Como señalamos en una entrada anterior, en el marco de la política de depuración del magisterio emprendida por quienes se sublevaron contra la Segunda República, el decreto clave fue el nº 66 del 8 de noviembre de 1936, que disponía “una revisión total en el personal de Instrucción Pública”, y lo hacía por medio de unas comisiones. Para el caso de nuestra investigación, interesa señalar la creación de la Comisión D), integrada por un director de instituto de 2ª enseñanza, un inspector de 1ª enseñanza, el presidente de la asociación de padres de familia y dos personas “de máximo arraigo y solvencia moral y técnica”, todos ellos nombrados por el presidente de la Junta Técnica del Estado, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Esta Comisión D) se constituyó en cada provincia, y su finalidad principal fue “formular propuestas razonadas de suspensión o separación del personal de magisterio” (1).
La Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado la presidió entre 1936 y 1938 el escritor gaditano José María Pemán (2). El historiador Francisco Espinosa Maestre considera que “con sus arengas, escritos y crónicas Pemán fue uno de los que contribuyeron a la matanza fundacional del franquismo, admitida a estas alturas por la mayor parte de la historiografía. Desde su cargo en la Junta Técnica destrozó la vida de cientos de maestros cuyo único delito era ser demócratas de izquierdas. Desde el principio fue firme partidario y propagandista no solo del golpe y la guerra, necesaria y conveniente, sino también de la idea de exterminio y expulsión” (3).
Tras su nombramiento como presidente de la Comisión de Cultura y Educación, José María Pemán dictó el 7 de octubre de 1936 en Burgos una orden circular dirigida a los presidentes y vocales de las comisiones depuradoras del personal de Instrucción Pública (4). Su contenido es el siguiente:
COMISION DE CULTURA Y ENSEÑANZA
Circular a los Vocales de las Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública.
Innecesario resulta hacer presente a los señores Vocales de las Comisiones depuradoras de personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho todo.
El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizara a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá, a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los tribunales de justicia, pero si proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado «Frente Popular». Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños.
Tres propuestas pueden formular las Comisiones depuradoras, conforme a la Orden de 10 de noviembre; o saber: l.º Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario. 2.º Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalistas vasco, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido participación directa ni indirecta con la subversión comunista-separatista, y 3.º Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del «Frente Popular» o Sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la revolución de octubre y de un modo general, los que perteneciendo o no o esas agrupaciones hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa.
Las Comisiones depuradoras, al dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán hacerles presente la gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y con la Patria ocultando determinados extremos, cuando no, llegando a falsear los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismos extemporáneos. También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesen informes. Sería indigno que al heroísmo de nuestros oficiales, soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la muerte soñando con una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor cívico las personas que gozan de la paz de las retaguardias.
Si todos cuantos forman parte de las Comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de pensar y la trasmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor con sus informes, es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la Cristiandad; de la Civilización y de España.Burgos. 7 diciembre de 1936
El Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, José María Pemán.
Sres. Presidentes y Vocales de las Comisiones depuradoras del personal de Instrucción Pública.
Notas:
(1) Boletín Oficial del Estado, nº 27, Burgos, 11/11/1936, pág. 153.
(2) Álvarez Chillida, Gonzalo: José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941). Cádiz, Universidad, 1996, págs. 87-102.
(3) Espinosa Maestre, Francisco: “Pemán y el golpe de julio de 1936”, La Voz del Sur, 29/8/2015.
(4) Boletín Oficial del Estado, nº 52, Burgos, 10/12/1936, págs. 360-361.