos docentes se incorporaron a las escuelas de San Roque en junio de 1950, recién anuladas sus condenas de separación del cuerpo. Es decir, que, en cierta manera, no se cumplió aquello de “cambio de provincia que figuraba en sus respectivas revisiones y que, todo apunta a que se limitó a un simple cambio de localidad, sin que, por el momento sepamos si esto obedeció a una simple política a la hora de cubrir vacantes. Recordemos que, los escasos enseres que el matrimonio pudiera tener en 1936, habían sido incautados, por lo que, el regreso al Campo de Gibraltar, al menos en apariencia, no debió estar motivado por la recuperación de propiedades de los depurados. ¿El regreso a la comarca, puede parecer que obedeció a los posibles lazos que el matrimonio hubiera podido tejer en tres años, desde aquel lejano 1933? Tampoco lo vemos plausible. Más bien, debió ser un destino forzoso, al que, no obstante, Rosa y José, fueron capaces de adaptarse.
Buena prueba de ello, es la nueva documentación de la que estamos dando cuenta y que se fortalece con el testimonio de un militar. Mariano Requena Cordón (21), coronel de infantería y comandante militar de la plaza de San Roque (22) Seguramente no estemos hablando de un simple militar de alta graduación, sino que, incluso debió adquirir la categoría de héroe, al ser herido en combate. Por todo esto, suponemos que el documento firmado por este militar, también debió significar un extra en la tan bien estudiada selección de avales a la que José y Rosa nos han acostumbrado desde que iniciaran sus procesos de revisión. El escrito, a petición de los interesados, recoge que “es de sana moral, gran entusiasta de su profesión y viene colaborando con la parroquia en cuantos ejercicios y propagación de la religión se realizan”; si bien, en el texto que redacta para José no es tan espléndido en los comentarios, donde se limita a decir que “me consta que es buena persona, de buena conducta, celoso y fiel cumplidor de su profesión por todos conceptos”.
Sin embargo, tal vez la declaración de mayor peso en estos momentos, en los que ya han quedado un tanto apartados los criterios religiosos, morales y patrióticos, sea la que firma la inspectora Teresa Izquierdo, como responsable directa del trabajo de los docentes, al tiempo que autoridad pedagógica reconocida, sin ninguna objeción desde otros ámbitos. Teresa dice literalmente de Rosa lo siguiente: “con matrícula numerosa y asistencia casi igual a la matrícula y en local nada adecuado, ha conseguido que los niños laboren afanosos y asistan a la escuela con asiduidad, consiguiendo que lean 14, escriban sencillos dictados, resuelvan gran cantidad de problemas gráficos, reciten las principales oraciones y conozcan de la Historia Sagrada los hechos más destacables, dibujen y hagan trabajos manuales. En fin, poseen una cantidad de conocimientos que sólo una maestra competente y de vocación puede transmitir. La inspectora la felicita”. Y lo firma en San Roque, el 13 de abril de 1951. Este documento está compulsado en Santa Pola el 4 de octubre de 1952, firmando el alcalde el conforme. Esto nos hace pensar que esta documentación tardó todavía más de un año en llegar a su destino, que era el Juzgado Superior de Revisiones que, ante la nueva solicitud de Rosa, reclama el expediente anterior para su estudio y tramitación, en mayo de 1951.

Más que sorprendente puede resultar este último informe, puesto que Teresa Izquierdo Izcué (23), había formado parte de la Comisión Depuradora D de Cádiz, ocupando la plaza reservada a la inspección. Si en 1937 la sanción que adoptaron para Rosa fue la separación definitiva del cuerpo, casi 14 años más tarde, elogia su trabajo, sabiendo que la intención de la profesora era quedar libre de toda culpa y punición. Contradecirse a sí misma, debía obedecer, bien a un significativo cambio de postura respecto a la depuración, o tal vez el aprecio real y verdadero por la labor docente de Tatay. No obstante, asistimos a una relajación de las políticas especialmente agresivas coincidentes con la guerra, cuando las revisiones son tan tardías, algo que jugó a favor de los inhabilitados. Todo apunta a que en 1951 pesaban más los criterios pedagógicos que los puramente ideológicos, si bien, el proceso seguía siendo costoso y la moral de los y las docentes, seguía siendo otro elemento siempre presente en las motivaciones para una respuesta positiva a sus demandas.
Llama la atención que este documento de Rosa, firmado en San Roque, no obstante, tenga ese conforme en Santa Pola, en octubre de 1952. En esa misma fecha es cuando la inspección redacta un informe para José Mamano, ya que, en su expediente, no aparece un documento similar al de Rosa desde Cádiz y es el inspector Pablo Otero (24) quien, en el mes de junio, declara que en su visita ordinaria de inspección “…en la escuela unitaria de niños nº 1 (…) a cuyo frente se halla el maestro propietario definitivo D. José Mamano Oliver, que lleva todo el curso en la misma. Como resultado de esta visita se ha podido comprobar que dicho sr. cumple con todo celo y diligencia las obligaciones de su cargo, siendo muy notables los resultados alcanzados en la educación e instrucción de sus discípulos. Con una disciplina suave y cariñosa, los alumnos trabajan con gusto y alegría y (…) el maestro demuestra sus excelentes dotes de pedagogo y sólida preparación. Esta inspección no tiene que hacer advertencia alguna al sr. Maestro, sino la de que continúe trabajando en igual forma a como viene haciéndolo en la actualidad, por todo lo cual se le felicita con toda efusión”.
Prácticamente en la misma línea que el certificado que la inspección firma en Cádiz. Resalta esa “disciplina suave y cariñosa” que contrasta con aquellos planteamientos expresados por la Falange en los que se apuntaba a una preparación premilitar para los chicos.

Junto a este notable cambio de opinión, estos dos escritos nos llevan a nuestros maestros a la localidad de Santa Pola, justamente un año después de haberse reintegrado al servicio, lo que contradice las resoluciones a sus revisiones de expediente, en las que se les condenaba a no participar en el concurso de traslados durante 5 años y a quedar fuera del Escalafón. Ya hemos visto cómo el destino en San Roque tampoco se ajustaba al cambio de provincia que igualmente se contemplaba en la sanción. Incluso, el inspector de Valencia asegura que Mamano es profesor propietario definitivo. No sabemos si este destino obedece a una elección de ellos o a una plaza a la que han sido obligados a incorporarse. De hecho, aunque los hemos visto desde la guerra instalados en Madrid con sus hijas e hijos, sin embargo, ellos son originarios de Valencia, lo que quizá pueda significar que han elegido un acercamiento a su tierra de nacimiento.
La cuestión es que el 21 de marzo de 1951, si atendemos a la propuesta que eleva el magistrado juez superior de revisiones al ministro de Educación Nacional, José Mamano, en julio y Rosa Tatay, en agosto, ¡de 1956!, alcanzan que “se deje sin efecto la O.M. de 20 de abril de 1950(…) quedando, a partir de la fecha SIN SANCIÓN ALGUNA”. Casi cinco años y medio después de que hubiesen vuelto a reivindicar su descargo, logra este matrimonio quedar libres de sospecha, limpiar su buen nombre y despejar dudas acerca de su labor docente. Con 64 y 65 años, ambos docentes, podrán concluir su etapa profesional libres de cargos y totalmente rehabilitados. Han pasado casi 19 años desde que fueron depurados y más de 7 gastados en trámites, búsqueda de avales, recopilación de certificados, ajustes y respuestas a los procesos judiciales y, en paralelo, desde 1950, el desempeño de sus profesiones. El tesón de estos dos maestros es encomiable, así como también lo es el volumen de apoyos y respaldos que consiguen reunir, fruto, indudablemente, de una planificación estudiada y de un proceso puesto en marcha con el valor de estar viviendo una auténtica causa y con la determinación de quienes, por un lado, se escenifican en el lado correcto de la justicia y, por el otro, conocen los entresijos para hacerse valer. Y, por supuesto, lo que no se puede poner en duda, es la valía de estos dos profesionales, que tantas alabanzas alcanzan por su trabajo.
Finalmente, el juez da por válidos los argumentos de los maestros, ya repetidos en diferentes documentos para excusar su tardía respuesta al proceso depurador, por encontrarse de vacaciones en Madrid; así como haber sido sobreseídos los cargos y acusaciones que contra José se hicieron por considerársele militante de Izquierda Republicana y que, han demostrado ampliamente ser personas de orden y conducta intachable, decide dejarlos sin sanción alguna. Eso sí, esta sentencia llega con un notable retraso, sobre todo si la comparamos con la que concluyó en 1950. La no existencia de documentación en los expedientes de los docentes, no nos permite saber si hubo algún contratiempo o que, simplemente, el juzgado se tomó más de 4 años en resolver la reclamación.

 

 

 

Los últimos documentos que nos encontramos en los expedientes del matrimonio son los escritos que acompañan a los mismos, que se envían para su custodia, en el Archivo Central de Educación, siendo firmados por el propio juez, el 7 de mayo de 1957.
En definitiva, estamos ante un caso de depuración en el que confluyen diversas circunstancias personales y familiares de los encausados. Hemos visto cómo, aparte de Rosa y José, su hijo José y su hija Rosa, también debieron tener algún tipo de procesos judiciales, el primero, por haber estado en el ejército republicano y la hija, seguramente acusada de pertenencia a un partido político de izquierdas. Pero es que el hermano de Rosa, Salvador Tatay también estuvo fichado en la sección político social. Cinco miembros de la familia, que sepamos, tuvieron problemas con la nueva legalidad.
Ya hemos tenido ocasión de resaltar el estilo de los escritos que forman parte de sus expedientes, muy bien redactados y con unos mensajes elegidos para favorecer sus demandas, pero también es llamativo que esta pareja no empleara la terminología franquista que llenaba los encabezados y los pies de los textos, como loas a Franco, referencias a los gloriosos episodios, a los años de la victoria y demás ampulosas fórmulas, tanto de saludo, como de despedida. Se limitan al uso de términos respetuosos y expresar un “Dios guarde a usted muchos años”, como norma para concluir los escritos.
Una cuestión que nos llama la atención es la proliferación de pólizas, timbres y sellos en la documentación, en su mayoría estatales, aunque también los hay de diversas entidades como ayuntamientos y mutualidades, especialmente para los colegios de huérfanos, que nos llevan a la cifra nada despreciable de casi 100 pesetas en cada expediente, lo que indica que el matrimonio gastó unas 200 pesetas en la tramitación de las dos revisiones. Recordemos que, en la documentación oficial, ambos están en la categoría de 4000 pesetas anuales, lo que daba una cifra que no llegaba a las 11 pesetas diarias, para tener una cifra comparativa. Este sistema de recaudación de impuestos fue abolido en España en 1986.
Lo extenso en el tiempo del proceso, así como la abundante documentación recogida y a la que, por otro lado, hemos accedido por profundizar en las referencias que en ella aparecen, nos han dibujado un mapa clarividente de los órganos de poder y de las directrices que éstos seguían, sustentadas en un modelo legal que, a golpe de BOE, iba poniendo negro sobre blanco los principios inspiradores de la dictadura, en la que, junto al protagonismo del militarismo, se yerguen la Iglesia y la Falange, como sus dos pilares sustentantes; es decir, fascismo clerical en estado puro. Y en ese escenario, una serie de personajes de segunda o tercera fila, medrando por salir de la miseria en la que el país se encontraba, apoyados en un “haz” de consignas y guiados por el “afán” del oportunismo.
La España de la mediocridad, plagada de individuos, la mayor parte de ellos varones, que sólo habían destacado en el apoyo incondicional de la nueva realidad y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de prosperar en ese tiempo, a base de golpes de pecho, un patriotismo barato y una sumisión absoluta a las autoridades que realmente tenían la sartén por el mango, puesto que los que realmente mandaban, no eran tantos. La depuración evidencia esa España de medio pelo, de gente sin escrúpulos, algunos con serias dificultades a la hora de redactar o escribir con una caligrafía entendible los informes que ejecutaban sin ningún tipo de criterio ni de racionalismo, pero que servían para quitar de en medio a cualquier profesional que hubiera “alardeado del Frente Popular”, o hubiese asistido a un acto con el ministro del ramo.
Por otro lado, también configura cómo el aparato franquista se puso en marcha, acumulando persecuciones y diversificándose en multitud de actuaciones, tal vez menos conocidas -como la incautación de bienes- y de instituciones que servían de instrumento para el control de la población. Muchas de ellas no desaparecieron de forma inmediata tras la muerte del dictador. No obstante, sus archivos, nos dejan esa fotografía nítida de cómo el estado se puso en contra de sus habitantes.

Notas

1. Entre otros cargos, ocupó el sillón del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en calidad de lo que, seguramente, participó en ese encuentro al que asistieron José y Rosa.
2. Perteneció a la Asociación Católica de Propagandistas, llegando a ser procurador en Cortes. El 28 de enero de 1938 pasó a formar parte de la Comisión de Cultura y Enseñanza, para percibir sus honorarios como catedrático de la Universidad de Valencia.
3. Este cuerpo que se había originado para atender a la vigilancia de costas, fronteras y la lucha contra el fraude y el contrabando, fue creado en 1829. Cuando el levantamiento que dio comienzo a la guerra, aproximadamente dos tercios de sus efectivos se mantuvieron fieles al gobierno. Durante el conflicto jugaron un papel importante, como en la Brigadas Mixtas. Esto fue el motivo por el cual, los vencedores suprimieron este cuerpo y sus funciones pasaron a ser asumidas por la Guardia Civil.
4. Estamos a la espera de recibir el expediente del Tribunal Militar Territorial nº 1 de Madrid, en el que aparece alguien con ese nombre, implicado en un juicio sumarísimo. Esta persona, además comparte apellidos con un destacado jefe militar de la República: Nilamón Toral Azcona.
5. Muy cercana al padre fundador, fue la primera en ser elegida Superiora General de las Religiosas Operarias del Divino Maestro, conocidas como avemarianas.
6. Esta orden, en concreto, tiene vinculación con la enseñanza, ya que su fundador, Miguel Fenollera Roca, de alguna manera, continuó con la labor iniciada por Andrés Manjón con la fundación de colegios, que se conocen como Escuelas del Ave María.
7. Fue rector salesiano de la Institución Sindical Virgen de la Paloma –entidad en la que Mamano y Tatay obtendrán otro apoyo– durante 15 años y también dirigió el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Por la ORDEN de 9 de julio de 1953, le fue concedida «al Reverendo Padre Esteban Ruiz González» la Medalla al «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de plata, de segunda clase.
8. Se llamaba escuela graduada a la que ofrecía enseñanzas según los grados de conocimiento que tenía el alumnado. Es decir, que no eran unitarias en las que había diferentes niveles educativos, sino que se habían homogeneizado las clases, ya que, en sentido estricto, no había cursos como los de la actualidad.
9. Este grupo escolar, que sigue estando activo, se inauguró en 1907, con la presencia del rey Alfonso XIII y el presidente del Gobierno, Antonio Maura. Seguramente, Josefa González debió ser la directora de la sección de niñas del mismo.
10. Aparte de director del centro, llegó a ser vocal y asesor del Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, según orden del 1 de junio de 1952. BOE nº 153.
11. Este centro se inauguró en 1907 y después de la Guerra de España, una vez reconstruido, es cuando se abre como centro de capacitación obrera en 1942. En la actualidad, es un IES enfocado hacia la formación profesional.
12. Por la Orden 24/3/1944, BOE 86 de 1944, se aprobaron las normas reguladoras de este servicio, dependiente del Ministerio de Justicia para observar la conducta político-social de libertad condicional para quienes gozaban de indulto, del que fueron beneficiarias, algunas personas acusadas de subversión marxista.
13. Este magistrado estaba a punto de cambiar de destino. El 21 de enero fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado nº 1 de Sevilla. BOE nº 64 del 5 de marzo de 1949.
14. Por Orden del 2 de enero de 1948, aparecida en el BOE nº 174 del mismo año, se nombran estos cargos, que asumirán la continuidad de los procesos depuradores en cada provincia.
15. En San Roque se encontraba el juzgado en el que se dirimían también los conflictos linenses.
16. Fue promulgada aún sin concluir la guerra, el 9 de febrero de 1939 y publicada en el BOE del día 13. Enrique Suñer Ordóñez fue el primer presidente del tribunal que se creó, bajo los siguientes criterios: “reconociendo la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la patria (…) y buscando liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión”. Esta ley tenía un carácter retroactivo, ya que juzgaba hechos ocurridos antes de su promulgación y que habían sido legales, como la pertenencia a partidos y entidades políticas durante la República.
17. Nacido en Lugo, en 1897, perteneciente a una familia dedicada a la docencia, fue autor de una serie de libros de didáctica, director de la Normal de A Coruña y llegó a ser nombrado consejero nacional de Educación. Hombre de gran fe, también presidió la Juventud Católica de Ourense.
18. Blas Fernández fue uno de los oficiales del ejército franquista, un alférez provisional, que solicitó ser admitido en el cuerpo de maestros, incorporación que se registró en la Orden del 6 de julio de 1940, BOE 194 de mismo año. No obstante, se ve que prosperó, tanto en la Falange, como en la política linense, llegando a convertirse en un personaje con cierta popularidad.
19. Una especie de organismo controlado por la Falange para supervisar la enseñanza, que nació con el fin de convertirse en una especie de sindicato vertical que aglutinase al profesorado de todas las etapas educativas, con el objetivo de suplantar los valores y las metodologías pedagógicas de la República.
20. Si damos por bueno el año de su inauguración en 1935, José Mamano, destinado en La Línea desde 1933, debió impartir clases con anterioridad en otras escuelas, como las llamaban, ya que eran aulas individuales repartidas por las ciudades.
21. Fue herido en 1938 y se reintegró al servicio el 30 de noviembre del mismo año, ascendido a coronel. En 1951 era el jefe del Regimiento de Infantería Motorizada Pavía 19, que se encuadraba dentro del cuartel de San Roque, cargo que ocupó hasta 1953. Este regimiento participó, con posterioridad, en maniobras para reprimir los ataques marroquíes sobre el territorio de Sidi Ifni, controlado en aquellos momentos por España (1957).
22. En San Roque ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo el cuartel Diego Salinas. Fue construido en 1774 y llegó a tener una capacidad de entre 6/7 mil soldados. Hasta que se cerró con la llegada de la democracia, era el centro militar del Campo de Gibraltar.
23. De ideología fuertemente conservadora, Teresa fue una autoridad en materia educativa en la provincia de Cádiz. Con anterioridad a formar parte de la Comisión Depuradora, había promovido la creación de la Escuela Sanatorio Fermín Salvochea, conocida como la escuela de la playa, poco antes de la proclamación de la República. Teresa fue la directora de este centro destinado a atender al alumnado más necesitado, enfermo y desnutrido
    En la Comisión Depuradora tuvo un papel importante, llegando a instalar en ella a Diego Domínguez, su compañero en el proyecto de la escuela sanatorio y a su yerno, Cayetano Súnico. (Gutiérrez, 2008).
24. En 1953 aparece nombrado como suplente para el tribunal para maestros de Alicante. BOE 294 de 1953. Por cierto, los tribunales estaban integrados por un profesor de la escuela de Magisterio, un inspector de primaria, tres maestros y un sacerdote.

Fuentes

• • Archivo General de la Administración, expediente nº: AGA 32/13339.
  • Archivo Central de Educación: caja 83716, expedientes 4554 (José Mamano) y 4555 (Rosa Tatay).
  • Revista Escuela Española
  • Carlos Jiménez Lemaur, párroco de Ntra. Sra de los Dolores (Madrid)
  • BOE, nº 363 de 1937, Rosa Tatay queda apartada del servicio.
  • Depuración José Mamano
  • Orden extinción Comisión Depuradora y creación de Juzgado Superior de Revisión de expedientes
  • Revista El Magisterio Españo
  • Obra sindical. Formación profesional
  • Necrológico salesiano
  • Decreto por el que se declaran fuera de la ley a los partidos y agrupaciones integrantes del Frente Popular
  • Decreto nº 108, 1936, Incautación de Bienes
  • BOE 1944-86. Orden del 24/3/1944. Normas reguladoras del Servicio de Libertad Vigilada
  • Gaceta de la República. Ascenso al sueldo de 5000 ptas. 19/171938
  • Boletín Oficial del Instituto de Carabineros con el nombramiento de José Mamano Tatay. 2/7/1938
  • Nombramiento de Diomedes Palencia Albert, miembro del Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional
  • BOE, 112/1945, nombramiento Vicente Jorge Ochoa juez de Segorbe
  • BOE, nº 64. Nombramiento de Vicente Jorge y Ochoa
  • BOE, nº 22 de 22 de enero de 1955. Nombramiento Vicente Jorge y Ochoa en Murcia
  • BOE, 268 1959 Nombramiento magistrado Murcia, Vicente Jorge Ochoa
  • Expediente académico Vicente Jorge Ochoa
  • Ley de 19 de febrero de 1942 sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas
  • Concesión medalla al Reverendo Padre Esteban Ruiz González
  • Regimiento Motorizado Pavía nº 19
  • Pablo Otero Sastre, tribunal de maestros
  • Timbres y papel sellado. Archivo Histórico Provincial de Málaga
  • Nombramiento vocal Diomedes Palencia
  • BOE, medalla al trabajo para Esteban Ruiz González, rector salesiano
  • Gaceta de la República, recolocación Rosa Tatay
  • Ley de Responsabilidades Políticas
  • José Táboas Salvador
  • Colegio Público Santiago (La Línea)

 

Bibliografía

• • Del Manzano Pratts, Miguel (1028): Alcaldes en la primera mitad del siglo XX (XI). Enciclopedia de La Línea. Europa Sur
  • Fernández Cárcar, Miguel (2023): Los cambios en la España de posguerra (1939-1959) y su repercusión en el sistema educativo. Universidad de Navarra. Historia Digital Año XXIII, Número 42
  • García Díaz, Jesús Manuel (2017): La depuración del Magisterio nacional en A Coruña.
  • Gutiérrez Nieto, Cándido (2008): Del pupitre del magisterio. Universidad de Cádiz
  • Herrera Urzaiz, Iván (2013): La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en los partidos judiciales de Barbastro, Benabarre, Tamarite, Boltaña y Fraga.
  • Iglesias, María Antonia (2016): Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires. La esfera de los libros.
  • León Rojas, José (2016): Incautación de bienes y aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Tarifa: el caso de José Pérez Pérez. Aljaranda, nº 89.
  • Marín García de Robles, José Pedro y Moreno Egido, Álvaro: (2015): Los expedientes de revisión de depuración del Magisterio español en el Archivo Central de Educación (ACME).
  • Morente Valero, Francisco L. (1997): La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943). Ámbito.
  • Sígler Silvera, Fernando (2008): La ocupación del Ateneo pp. 45 – 47, en El Ateneo intervenido 1939-1946. Ateneo de Madrid.