La voz de Mora Rojas iba a ser una de las más escuchadas en la asamblea de alcaldes de la provincia celebrada en Cádiz el 12 de julio de 1936 para reclamar del Gobierno una efectiva lucha contra el paro obrero al formular numerosas propuestas que serían aprobadas por los allí reunidos y resultando elegido posteriormente para formar parte de la comisión que debía llevar a Madrid sus conclusiones.
Ciertamente este dirigente socialista se había destacado en Tarifa como una persona comprometida en la mejora de las condiciones de los trabajadores de la campiña y no dudó en impulsar desde el gobierno municipal diversas iniciativas tendentes a defender sus derechos laborales, lo que le granjeó por igual el apoyo de las masas obreras y el rechazo de las clases acomodadas de la localidad. Su figura, controvertida aún hoy, sigue suscitando posiciones encontradas y simboliza como ninguna otra la Segunda República en Tarifa.
Amador Mora Rojas había nacido en Córdoba y siguiendo la tradición familiar estudió la carrera de Magisterio. Trabajó como docente en la provincia de Ciudad Real, donde al parecer fue elegido concejal durante el régimen de Primo de Rivera (1). A mediados de la década de los años veinte era destinado a Tarifa, donde sería nombrado director del colegio Miguel de Cervantes. Estaba casado con Antonia Marín Muñoz, natural de Jaén, y tuvo cuatro hijos: Miguel, Carmen, Antonia y Juan.
En 1930 fue elegido miembro de la Junta Electoral Municipal. Pero su irrupción en la vida política municipal iba a producirse un año más tarde coincidiendo con la convocatoria de las elecciones municipales que iban a suponer el fin de monarquía y el advenimiento de la República. Así en marzo de 1931 lo encontramos presidiendo el comité ejecutivo de una nueva formación política denominada Agrupación Derecha Republicana, para ser elegido posteriormente presidente de Comité Republicano de la localidad. Sin embargo, estas elecciones conocieron en Tarifa el triunfo de la candidaturas monárquicas agrupadas en torno a Carlos Núñez y Manso, en tanto que los republicanos no obtuvieron ninguna representación. Pero tras el 14 de abril el comité republicano de Tarifa convocaba a la población ante el ayuntamiento para darle la bienvenida de una manera oficial al nuevo régimen e izar la bandera republicana. A lo largo de esa jornada, Mora Rojas, uno de los oradores que se había dirigido al pueblo desde el balcón del consistorio, recibió de manos del anterior primer edil monárquico el bastón de mando. Posteriormente, el nuevo gobernador provincial ratificaba esta política de hechos consumados e instaban a los representantes del comité a la formación de una comisión gestora, que fue constituida el día 17, pasando a ocupar el hasta ahora presidente de los republicanos locales el cargo de alcalde. Pero la delicada situación de ciudades como Tarifa, donde habían triunfado los monárquicos y gobernaban los republicanos, provocaría la intervención del Gobierno de la nación que autorizaba la convocatoria de nuevas elecciones en aquellos lugares donde habían sido impugnadas por sospechas de falseamiento electoral, como era el caso de esta localidad, donde tanto los republicanos-socialistas como los liberales-demócratas acusaban a los monárquicos de ejercer todo tipo de coacciones sobre el electorado. Los nuevos comicios, a los que ya no concurren los monárquicos, conocieron la victoria de la conjunción republicana-socialista encabezada por Mora Rojas.
Alcalde
El 5 de junio de 1931 se constituye el nuevo Ayuntamiento y Mora Rojas fue elegido alcalde con 12 votos de los concejales presentes por 5 que obtuvo Antonio Barrios Delgado (2). En sus primeras palabras el nuevo alcalde se ofreció a todos “(…) sin distinción de clases ni partidos para realizar una honrada y provechosa administración, defender los intereses morales y materiales de la ciudad en todos sus aspectos y atender todas las iniciativas(…)” (3). Se integraba además en la comisión de Beneficencia.
Durante los dos años que permaneció al frente de la alcaldía, ya dentro del partido socialista, se pueden delimitar dos líneas o dos objetivos preferentes en su actuación política. El primero de ellos fue contribuir desde los poderes públicos a aliviar la situación de las clases menos favorecidas de la población, y el segundo el fomento de la enseñanza pública a fin de dotarla de unas mejores condiciones materiales para dar cumplimiento al precepto constitucional de hacer extensiva la educación a todos los ciudadanos. El viejo axioma de Joaquín Costa que defendía que los problemas de España se solucionaban con escuela y despensa. Por lo que Mora Rojas, más que un revolucionario, se nos presenta como un regeneracionista preocupado por los problemas que más acuciaban a la patria.
En Tarifa la situación era tan crítica entre las masas obreras que el propio ayuntamiento quiso anticipar la reforma agraria confiando en la pronta aprobación de la ley que anunciaba el gobierno republicano-socialista. Apremiado por esta realidad, desde el Ejecutivo se aprobaron una serie de decretos que pretendían poner en práctica algunas medidas en tanto fuese debatida la ley en el Congreso. Esta legislación recogía ya aspectos tales como la intensificación de cultivos, que permitía la ocupación temporal de las fincas; el laboreo forzoso, que obligaba a los propietarios a cultivar las fincas insuficientemente explotadas; la Ley de Términos Municipales, que decretaba que el ámbito de contratación de la mano de obra fuese el término municipal; o la prioridad de las organizaciones obreras en los arriendos de las fincas para practicar la explotación colectivas de las tierras. Medidas todas ellas que pretendían ciertamente anticipar la reforma y que el ayuntamiento de Tarifa iba a aplicar para aliviar la situación de los campesinos. Además el Instituto de Reforma Agraria (IRA) debía financiar algunas de estas iniciativas, aunque el excesivo retraso en la consecución de los créditos, así como en general todo el proceso de aplicación de la reforma agraria impacientaría a las organizaciones campesinas. Buena parte de la gestión de Mora Rojas estuvo encaminada a recabar el concurso de los poderes públicos para acelerar unas reformas que consideraba imprescindibles a fin de aliviar la situación social.
Esta preocupación por la denominada cuestión social quedaba de manifiesto de una manera clara desde sus primeros días de gobierno cuando promovía iniciativas en ese sentido. Incluso desde antes de su proclamación oficial como alcalde, Mora Rojas se desplazará a Cádiz para entrevistarse con el gobernador civil para paliar el paro obrero impulsando obras con cargo al capítulo de imprevistos, así como entablando negociaciones con los fabricantes de harinas para conseguir una rebaja en el precio del pan que se distribuía en la localidad (4). O la colocación de un total de 58 obreros enviados por el alcalde de Facinas para que fuesen ocupados entre los mayores labradores de la campiña. Y ante la resistencia de muchos de ellos a iniciar las faenas agrícolas, desde la alcaldía les instará a impulsar sin demora estos trabajos “sin dar lugar a que actuase la comisión de policía rural”, que no obstante comenzaría a actuar unas semanas después (5). En otras ocasiones era el propio ayuntamiento quien tenía que socorrer a obreros desempleados.
Para regular todas estas iniciativas que desde el gobierno municipal se iban impulsando, el 14 de agosto de 1931 se constituyó una Comisión Especial Gestora que había sido creada por decreto de fecha 18 de julio del mes anterior y que estaba presidida por el alcalde y en la que estaban presentes dos concejales del ayuntamiento, además de una representación de la patronal de la localidad y del Centro Obrero de Oficios Varios de Tarifa y su demarcación municipal. Una de sus primeras tareas fue la confección de un censo obrero, así como solicitar del Gobierno Civil el destino de una parte de la contribución al sostenimiento de los obreros en paro para que fuesen costeadas con el importe de la décima sobre la contribución territorial e industrial, así como la aprobación de un plan de obras municipales en las que tendrían preferencia aquellas “que redunden en beneficio de la higiene y sanidad local y de éstas las que absorban mayor cantidad de jornales”. A partir de entonces todas estas iniciativas iban a quedar encauzadas a través de este organismo que obtendrá un anticipo reintegrable por parte del Estado para llevar a cabo el plan propuesto durante un año (6.) Y una vez agotados estos fondos, la comisión, ante la persistencia de la crisis obrera, impulsará nuevas obras tanto en Tarifa como en Facinas consistente en el arreglo de calles, construcción de madronas y empedrado hasta agotar los recursos con que contaba el ayuntamiento para este capítulo (7).
Por otra parte la promulgación de la Ley de Reforma Agraria iba a permitir a algunas poblaciones reivindicar la propiedad de las sustraídas siglos atrás de los bienes de propios por la nobleza. La nueva situación política ofrecía el marco legal idóneo para intentar el rescate de estas propiedades que se venían reclamando. En Tarifa la existencia de un viejo pleito con la casa ducal de Medinaceli recordaba la larga lucha mantenida por la recuperación de las tierras comunales usurpadas por la Grandeza de España. El origen de este pleito estaría en las donaciones de los reyes castellanos a la nobleza a mediados del siglo XV (8) La ciudad iba a reivindicar durante los siglos posteriores la incorporación de Tarifa a la Corona y la devolución de las tierras, ya que el dominio señorial no se podía justificar. Las sucesivas sentencias serían favorables a la ciudad al carecer los señores de cualquier base legal y no disponer de los títulos de propiedad. Pero la pérdida del señorío no supuso el fin del dominio de la nobleza sobre las dehesas, que la ciudad siguió reclamando. El pleito continuaba sin resolverse y a lo largo del siglo XIX estaría presente en el programa o en la actuación de numerosas fuerzas políticas de la localidad (9). Los detentadores, al no poder alegar títulos de propiedad, habrían incumplido sistemáticamente todas las sentencias favorables al pueblo de Tarifa. Incluso se denunciaba la sospechosa desaparición de los legajos que recogían la documentación de este proceso. Pero ahora con la llegada de la Segunda República el ayuntamiento hacía suyas estas aspiraciones y reproducía un artículo publicado en un diario madrileño para ser distribuido entre la población titulado Como perdieron los pueblos sus bienes comunales que contenía la historia de todo el contencioso. La corporación quería con ello “que todos los vecinos sepan cómo se les despojó de una riqueza que a todos pertenecía”. En el texto se denunciaban las irregularidades cometidas por la casa ducal que explicaría la dilación de un pleito que duraba ya casi cuatro siglos (10). Tarifa era entonces uno de los municipios de la provincia con una mayor concentración de la propiedad. Fernando Fernández de Córdoba Pérez de Barradas, duque de Lerma, ocupaba la segunda posición entre los terratenientes de nuestra provincia y tenía sus principales posesiones en este término con un total de 7.274 hectáreas, destacando la finca de Tahivilla con 1.354 hectáreas (11).
El ayuntamiento de Tarifa quiso aprovechar la discusión de la Ley de Reforma Agraria en las Cortes para plantear este asunto. Por ello el propio alcalde iba a desplazarse a Madrid al frente de una comisión municipal para plantear ante el ministerio de Agricultura y los diputados gaditanos este asunto a fin de que la futura ley contemplara “la devolución al pueblo de los terrenos que le fueron arrebatados o usurpados” (12). Además de Mora Rojas, participaban el teniente de alcalde Pérez Pérez, José Miranda de Sardi, del Sindicato de Pequeños Labradores, y Diego López Rubiales, del Centro Obrero de Oficios Varios de Facinas. Ya en la capital española se les sumó el ingeniero tarifeño Manuel Díaz Donda, director de las obras del puerto de Algeciras. Posteriormente en la sesión del 12 de febrero de 1932 Mora Rojas daba cuenta del viaje y se mostraba optimista en cuanto al resultado de sus gestiones toda vez que había obtenido del ministro de Agricultura, quien le habría mostrado personalmente las líneas generales de la reforma, el compromiso de que la futura ley iba a contemplar el rescate de los bienes comunales. Por ello anunciaba al pleno que las dehesas serían rescatadas sin indemnización y que al recuperarse estos bienes comunales se podrían suprimir muchos de las “exacciones que hoy se hacen pagar con el consiguiente encarecimiento de los artículos de primera necesidad”. Y terminaba revindicando un “derecho que nunca se debió dejar prescribir y que gracias a la República no prescribirá” (13).
Dentro de esta línea de apelar directamente a las autoridades de la República conocemos otras iniciativas o propuestas del ayuntamiento presidido por Mora Rojas encaminadas a mitigar el paro forzoso en la zona de Tarifa y su entorno. Así en abril de 1932 obtenía el apoyo de los ayuntamientos de Vejer y Medina Sidonia a una petición dirigida al ministro de Obras Públicas para la construcción de un pantano en la laguna de la Janda, o en su defecto la desecación de la misma para ponerla en cultivo, ya que “la realización de dicha obra había de repostar incalculables beneficios” (14). La propuesta había partido del teniente de alcalde Chamizo Morando (15), sin duda otra de las figuras más relevantes del republicanismo local. Para impulsar este proyecto se había recabado el apoyo de los diputados gaditanos Roma Rubíes y Rodríguez Piñero, quienes se habían ofrecido al municipio para realizar las gestiones en Madrid.
El alcalde llevará a cabo también una política activa de mediación en cualquier conflicto laboral en el término municipal; así en abril de 1932 gracias a su intervención directa se conseguía poner fin a la huelga de obreros del campo ante la resistencia de los patronos a realizar las faenas agrícolas propias de la estación. Mora Rojas había denunciado dicha falta de laboreo a la sección agronómica, tras lo cual se personó en la localidad un técnico de esta organismo para hacer el preceptivo informe en estos casos de “resistencia injustificada”. Esta iniciativa del alcalde habría desbloqueado el contencioso consiguiendo que patronos y obreros firmasen un acuerdo en su despacho (16). La subida en el precio del pan será otro asunto que preocupaba especialmente a Mora Rojas, por su repercusión directa en las capas más desfavorecidas, y que en algunos casos encontraba injustificado, no dudando en recurrir al propio gobernador civil (17).
Las obreros del puerto centraron también la atención del Ayuntamiento. Y para buscar una solución rápida al conflicto de los trabajadores que solicitaban el aumento de sus salarios, y siguiendo las indicaciones del diputado Manuel Muñoz Martínez, no dudará en viajar de nuevo a Madrid, en esta ocasión acompañado por los tenientes de alcalde Chamizo Morando y Pérez Pérez, para entrevistarse con los responsables del Ministerio de Obras Públicas (18). Y aunque en esta ocasión el viaje no obtuvo los resultados esperados, su impresión será bien distinta respecto al proyecto municipal para enlazar el puerto con la carretera general.
Pero será el problema agrario el que sin duda continuará preocupando en mayor medida a los miembros de esta comisión presidida por el alcalde. Por ello durante este segundo viaje se reunirá con el diputado Roma Rubíes a fin de presentar una enmienda a la base séptima del proyecto sobre reforma agraria para que los “expedientes posesorios no se estimen como título legítimo de adquisición para conservar la propiedad cuando, como ocurre en el caso de Tarifa, exista alguna sentencia, sea cual sea la fecha en que se dictara, por la que se reconozca el despojo o usurpación y se ordenara la devolución a los pueblos de los bienes usurpados” (19). Y sólo unos meses después, una vez que Gaceta de Madrid publicaba una disposición en este sentido, el ayuntamiento en sesión de 27 de enero de 1933 acordaba autorizar a Mora Rojas para que en nombre del municipio instara al Instituto de Reforma Agraria a proceder al rescate de las tierras en litigio (20).
En septiembre de 1932 fue aprobada en las Cortes la Ley de Bases para la Reforma Agraria que establecía trece criterios para la expropiación de las tierras y se disponía la confiscación sin indemnización de las propiedades de la Grandeza de España. Pretendía, además, poner fin al contencioso histórico que sostenían algunas ciudades al posibilitar que el IRA pudiera rescatar los bienes comunales sustraídos por la nobleza. La finca Tahivilla figuraba en el inventario de fincas expropiables, en aplicación de los criterios comprendidos en los apartados 12 y 13 de la base 5º (21). Pero la reforma sería aplicada por el Gobierno azañista con muchas limitaciones debido a su lentitud y a las dificultades burocráticas. La incautación de Tahivilla no se efectuó hasta dos años después, en agosto de 1934, ya bajo el gobierno radical, y el primer asentamiento en el mes de octubre, consistente en 70 campesinos en régimen de explotación individual y el aprovechamiento de los pastos en régimen colectivo, contemplándose también la concesión de créditos a los asentados.
Pero como quiera que la situación de paro forzoso continuaba siendo una realidad acuciante en la localidad, en algunas ocasiones será el propio ayuntamiento quien intervenga para impulsar algunas iniciativas de los propios trabajadores ante la resistencia de una parte de los propietarios locales para poner en cultivo sus fincas. Así en febrero de 1933 el ayuntamiento daba curso a una propuesta de las sociedades obreras para tomar tierras en régimen de arriendo colectivo en varias fincas del termino acogiéndose al decreto del Ministerio de Agricultura sobre intensificación de cultivos, y para garantizar la operación no dudaba erigirse en entidad responsable y solidaria del contrato que debía otorgar el IRA (22) Por lo que sólo un mes después aparecía en la Gaceta de Madrid un decreto aprobando los expedientes instruidos para la intensificación de cultivos de las fincas conocidas con los nombres de Acíscar, La Haba, Tahivilla, Tapatana, Brocón, Baja y Matapotros, todas ellas en el término municipal tarifeño. Entendía el gobierno municipal que con ello debía quedar resuelto en gran parte el paro en que se encontraban muchos obreros agrícolas, debido, principalmente, a “la actitud en que se hallan colocados los más de los labradores de las localidad, que se resisten pretextando causas diversas a realizar las faenas o labores que se deben practicar, pues si así no fuera no se explicaría como sembrándose ahora lo mismo o más que antes de la República, antes se precisaba de obreros extraños a la localidad y ahora sobran con los de ella” (23).
Iniciativas educativas
Otra cuestión que centrará la atención de Mora Rojas, como ya hemos apuntado, será la educativa. Por ello durante su mandato se producen diversas iniciativas para mejorar las condiciones del grupo escolar que ya existía y crear nuevos centros en el entorno rural, incluso sin esperar a que lo hicieran las autoridades educativas. Así el 30 de septiembre de 1931 anunciaba a la corporación la creación con carácter provisional de un total de nueve escuelas repartidas entre Facinas y distintos lugares del término municipal. En la mayoría de los casos ya se contaba con los locales para ello y solicitaba al resto de concejales que para comenzar el curso sin dilación fuese el propio ayuntamiento quien corriera con los gastos durante el primer trimestre y, ya que no existía ninguna cantidad consignada pare ella, se abonase con cargo al capítulo de imprevistos, como así se hizo (24) . Por lo que el primer curso escolar bajo el régimen republicano conoció un considerable incremento de la población escolar gracias a esta apuesta de la corporación tarifeña por la educación. Las pertinentes autorizaciones llegarán con posterioridad. Porque esta cuestión de las escuelas rurales creadas por el municipio estará presente también en la agenda de la primera comisión tarifeña desplazada a Madrid a principios de 1932, allí se facultará a su ayuntamiento “a establecer una escuela en cada caserío o grupo donde se reúnan niños de ambos sexos en número superior a diez”. Por lo que el municipio se comprometía a “realizar el máximo de sacrificios para establecer cuanto antes el número de escuelas que el campo necesite” (25).
Otro ambicioso proyecto municipal será la creación de una cantina en las escuelas de Tarifa para dar de comer a sus alumnos. Se trataba de un asunto de una gran envergadura, que marcará, como la cuestión obrera, la gestión de Mora Rojas en el ayuntamiento. Un asunto complejo e incluso controvertido porque implicará muchos sacrificios, dadas las limitaciones y la escasez de recursos municipales para mantener este servicio. Una apuesta personal de Mora Rojas. Porque el voluntarismo del alcalde tarifeño permitió iniciar este servicio en enero de 1933 con un acto al que acudieron las autoridades y representantes de diversas entidades locales. Inicialmente la cantina diariamente proporcionaba comida a 70 niños de la escuela pública, aunque Mora Rojas manifestaba su deseo de aumentar esta número hasta 100. En las tareas diarias le ayudaban su mujer y una de sus hijas que se habían comprometido con el proyecto sólo “por el interés que le mueven los niños pobres de la localidad” (26).
A partir de entonces los gastos generados por esta cantina escolar, así como su fiscalización, será un asunto motivo de debate en las sesiones de la corporación municipal. Incluso la insistencia de los concejales para que se llevara con rigor la contabilidad provocaría la airada reacción del alcalde que decía no entender el celo que se podía en este asunto cuando no se hacía lo propio con el dinero que entregaba el ayuntamiento a una comunidad de religiosas para el sostenimiento del hospital de caridad y asilo de ancianos, proponiendo la formación de otra comisión para ello (27).
Esta propuesta se encontró con el rechazo de algunos concejales, que incluso declinaban pertenecer a la citada comisión, pero el propio Mora Rojas alegaba que tras visitar el hospital entendía que no se justificaba debidamente la inversión realizada por el ayuntamiento, denunciando algunas irregularidades de las religiosas en la gestión de los fondos municipales “que no se gastan allí las cuarenta pesetas diarias que el Ayuntamiento entrega” y lo comparaba con el servicio que prestaba la cantina que con la misma cantidad daría de comer a más de 100 niños. Por lo que el alcalde tarifeño manifestaba que era hora de que el pueblo supiera que estas instituciones benéficas se sostienen “no por el catolicismo ni por la caridad de los pudientes de la localidad, los que en nada contribuyen a su sostenimiento, sino con lo que este Ayuntamiento laico contrario en su mayoría a las instituciones religiosas satisface con puntualidad” (28).
No será el único roce que tenga con la Iglesia por defender el laicismo de las instituciones públicas. Poco después de ocupar el cargo, en septiembre de 1931, el desfile procesional de la patrona de la localidad sería aprovechado por algunos para hacer manifestaciones contrarias a la República. Y ante las protestas de los concejales por la utilización política de un acto religioso, Mora Rojas denunciaba “la carencia de ideas y sentimientos religiosos en quienes alardean de ellas”, no habiendo dudado en utilizar estos actos para “enemistarlo con el pueblo” (29).
En este contexto, el choque con los representantes de las fuerzas conservadoras de la localidad iba a ser inevitable. Desde el Ayuntamiento, y a iniciativa del teniente de alcalde Chamizo Morando, se quería revisar toda la política llevada a cabo por el consistorio durante la dictadura de Primo de Rivera, denunciando las irregularidades llevadas a cabo (30) y su política de “despilfarro” que habría lesionado gravemente las arcas municipales. En la sesión de 30 de noviembre de 1932 se aprobaba un voto de censura contra el anterior alcalde por su gestión en la construcción de la red de aguas (31). O se censura la conducta de determinados funcionarios contraria al régimen republicano a los que se suspendía de empleo y sueldo (32).
Por otra parte, la oposición iba a aglutinase alrededor del periódico La Unión de Tarifa, controlado por Carlos Núñez Manso, antiguo alcalde durante la dictadura y diputado a Cortes durante la segunda legislatura republicana. Así desde este medio, que no iba a dar tregua al gobierno municipal, se criticaba a Mora Rojas y los miembros de la comisión por haber ido a Madrid a “correr una juerga” a costa del presupuesto municipal. Otras veces se distribuían hojillas impresas entre la población acusando a las autoridades de estar inmersos en “negocios sucios” relacionados con la venta del corcho de propiedad municipal. Era una evidencia que para la mayoría de la población Mora Rojas encarnaba al régimen republicano en la localidad y a él iban a dirigirse todas las críticas, incluso haciéndole responsable de la política del Gobierno. Como de las detenciones de elementos derechistas de la localidad sospechosos de estar implicados en la intentona golpista de Sanjurjo de 1932 (33). En este sentido las críticas desde el periódico conservador iban a ser constantes. Y dentro de este fuego cruzado en el que entró la vida política tarifeña, desde la alcaldía tampoco se ahorraban calificativos dirigidos a sus contrincantes políticos (34). Así para defenderse de las críticas por los gastos de su viaje a Madrid manifestaba que otros “disponen de fortuna adquirida merced a un casamiento ventajoso, en el que tal vez sacrificaran hasta el sentimiento del amor”.
Tensiones
Estas tensiones iban a recrudecerse con ocasión de la campaña electoral de noviembre de 1933 cuando Chamizo Morando daba cuenta de las actividades de “unas comisiones de señoras y señoritas dedicadas desde hace algunos días a solicitar, de domicilio en domicilio, el voto de los electores a favor de los monárquicos”. Según el edil, estas comisiones estaban extendiendo la idea de que si no se votaban las opciones monárquicas “desaparecería la iglesia”, lo que calificaba de “coacción al electorado”. El alcalde, por su parte, respondía que conocía la existencia de esas comisiones “dedicadas a mendigar votos para los monárquicos”, pero que al estar dentro del período electoral lo consideraba como propaganda que él no podía evitar” (35). Pero unos días más tarde aparecieron en la ciudad una serie de pintadas denunciando esa campaña en unos términos que algunos consideraron insultante para las mujeres. Ello iba a desencadenar un movimiento de protesta en la localidad. Porque el 13 de noviembre una multitud de más de tres mil personas, la mayoría mujeres, bloqueaba al carretera nacional a la altura de la población, aprovechando que el presidente del Gobierno debía pasar por Tarifa camino de Málaga. Martínez Barrio venía acompañado por el gobernador civil de Cádiz Alfredo Piqueras Olivares. Los manifestantes consiguieron parar la comitiva, que ambos bajasen para contemplar las pintadas y posteriormente, para calmar los ánimos, se dirigiesen al Ayuntamiento donde, en ausencia del primer edil, el gobernador prometía hacer todo lo que estuviese en su mano para proceder a una manera inmediata a la destitución del alcalde.
Unas horas después, Piqueras informaba por teléfono de todo lo ocurrido al ministro de la Gobernación, y al día siguiente remitía un telegrama donde calificaba las pintadas que había visto de “infamantes e indecorosas contra las mujeres y los hombres que no votaran a los socialistas, así como otros de carácter sedicioso puestos por el hijo del propio alcalde y varios empleados del municipio”. Y trasladaba al ministro que si no se adoptaban medidas urgentes podrían ocurrir “sucesos desagradables y de fatales consecuencias” (36). Estos sucesos iban a producirse a primera hora del día siguiente. Algunos participantes en la protesta, sin duda envalentonados por el éxito de la maniobra, se dirigieron al colegio del Retiro, donde se encontraban la mujer y la hija del alcalde para preparar el almuerzo de los alumnos, y ante las provocaciones de los manifestantes, acudieron el alcalde y su hijo (37). En el tumulto que se originó, los alborotadores trataron de agredir a ambos. Mora Rojas, sin apenas protección, tuvo que efectuar disparos al aire para contener a la gente. Tras ello se personó la Guardia Civil que apuntando al alcalde lo obligó a entregarse manos arriba junto a Miguel, que sería herido por los manifestantes mientras era trasladado por los guardias (38).
En un primer momento Mora Rojas y su hijo ingresaron en la cárcel de Tarifa, pero después el gobernador atendía el ruego del juez de instrucción de Algeciras para que fuesen trasladados a aquella ciudad para ingresar en la cárcel del partido “en evitación de desórdenes públicos (que) pudieran originarse” por su permanencia en los calabozos municipales (39). Los detenidos quedaban sujetos a la jurisdicción militar. Mientras tanto su esposa y demás hijos tenían que ser protegidos de las iras por la propia Guardia Civil en los locales de la escuela, donde habían encontrado refugio, y para evitar nuevos incidentes las fuerzas de orden tenían que patrullar por las calles de la población.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El día 15, la Agrupación Socialista de Tarifa protestaba mediante sendos telegramas dirigidos al ministro de la Gobernación por la actuación del gobernador civil al que llegaba a acusar de haber “alentado” la protesta “siguiendo manejos del candidato fascista Núñez Manso” y de haber puesto a la Guardia Civil “al servicio de la reacción”. Su actuación en la localidad merecía los más duros calificativos al haber ofrecido la destitución del alcalde tras dejarse “impresionar por (una) manifestación urdida por elementos reaccionarios con fines electorales” y ordenar su detención por “ejercer legítima defensa personal y familia ante la agresión consumada por promotor manifestación día anterior” (40). Ciertamente no era la primera vez que el alcalde centraba la atención del gobernador. Sólo una semana antes de que se produjeran los incidentes, la primera autoridad provincial había trasladado al ministro su sospecha -basada en informes fidedignos que decía haber recibido- de que Mora Rojas sería el instigador de una huelga de obreros declarada en Tarifa y Facinas durante esos días, y pedía al ministro amplias atribuciones para enviar un delegado que actuara con “rapidez y energía” (41). Por otra parte, el diputado gaditano y candidato por el partido radical-socialista, Manuel Muñoz Martínez, desde Algeciras, también se movilizó para hacer llegar al ministro su versión de los hechos. Y hacía una lectura en clave electoralista de los acontecimientos, detrás de los cuales estarían elementos monárquicos con la colaboración del “sector sometido a la influencia del cacique”, que habría escenificado la protesta para crear una opinión errónea sobre el verdadero sentir de la población hacia su primer edil. Por ello pedía al ministro la inmediata libertad de los detenidos para que no se consumaran unos hechos que podrían tener un “efecto desastroso” sobre las fuerzas republicanas de la localidad (42) El ministro, a su vez, remitía al propio gobernador copia del telegrama de Martínez Barrio que contenía una versión de los hechos que difería sustancialmente de la que le había ofrecido la primera autoridad provincial para que surtiera los “efectos pertinentes” (43).
Al Ministerio también legaban otros telegramas de diversos colectivos con pronunciamientos a favor o en contra del alcalde. Así, el secretario de los Trabajadores del Mar de Algeciras calificaba de arbitraria la detención y pedía su pronta liberación. Y en sentido contrario, Acción Femenina, organización conservadora, cuyo comité electoral no dudaba en pedir la destitución del gobierno municipal en pleno por “atropellos y coacciones”. A este última iniciativa se sumaron los representantes del comercio de Tarifa que enviaban otro comunicado con el mismo mensaje apenas unos minutos después (44).
Incluso la masonería llegó a movilizarse por el alcalde tarifeño. Mora Rojas se había iniciado un año antes en la logia Trafalgar de Algeciras perteneciente al Gran Oriente Español adoptando el nombre simbólico de Lenin. En las sesión del 20 de noviembre el venerable maestro daba cuenta de las gestiones realizadas a su favor ante el propio presidente del Consejo de Ministros, y a su vez dirigente de la federación masónica (45). Sin embargo, una vez liberado, no se encontraba con esas muestras de apoyo porque su situación política y personal suscitaba un debate en el seno del taller algecireño donde se censuraba su falta de asistencia a las sesiones y se le recordaba la necesidad de acudir a la logia “ a dar cuenta de su gestión, obligación ineludible que toda autoridad profana, perteneciente a la orden”, a la vez que se criticaba “su falta de delicadeza, estando en estos valles, no haberse dignado visitar a ninguno de los hermanos” (46). Por lo que las circunstancias derivadas de su situación política iban a afectar también su militancia masónica al producirse un progresivo alejamiento de la Orden hasta que finalmente la logia Trafalgar acordaba en agosto de 1934 por unanimidad dar a Mora Rojas de baja por falta de asistencia y pago.
Mientras tanto el Juzgado de Instrucción acusaba a los detenidos de “incitación a la rebelión y uso de arma sin licencia” y se decretaba la suspensión cautelar de Mora Rojas como alcalde, por lo que Chamizo Morando tenía que hacerse cargo del gobierno municipal como alcalde accidental. Estos hechos llevaron el desconcierto al interior de las filas de la coalición gobernante y a una cierta parálisis. Provisionalmente algunos servicios dejaron de funcionar, como la cantina escolar, uno de los proyectos más emblemáticos del equipo municipal (47), pese a las gestiones de algunos dirigentes republicanos ante el Ministerio de Instrucción Pública que llegó a conceder una subvención de 3.000 pesetas (48) que sin embargo no iban a evitar su definitiva desaparición (49). Todo ello coincidía, además, con el giro político que se había operado en España tras las elecciones celebradas el 19 de noviembre. En estos comicios el candidato tarifeños por la CEDA, Núñez Manso, resultaba elegido diputado.
Mora Rojas y su hijo salían de la cárcel a los pocos días. Posteriormente, en junio de 1934, el juez de instrucción comunicaba al ayuntamiento que la Audiencia de Cádiz había sobreseído el sumario por “ excitación, sedición y uso de armas” seguido contra su alcalde, y se dejaba sin efecto su procesamiento. A su vez, el Ayuntamiento trasladaba el telegrama al gobernador civil, que respondía que Mora Rojas no podía posesionarse de la alcaldía en tanto siguiese sujeto a la jurisdicción militar. El gobierno municipal entonces iniciaba gestiones ante la justicia militar para aclarar estos términos (50). Pero una semana más tarde llegaba un oficio del propio gobernador civil, quien, en vista de los antecedentes de Mora Rojas, decretaba la suspensión de sus cargos de alcalde y concejal (51). Finalmente, el 6 de octubre la máxima autoridad provincial procedía a la remodelación del gobierno municipal con el cese de los ediles elegidos en 1931 y el nombramiento de un ayuntamiento interino (52).
Suspensión y deportación
Un mes después el mismo Gobierno Civil informaba que “las suspensiones subsisten hasta tanto no se dicte providencia en contrario gubernativa o judicial”, tras recibir instrucciones del Gobierno de la nación. Al mismo tiempo, el Ejecutivo, tras la revolución de octubre de 1934, publicaba un decreto relativo a suspensiones de ayuntamientos y su sustitución por otros interinos, y otro que afectaba a los maestros nacionales que contemplaba su incompatibilidad con los cargos de diputados provinciales y concejales (53).
Pero ya con anterioridad a su cese en el ayuntamiento, la salida de la cárcel de Mora Rojas había suscitado la preocupación del gobernador que realizaba algunas gestiones para asegurarse que iba a continuar apartado de la alcaldía (54). Porque, aunque alejado ahora de la corporación, seguía en la ciudad ejerciendo su profesión de maestro. Pero unas supuestas declaraciones suyas relativas al intento revolucionario de octubre de 1934 iban a provocar de nuevo su ingreso en la cárcel de Algeciras. Tras ello un concejal de la minoría agraria estimaba que se debía “solicitar de quien corresponda que dicho señor no vuelva más a Tarifa, por estar más que suficientemente probada su incompatibilidad con la inmensa mayoría del pueblo” (55). Finalmente, a finales de 1934, las autoridades educativas le instruyeron un expediente y lo declararon incompatible con la ciudad. Ello suponía su traslado al otro extremo de la provincia.
Mora Rojas llegaba a Ubrique en febrero de 1935 para incorporarse a su nuevo destino profesional. Dado lo excepcional de la situación, y las urgencias que demostraron tener las autoridades educativas por alejarlo de Tarifa, el traslado se efectuaba a mitad de curso y sin tan siquiera tomar posesión oficial de la plaza. Sólo una vez finalizado el curso podía celebrarse este acto. Por lo que la toma de posesión se producía cinco meses después de su llegada a esta localidad, el 5 de julio de 1935 (56). Mora Rojas se instalaba en Ubrique pero toda su familia permanecía en Tarifa por lo que solía viajar con bastante frecuencia. Le costó mucho adaptarse a su nueva situación (57), pero una vez superado los primeros momentos de desconcierto, el largo año que estuvo allí iba a aprovecharlo para rodearse de nuevas amistades políticas e incluso desplegar una cierta actividad (58).
Después de las vacaciones estivales, Mora Rojas regresaba a Ubrique en septiembre de 1935 para iniciar un nuevo curso escolar que no iba a finalizar en esta localidad. Porque el 31 de enero de 1936 el Consejo Escolar de Primera Enseñanza daba cuenta su cese. Coincidía ello con el declive del gobierno radical-cedista y el anuncio de unas nuevas elecciones en el mes febrero. Ahora podía volver a Tarifa y recuperar la alcaldía perdida en noviembre de 1933.
Alcalde del Frente Popular
En la sesión del 20 de febrero, tras la lectura de un telegrama de la primera autoridad provincial que ordenaba “reponer en sus puestos” a los concejales elegidos en 1931 al haber cesado la suspensión gubernativa que pesaba sobre ellos, se posesionaba de nuevo del cargo. Sus primeras palabras eran para pedir el apoyo de los presentes a su política consistente en desarrollar una “recta administración y la defensa de los derechos legítimos de los trabajadores” (59). Y se comprometía a dedicar atención preferente al paro obrero “pues había a todo trance que proporcionar trabajo a los parados, que eran muchos”. Por ello anunciaba, tras visitar al gobernador civil en Cádiz, que se había propuesto citar de una manera urgente a los propietarios agrícolas para la inmediata colocación de los obreros del campo “con un jornal mínimo, hasta que no puedan comenzarse las faenas de escarda y colocarse también los que fueron despedidos por sus ideas políticas (60). Y tras ello se congratulaba en anunciar a la corporación que “el paro había desaparecido casi por completo” (61).
Entre las primeras medidas que adoptó fue el envío de un telegrama de pésame a las familias de los obreros caídos en la revolución de Asturias y otro de felicitación a los que habían salido de las cárcel tras la amnistía decretada por el nuevo Gobierno. Y, aunque decía huir de todo tipo de revanchismo, creía que era el momento de exigir responsabilidades a la anterior corporación por su gestión. Así denunciaba el estado caótico en que había dejado las finanzas municipales, el uso electoralista de la cantina escolar que sólo habría funcionado en los días previos a los comicios, o los daños al patrimonio municipal por haber permitido talas abusivas en los montes de propios lo que motivaría una investigación y la tramitación de un expediente para su remisión al juzgado a fin de depurar responsabilidades por irregularidades y abusos cometidos (62) También se acordaba anular el nombramiento de hijo adoptivo con que la última corporación había distinguido al anterior gobernador civil, protagonista de los incidentes de 1933, por “su conducta partidista y amaños caciquiles” (63).
Asimismo, a iniciativa de un grupo de diez concejales, el municipio se pronunciaba ante el expediente que las autoridades educativas provinciales y el Consejo Local de Primera Enseñanza seguían contra Mora Rojas por supuesta incompatibilidad con la localidad. Los ediles quería destacar que su labor educativa había sido merecedora de los mayores elogios “constándole que la labor pedagógica no sólo había sido objeto de alabanzas por parte del pueblo en general, sino que también por quienes tuvieron y tienen a su cargo la inspección de la enseñanza en esta zona”, por lo que la corporación aprobaba por unanimidad que “en manera alguna debe ser declarado incompatible con el vecindario el maestro nacional, el cual debe continuar en la localidad, en la que tan meritoria labor pedagógica supo llevar a cabo, y en la que generalmente se le reconoce y se le agradece dicha labor” (64).
Por otra parte, tras el acceso al poder del Frente Popular, la corporación municipal depositaba sus esperanzas en una rápida aplicación de la reforma agraria (65). La recuperación de la ley en la provincia de Cádiz ya había propiciado nuevos asentamientos de campesinos (66), y un decreto del Gobierno contemplaba un nuevo supuesto que permitía la expropiación de tierras tras su declaración de “utilidad social” por los poderes públicos. Así en una nueva relación se incluía a las fincas tarifeñas Tapatana, La Haba, Navafría y Acíscar, pertenecientes todas ellas al duque de Lerma (67). Pero el hecho de que la Junta Provincial de Reforma Agraria determinara en un primer momento el asentamiento en la dehesa Tapatana de un contingente de campesinos procedentes de Vejer provocaba la oposición municipal tarifeña y las protestas de su primera autoridad ante los órganos competentes. Así Mora Rojas daba cuenta de sus gestiones ante diversos organismos competentes para hacerles ver “lo improcedente y peligroso del acuerdo (…) y la necesidad de que quedara sin efecto(..) toda vez que aquí hay muchos campesinos que asentar” (68). Tras ello, y la posterior visita del jefe del Servicio de Reforma Agraria de la provincia a la localidad, Mora Rojas podía anunciar el definitivo asentamiento de 55 campesinos de Tarifa en la dehesa Tapatana, que debían sumarse a los 134 ya previstos en La Haba, Acíscar y Navafría. Y calculaba que de confirmarse estos datos, un total de 189 asentados, “el paro obrero de este campo quedaría definitivamente resuelto”. Además, anunciaba la adopción de una serie de medidas para apoyar la explotación colectiva de las fincas, como la adquisición de 600 vacas y de un tractor. Por último, el primer edil hacía público la formación de listas de asentados y animaba a todos cuantos fuesen campesinos a anotarse en dichas relaciones. Una vez finalizada su intervención, la primera autoridad local recibía el reconocimiento de la corporación municipal y un edil proponía la concesión de un “voto de gracias” a su alcalde por las gestiones realizadas (69).
Ahora el proceso de aplicación de la Ley de Reforma Agraria se aceleraba. Así en la sesión municipal del 17 de abril el alcalde invitaba a los miembros de la corporación a asistir al acto de incautación de las fincas propiedad del duque de Lerma, poniendo especial énfasis en su importancia, no sólo por lo que significaba en sí mismo, ya que las tierras pasaban a manos del IRA y en ellas serían asentados campesinos de la localidad, sino porque debía ser considerado como un primer paso para una futura recuperación de las propiedad de unas tierras “en un tiempo pertenecientes al caudal de Propios, y usurpadas después”, poniendo así fin a agravio histórico (70). Esta esperanza se apoyaba, según Mora Rojas, en la inmediata promulgación de una nueva ley sobre rescate de los bienes comunales. Por ello a este acto de incautación que llevó a cabo el IRA el 20 de abril en la finca Tapatana acudieron representantes municipales y de las organizaciones políticas y sociales de Tarifa, integrantes todas ellas del Frente Popular. En el acto, en el que intervinieron en representación del municipio Chamizo Morando y Mora Rojas, se hacía saber que el objetivo no era otro que “proporcionar tierras a los campesinos de Tarifa” (71).
Tras la incautación, el director general del IRA, Adolfo Vázquez Humasqué, visitaba el término tarifeño y posteriormente, acompañado por el propio Mora Rojas, la finca La Almoraima en Castellar. Ahora las dehesas tarifeñas pasaban a ser de titularidad pública y en ellas serían asentados campesinos de la localidad. Las autoridades municipales mantenían, por otra parte, sus pretensiones de que pasaran a engrosar los bienes de propios culminando así un contencioso histórico por la recuperación de la tierras.
Mora Rojas participaba también en la asamblea de alcaldes de la provincia que tuvo lugar en Cádiz el 12 de julio de 1936 a iniciativa del regidor de Medina-Sidonia, Ángel Ruiz Enciso, para unificar medidas en la lucha contra el paro obrero (72). En esta reunión, a la que asistieron también el gobernador civil Mariano Zapico y el diputado a Cortes Muñoz Martínez, se pasó revista a la situación agraria y al estado de las obras públicas que debían dar ocupación a los obreros, así como otros asuntos como el absentismo escolar. Cuestiones todas ellas que preocupaban al primer edil tarifeño por lo que iba a tener un destacado protagonismo en los debates. Así Mora Rojas explicó las dificultades con que se encontraba para que se desarrollaran las tareas agrícolas con normalidad y cómo tenía que presionar a “los patronos para el mayor desarrollo de su labor”, así como extremar la vigilancia para evitar la tala forestal clandestina. Además denunciaba la poca efectividad de la ley de laboreo forzoso ya que en el caso de Tarifa existían muchos obreros asentados en tierras poco productivas por lo que llamaba la atención sobre la necesidad de impulsar la incautación de tierras. Asimismo planteaba la situación de otros obreros de la localidad afectados por la paralización de las obras del puerto debido a la negligencia de algunos funcionarios (73). Consiguió también el apoyo de los asistentes a varias de sus propuestas como que la ley de laboreo forzoso se aplicase también a los montes que se encontraban abandonados “con grave perjuicio para la riqueza forestal”, que algunas infraestructuras militares destinadas a la guerra de Maruecos para alojamiento de la tropas fuesen cedidas a la provincia para su utilización como escuelas rurales (74) o que se impulsasen las obras para la desecación de la laguna de La Janda. Asimismo volvía a referirse a la devolución de los patrimonio usurpados, a los funcionarios “desafectos al régimen” y pedía la libertad para los detenidos en la provincia de Cádiz no sujetos a procedimientos. Finalmente, y no sin antes protagonizar un debate en el que reclamó la presencia de un miembro de la minoría socialista, sería elegido junto a los alcaldes de Arcos, Chiclana, Medina, Olvera, San Fernando y Sanlúcar para formar parte de la comisión que debía viajar a Madrid a trasladar al Gobierno sus demandas.
Tras la reunión el alcalde permanecería varios días en Cádiz junto a algunos de sus familiares antes de regresar a Tarifa. Por lo que no estuvo en la última sesión de la corporación republicana que estaría presidida por Chamizo Morando (75). De regreso a Tarifa le sorprende la sublevación militar. Durante los primeros días los sublevados se preocuparon por consolidar sus posiciones en las poblaciones en torno a la bahía de Algeciras para asegurar el desembarco. En tanto que los miembros de la corporación tarifeña confiaban que el golpe fracasara y prevaleciera la legalidad republicana. Sin embargo no pudieron evitar que la mañana del 24 de julio la ciudad fuese tomada por las tropas sublevadas que tenían como uno de sus principales objetivos la captura de Mora Rojas. Por lo que su domicilio iba a ser uno de los primeros en ser asaltados. Pero la búsqueda sería en vano porque tras una huida precipitada se encontraba camino de Málaga junto con un nutrido grupo de republicanos tarifeños. No pudo evitarse, sin embargo, que la represión se cebara con cualquier persona sospechosa de haber tenido alguna vinculación con el antiguo alcalde.
Represalias
Así las represalias alcanzaron en primer lugar a sus familiares más directos. Su esposa, Antonia Marín, tras pasar por la cárcel de Algeciras, sería fusilada en la aldea de Facinas el 14 de septiembre de 1936. Igual suerte corrieron en Cádiz sus hijos Miguel, fusilado el 11 de agosto de 1936, dirigente de las juventudes socialistas locales, que había terminado sus estudios de Magisterio en la capital gaditana, y allí se unió a los republicanos que hicieron frente a los sublevados en el edificio del gobierno civil; y Carmen, a primeros de 1937, bajo la acusación de estar en posesión de dinero procedente de la zona republicana. En tanto que los otros dos hijos menores de edad fueron abandonados a su suerte (76).
Mientras tanto Mora Rojas se alistaba como voluntario en el batallón Pablo Iglesias dentro de una compañía formada por refugiados procedentes del Campo de Gibraltar. La compañía realizaba la instrucción en Baeza y quedaba encuadrada en el 25º Brigada Mixta del Ejército Popular. Mora Rojas fue ascendido a oficial de milicias. En esos días recuperaba su actividad masónica puesto que participaba en la fundación, con el grado 2º y el cargo de Secretario, del triángulo de guerra Estrella Roja el 12 de enero de 1937 en torno a Úbeda – según la terminología masónica “en los valles del Ejército del Pueblo”-, jurisdicción de la 25º Brigada Mixta, según recoge el acta legalizada unos días más tarde por la Gran Logia Regional del Centro de España instalada en Valencia. La compañía entraba en combate en el mes de marzo de 1937 pero en una de sus primeras acciones Mora Rojas encontraba la muerte en una operación desgraciada y confusa puesto que sería víctima del fuego artillero de su mismo bando. Tras lo cual fue enterrado en el cementerio del municipio cordobés de Alcaracejos, quedando registrada la defunción en el juzgado de Pozoblanco (77).
Finalizada la guerra civil, los vencedores del conflicto bélico tampoco iban a olvidarse del alcalde tarifeño. Así el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, a través de su juzgado nº 1, abría las diligencias 33/ 1946 contra Mora Rojas, pero en mayo de ese mismo año tenía que archivar las actuaciones en tanto “el encartado se presente o sea habido”. Un año después, la Dirección General de Seguridad informaba que existían indicios de que había muerto en Peñarroya “cuando ostentaba mando superior en las fuerzas marxistas” (78).
Por otra parte, el ayuntamiento de Tarifa acordaba en 1999 poner su nombre a una calle saldando de esta forma una deuda histórica. Al acto de inauguración, en marzo de 2001, acudió su hija Antonia, la única superviviente de esta familia cuya tragedia refleja todo el horror de la guerra civil, que regresaba de esta forma a la ciudad donde su padre había sido alcalde. Hoy este político socialista y educador simboliza sin duda una etapa decisiva de nuestra historia que alumbró a una generación que soñó con un régimen de justicia social que permitiera una nueva organización del trabajo y un reparto más justo de la propiedad.
Notas
(1) SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: “Amador Mora Rojas y la II República”, en Aljaranda, nº 36 y 37, marzo-junio, Tarifa, 2003, pp. 16-22 y 12-24. Según este autor había sido concejal en la localidad de Almedanejos (Ciudad Real) durante los primeros años de la dictadura.
(2) Archivo Municipal de Tarifa (AMT), Actas Capitulares, sesión 5 de junio de 1931. Se emitió una papeleta en blanco. Como tenientes de alcaldes fueron elegidos José Chamizo Morando, José Pérez Pérez, Antonio Barrios Delgado y Antonio Sánchez Jiménez.
(3) Ibidem, En tanto que también intervenían los ediles Gurrea Caballero para saludar a la clase obrera y ofrecerse a ella a fin de “atender sus peticiones y demandas” y Chamizo Morando, primer teniente de alcalde, para censurar “la actuación caciquil del Ayuntamiento de la Dictadura, cuyas responsabilidades se propone exigir severamente (…)”.
(4) Ibidem, sesión 16 de mayo de 1931. El fabricante de harinas era Bandrés que tenía su industria en Algeciras. De su entrevista con el gobernador obtuvo la cantidad de 2.455, 40 pesetas para dar ocupación a los obreros.
(5) Ibidem, sesión, 16 de septiembre de 1931.
(6) Ibidem, Libro de Actas de la Comisión Especial Gestora creada el 18 de julio de 1931, sesión de 14 de agosto de 1931. Los integrantes de la comisión eran, además de Mora Rojas, Juan Rodríguez Franco, Luis Villanueva Medina, Rafael Rodríguez Franco, Joaquín Aranda Triviño y Gregorio Ruffo Cordero. Por otra parte, en la sesión que celebraba el ayuntamiento de 12 de agosto de 1931 se anticipaba el plan de obras a realizar en Tarifa, como pavimentación de calles y construcción de madronas, y en la aldea de Facinas, como la recogida de aguas fecales y desviación de las pluviales. En la sesión del 10 de octubre de 1931 se hacía un balance y la Comisión Especial expresaba por unanimidad su satisfacción por las obras realizadas en Facinas. El balance de los jornales satisfechos a los obreros habían importando un montante de 5.285 ,92 pesetas. En la de 9 de junio de 1932 se daría por finalizada la inversión de 11.400 pesetas procedentes del anticipo del Estado.
(7) Ibidem, sesiones de 11 de noviembre de 1933 y 10 de enero de 1934. La última de ellas ya bajo la presidencia del nuevo alcalde accidental Chamizo Morando.
(8) SARRIÁ MUÑOZ, A: “La lucha por la tierra: breve historia del pleito entre Tarifa y el duque de Medinaceli”, Almoraima, nº 9, Algeciras, 1993, pp. 181-190.
(9) MORALES BENÍTEZ, Antonio: “El Manifiesto de la Junta Tarifeña de 1868”, Aljaranda, nº 24, Ayuntamiento de Tarifa, 1997, pp. 20-23. Este manifiesto dice “que la dehesa de Arráez si pertenece al pueblo del pueblo será” y promete no perdonar medio alguno para su recuperación. Anteriormente este asunto había estado en el programa de los liberales de 1812 y 1820 que al amparo de la nueva legislación activaron el proceso y reclamaron al duque los títulos de propiedad; de los progresistas de 1837 y 1854 que hicieron valer los derechos de los ciudadanos sobre las tierras y de los revolucionarios de 1868 y los republicanos de 1873 que utilizaron la recuperación de las dehesas como bandera de sus reivindicaciones sociales.
(10) AMT, Actas Capitulares, sesión 29 de julio de 1931. El ayuntamiento aprobó la impresión “para general conocimiento de todos los vecinos de la localidad y su campo” de este artículo publicado en el diario madrileño El Crisol.
(11) SÍGLER SILVERA, Fernando: La Reforma Agraria en Espera, Madrid, Tréveris, 2000, pp. 27-28. Este historiador es también autor de la tesis doctoral inédita Los proyectos de la reforma agraria en Cádiz durante la Segunda República. Repercusiones políticas y sociales, dirigida por Javier Tussell, Madrid, UNED, 1996; MAURICE, J. La reforma agraria en España en el siglo XX (1990-1936), Madrid, Siglo XXI, , 1975, p. 134. El duque de Lerma había declarado un total de 11.819, 27 hectáreas en el conjunto del país. .
(12) AMT, Actas Capitulares, sesión 20 de enero de 1932, ruegos y preguntas. La cuestión había sido planteada por el concejal Núñez Márquez, acompañado a Mora Rojas el teniente de alcalde Pérez Pérez.
(13) Ibidem, sesión 12 de febrero de 1932.
(14) Ibidem, sesión, 13 de mayo de 1932.
(15) Ibidem, sesión 20 de enero de 1933. Chamizo Morando insistía, ante la situación social en el término tarifeño y en las poblaciones vecinas, que “debía telegrafiarse al Sr. Ministro de Obras Públicas exponiéndole lo que ocurre e interesándole la iniciación inmediata de las obras”.
(16) Ibidem, sesión 15 de abril de 1932. Según el alcalde el acuerdo era ventajoso para los campesinos ya que se había solucionado uno de los motivos desencadenantes de la huelga, la situación de paro de más de un centenar de obreros, así como el compromiso de los patronos de pagar los días de huelga.
(17) Ibidem, sesión 12 de abril de 1933. Mora Rojas no encuentra “motivo ni razón” para que se eleve el precio del pan que se obtiene con harinas de la localidad.
(18) Ibídem, sesión 29 de julio de 1932. El diputado por Cádiz le habría ofrecido “gestionar conjuntamente (…) una solución rápida y satisfactoria a la petición de los obreros del Puerto de esta ciudad sobre aumento de los tipos de jornales que hoy perciben”.
(19) Ibidem, sesión 29 de julio de 1932. Mora Rojas confiaba que la devolución de las dehesas se obtendrían sin ninguna dificultad una vez que la comisión encargada de elaborar la ley aceptara la enmienda.
(20) Ibidem, sesión 27 de enero de 1933.
(21) SÍGLER SILVERA, Fernando: La reforma agraria en ( …) , op. cit., pp. 31-32 y 37. Estos apartados se referían a terrenos arrendados durante más de 12 años y a las superficies que excedieran de los límites fijados por la correspondiente Junta Provincial de Reforma Agraria, que en Cádiz debían fijarse entre 400 y 750 hectáreas para las dehesas y pastos de labor. En las dehesas tarifeñas este límite quedaría fijado en 650 hectáreas.
(22) AMT, Actas Capitulares, sesiones de 24 de febrero de 1933 y 3 y 15 de marzo de 1933. Esta modalidad de contrato suscitará alguna duda en la corporación que consultará al propio director general del IRA sobre la responsabilidad que contraería al garantizar el arriendo colectivo. Posteriormente se le responde que sólo en el caso de incurrir en culpa o negligencia al no sancionar los desmanes que pudieran cometer los obreros de la Sociedad en las fincas .
(23) Ibidem, sesión 15 de marzo de 1933.
(24) Ibidem, sesión 30 de septiembre de 1931. Sin embargo, desconocemos en qué condiciones pudo iniciarse este curso escolar. En la relación de gastos se hablaba del alquiler del local, arreglo y transporte del material procedentes de las antiguas escuelas y de la adquisición de otro que se precise, pero nada del personal docente.
(25) Ibidem, sesión 12 de febrero de 1931.
(26) Ibidem, sesión, 1 de febrero de 1933. La fiscalización de la cantina escolar fue motivo de debate en la sesión del 29 de marzo al estimarse ineficaz el cometido de la comisión nombrada para ello.
(27) Ibidem, sesión 5 de marzo de 1933. El ayuntamiento subvencionaba estas instituciones con 40 pesetas diarias. Algunas concejales rechazaron formar parte de esta comisión que quedará formada finalmente por Mora Rojas, y los concejales Gurrea Caballero y Rodríguez Franco. Otro asunto motivo de polémica será la manera de regular la asistencia de niños a la cantina.
(28) Ibidem, sesiones 10 de mayo de 1933. El alcalde hacía estas manifestaciones ante la proposición de un concejal para que quedara sin efecto esta comisión.
(29) Ibidem, sesión 11 de septiembre de 1931. Al alcalde decía que “a pesar de todo lo que se ha venido propagando para enemistarlo con el pueblo, accedió a todo cuanto se le interesó por la Hermandad, ofreciendo a ésta una ayuda de quinientas pesetas”.
(30) En la sesión del 5 de agosto de 1931 se quiere repara económicamente al representante del municipio en Madrid Pedro Gutiérrez de los Rios cuya destitución, según los republicanos tarifeños, obedeció a “móviles políticos” y constituye “uno de los atropellos e infinitas injusticias que caracterizan la actuación del Ayuntamiento de la Dictadura” y se le reconoce el derecho a percibir los sueldos atrasados puesto que “no interrumpió jamás sus gestiones en defensa de los intereses del pueblo”. Otras veces se denunciaban operaciones onerosas para el municipio.
(31) El teniente de alcalde Chamizo Morando denunciaba que la tubería del agua se construyó “como al contratista le convino”.
(32) Ibidem, sesión 19 de agosto de 1932. En esta sesión se suspende de empleo y sueldo a cuatro funcionarios, uno de ellos, Fernando Romero Pérez, medico de profesión, y antiguo alcalde durante la dictadura y persona próxima a Núñez Manso.
(33) SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: Tarifa en la II República. Apuntes para la historia del republicanismo tarifeño, Tarifa, Editorial Acento 2000, 2001, pp. 114-115. Recoge un fragmento de un artículo de la Unión de Tarifa con el siguiente texto: “Don Amador ha hecho tales cosas que nuestra población chorrea sangre desde que él ocupa la alcaldía, él ha encarcelado sin justicia ni razón a medio pueblo, lo mismo obreros que patronos, y sin que las mismas mujeres se librasen de su furia y al que no ha encarcelado lo ha multado o le ha molestado con arbitrariedades tan evidentemente injustas como las obras impuestas sin criterio ni equidad a determinados propietarios”. Los tres detenidos que se relacionan con el fallido golpe de Estado estaban acusados de participar en los preparativos desde Gibraltar.
(34) AMT, Actas Capitulares, sesión 15 de julio de 1932. Para justificar la ausencia de algunos de los concejales de la coalición gobernante a una recepción con el gobernador alegaba que no habían podido hacerlo al no tener el día libre “como trabajadores que son” en contraste con otros “señoritos, zánganos u holgazanes” que no tienen ocupaciones.
(35) Ibidem, sesión, 3 de noviembre de 1933.
(36) Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid, Sección Gobernación. Serie A, leg. 31, nº 6, Cádiz. Telegrama nº 644, 14 de noviembre de 1933, 14 h.
(37) Diario de Cádiz, 17 de noviembre de 1933, edición de tarde, p. 2. Este periódico informa ampliamente de los incidentes.
(38) AHN, Madrid, Gobernación, Serie A, leg. 31, nº 6. Telegrama nº 684, de Muñoz Martínez desde Algeciras a ministro de la Gobernación, 15 de noviembre de 1933, madrugada; y Diario de Cádiz, 17 de noviembre de 1933. Edición de tarde, p.2.
(39) Ibidem, Telegrama nº 725, 15 de noviembre de 1933, 16,30 h. del gobernador al ministro
(40) Ibidem, Telegrama nº 682 y 683, 15 de noviembre de 1933, madrugada, de la Agrupación Socialista al ministro de la Gobernación.
(41) Ibidem, Telegrama nº 237, 6 de noviembre de 1933, 13:15 horas, del gobernador civil al ministro de la Gobernación.
(42) Ibidem, Telegrama, nº 684, 15 de noviembre de 1933, madrugada, de Muñoz Martínez a ministro de la Gobernación.
(43) Ibidem, Telegrama nº 15/ 357, de la Sección de Orden Público, Subsecretaría Ministerio de la Gobernación para Cádiz, 15 de noviembre de 1933, 14 h.
(44) Ibidem, Telegramas nº 828, 16 de noviembre de 1933; nº 749 y 748, de 15/ 11/ 19338.
(45) Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Masonería, leg.461-A-2, Libro de Actas de grado 1º, sesión 20 de noviembre de 1933. Mora Rojas se había iniciado en esta logia en 1932, su título de grado 1º tiene fecha de 9 de octubre, y coincidía allí con un grupo de tarifeños, entre ellos el teniente de alcalde Chamizo Morando.
(46) Ibidem, sesión 4 de diciembre de 1933. El masón Juan Araujo disculpaba la ausencia de Mora Rojas “por las preocupaciones que le embargan”.
(47) AMT, Actas Capitulares, sesión 8 de diciembre de 1934. Se hacía constar que había dejado de funcionar; en la sesión de 12 de enero de 1934 Chamizo Morando manifestaba el desagrado de la corporación ante la falta de asistencia de la mayoría de los concejales a la comida extraordinaria en la cantina escolar a los niños de la escuela pública y el reparto de ropa pese a haber sido invitados.
(48) Ibidem, sesión 11 de mayo de 1934. Las gestiones las llevaron a cabo le propio Martínez Barrio y el diputado Muñoz Martínez.
(49) Ibidem, sesión 28 de junio de 1935. Se hacía constar que su cierre obedece a cuestiones económicas ya que su sostenimiento constituye “un gasto de carácter voluntario, de aquí la imposibilidad de satisfacer el importe de las facturas facilitadas para la misma”.
(50) AMT, Actas Capitulares, Sesión 22 de junio de 1934.
(51) Ibidem, sesión 29 de junio de 1934.
(52) Ibidem, Elecciones, leg. 368. Oficio del Gobierno Civil de Cádiz de 6 de octubre de 1934. Por su parte el ayuntamiento de Tarifa comunicaba a Mora Rojas su cese el 10 de octubre de 1934.
(53) Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº 272, 17/ 11/ 1934. Recoge estas dos órdenes del Ministerio de la Gobernación y del de Instrucción Pública y Bellas Artes publicado en la Gaceta de Madrid el 14/ 11/ 1934.
(54) SEGURA GONZALEZ, Wenceslao: “Amador Mora Rojas y la Segunda República”, en Aljaranda, nº 36 y 37, Ayuntamiento de Tarifa, 2000, p. 15. Cuando se producía la excarcelación de Mora Rojas, el gobernador civil enviaba un telegrama al alcalde accidental Chamizo Morando para que impidiera que ocupara la alcaldía; y Tarifa en la II República (…), op. cit., p. 21. El ministro de la Gobernación habría negociado con Carlos Núñez Manso el cese definitivo de Mora Rojas como alcalde, que se haría efectivo a finales de junio de 1934.
(55) AMT, Actas Capitulares , Sesión de 31 de octubre de 1934. Al antiguo alcalde se le acusaba de haber dicho en un bar de Algeciras que “si él hubiese sido alcalde de Tarifa cuando tuvieron lugar los últimos sucesos revolucionarios, aquí hubiese ocurrido otro tanto que en Oviedo”.
(56) Archivo Municipal de Ubrique, Expedientes Impersonales, leg. 546, Exp. “Instrucción Pública (II)”, Oficio del Consejo Local de Primera Enseñanza de Ubrique a alcalde, 6 de julio de 1935.
(57) Entrevista con Luis Reguera Arenas, escritor ubriqueño, hijo de la dueña de la pensión donde estuvo alojado Mora Rojas. Conoció también su faceta de profesor.
(58) MORALES BENÍTEZ, Antonio: “El ostracismo de un alcalde. Amador Mora Rojas en Ubrique”, en Aljaranda, nº 49, Ayuntamiento de Tarifa, junio, 2003, pp. 26-33.
(59) AMT, Actas Capitulares, sesión 20 de febrero de 1936. Chamizo Morando fue elegido de nuevo Primer Teniente de Alcalde.
(60) Ibidem, sesión 4 de marzo de 1936.
(61) Ibidem, sesión 20 de marzo de 1936.
(62) Ibidem, sesión 28 de febrero de 1936. Denunciaba la situación económica que “no puede ser más crítica, más angustiosa y más comprometida”; y sesión 3 de abril de 1936.
(63) Ibidem, sesión 13 de marzo de 1936.
(64) Ibidem, sesión 17 de marzo de 1936.
(65) SIGLER SILVERA, F. “Tierras de Grandeza”, Historia 16, nº 242, Madrid, 1996, pp. 20-22; y “La Reforma Agraria que no fue”, Diario de Cádiz, Suplemento Domingo, 27 de marzo de 1994, pp. 14-15.
(66) LOZANO SALADO, L. “El sector agrario en el laberinto de la modernidad”, en Cádiz, la provincia en el siglo XX (RAMOS SANTANA, A. coord..), Cádiz, Diputación Provincial, 1999, pp. 254-258.
(67) Estas fincas ya figuraban en el inventario elaborado en el primer bienio, pero fueron excluidas tras prosperar una reclamación del duque alegando que no podrían aplicarse los criterios contemplados en la base 5º por estar dedicadas a pastos (JIMÉNEZ PEREA, F. J. “Tahivilla: Proceso de Expropiación”, Aljaranda, nº 24, Ayuntamiento de Tarifa, 1997, p. 24.
(68) Antes de reunirse en Cádiz con la Junta Provincial de Reforma Agraria, el alcalde tarifeño habría llevado a cabo gestiones telefónicas ante el gobernador civil, el director del IRA, el ingeniero jefe del Servicio de Reforma Agraria en la provincia y los propios miembros de la Junta Provincial.
(69) AMT, Actas Capitulares, sesión 3 de abril de 1936. Mora Rojas rechazó esta distinción alegando que él mismo “como obrero que es, aunque intelectual, tiene el deber de velar por la clase obrera, cuyos intereses estima como suyos y cuyo mejoramiento en todos los órdenes ansía como propios”.
(70) MORALES BENÍTEZ, Antonio: “La expropiación de las tierras del duque de Lerma”, Aljaranda, nº 41, Ayuntamiento de Tarifa, 2001, pp. 24-28.
(71) AMT, Actas Capitulares, sesión 24 de abril de 1936.
(72) Archivo Municipal de Ubrique, leg. 530, Expediente Impersonales, 1936. “Para que concurra la Alcaldía a una Asamblea de Alcaldes en Cádiz para tratar del Paro Obrero, propuesta por el Alcalde de Medina-Sidonia (Cádiz)”, Acta de la Asamblea de 12 de julio de 1936; RODRÍGUEZ CABAÑAS, Antonio: Blas Infante en Cádiz. Julio 1936, Cádiz, Diputación Provincial, 1996; LOBO, J: “Tres alcaldes de esta comarca se reunieron con Blas Infante”, Europa Sur, 28 de julio de 1996, p. 8. Asistió también Blas Infante para pedir el apoyo de los ediles de la provincia a un futuro estatuto andaluz.
(73) A propósito de la gestión del ingeniero jefe de las obras, a quien se culpa de los hechos, se entabló un debate con Muñoz Martínez en el que el alcalde tarifeño dijo que este funcionario “no es fascista declarado pero sí colaborador del fascio”. Posteriormente se acordaba su destitución como responsable de las obras.
(74) Se trataba de los pabellones Doockers que se encontraban en el norte de África.
(75) AMT, Actas Capitulares, sesión 17 de julio de 1936. Ante la ausencia de Mora Rojas, el concejal Rodríguez Franco manifiesta su malestar por la falta de información ante la convocatoria de la asamblea de alcaldes. El teniente de alcalde que acababa de llegar de Madrid manifestaba desconocer las causas.
(76) SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: “Amador Mora Rojas y la (…)”, op. cit. El menor estuvo vagando durante algún tiempo por Tarifa sin que nadie se atreviese a acogerlo.
(77) Ibidem, la muerte se produjo el 12 de marzo de 1937.
(78) DE PAZ SANCHEZ, Manuel: Militares masones de España. Diccionario biográfico del siglo XX, Centro Francisco Tomás y Valiente, Valencia, UNED Alzira- Valencia- Fundación Instituto de Historia Social, 2004, pp. 291-292.
Fuente: La destrucción de la democracia. Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, vol lI. Sevilla, Dirección General de Administración Local, Consejería de Gobernación y Justicia. Junta de Andalucía, 2012, págs. 353-382.