Desde finales de 1939 a 1944 fueron destinados a la provincia de Cádiz un total de 47 batallones compuestos por entre 30 y 40 mil prisioneros. Procedían en su inmensa mayoría directamente de campos de concentración y a su vez de otros batallones, pero también, aunque en menor medida, de establecimientos penitenciarios, cajas de reclutas y unidades militares. No quedó prácticamente un rincón del estado español, incluyendo el Protectorado Marroquí, que no aportara su cuota de represaliados y desafectos para que el régimen emprendiera una serie de obras que no eran si no el reflejo de sus alianzas políticas, su megalomanía y su afán imperialista. Estos militares golpistas, y los estamentos políticos, económicos y religiosos que los apoyaron, nos legaron un país asolado por la guerra y cercado por el hambre; un país donde se seguiría fusilando y asesinando por décadas; pero también un país con una burocracia castrense bien engrasada que tejió una extensa e intrincada red basada en el castigo político y en la explotación económica de los vencidos.
Cuando hoy día vamos a las playas de Bolonia o Punta Paloma, o cuando practicamos senderismo a lo largo del Parque Natural del Estrecho transitamos en muchas ocasiones por las carreteras, caminos o pistas que construyeron o repararon esos miles de cautivos durante los primeros años de posguerra. Cuando contemplamos uno de los centenares de fortines o nidos de ametralladoras que pueblan esta geografía sureña estamos ante una edificación militar en la que los materiales y los objetivos los pusieron el ejército rebelde, el asesoramiento técnico el ejército nazi y la argamasa y herramientas (humanas) el trabajo forzado y esclavista de los prisioneros. En diciembre de 1939, el proyecto que haría realidad todos esos caminos y edificaciones recibió el nombre de Plan Defensivo del Campo de Gibraltar, que al igual que el proyecto Línea P (Organización Defensiva del Pirineo), pretendió fortificar en este caso la frontera sur ante un supuesto ataque de las fuerzas aliadas. Esta fue la argucia o excusa que el régimen vendió a la opinión pública internacional tras el sabido declive de las potencias nazi-fascistas a partir sobre todo de 1943. Sin embargo, y así lo han demostrado diversos historiadores, el objetivo original fue el de tomar la plaza de Gibraltar, controlar el Estrecho, y entrar con fuerza en la II Guerra Mundial con sus aliados de facto para poder mercadear incluso con los territorios franceses norteafricanos.
En la actualidad, esa línea “defensiva” que se extiende desde Conil de la Frontera hasta Guadiaro, donde fallecieron por enfermedades, hambre y malos tratos centenares de prisioneros, no sólo lucha por sobrevivir ante el embate del viento y las mareas; también se enfrenta a la inacción y abandono de las administraciones, que en el mejor de los casos sólo ha querido sacar de ella una rentabilidad turística que hasta el momento no se ha traducido en nada. Sólo el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, desde hace años y a través de exposiciones, folletos, visitas guiadas y otras iniciativas, reivindica en nuestra opinión el fin más acertado para estas fortificaciones y sus caminos, el que sean declaradas en su conjunto Lugar de Memoria Histórica.
El documento que adjuntamos a continuación contiene dos listados y supone en realidad el punto de partida de nuestro proyecto “Recopilación, tratamiento y difusión de los expedientes relativos a los Batallones de Soldados Trabajadores con destino en la provincia de Cádiz durante la posguerra (1ª Fase)”.
En el primero ofrecemos las denominaciones de esos 47 batallones, sus lugares de emplazamiento (en la provincia, pero también los anteriores y posteriores fuera de ella) y tiempos de permanencia. Es el resultado de la incorporación a nuestro archivo digital, y posterior análisis, de los expedientes relativos a la provincia de Cádiz que forman el Fondo Batallones de trabajadores y campos de concentración que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Como ya se adelantó en una anterior entrada, se trata de una documentación contable que los responsables de los batallones enviaban al Tribunal de Cuentas para fiscalizar los pagos de haberes de la tropa y los prisioneros. Pero incluyen además las relaciones nominales, elaboradas mensualmente, de los prisioneros que constituían un batallón determinado; y en muchos casos, aportan información adicional sobre la procedencia (campos de concentración, prisiones, hospitales militares, etc.), traslados a otros batallones, licenciamientos o tareas que realizaban.
En el segundo listado ofrecemos las cifras mensuales de prisioneros desde 1938 a 1944 con sus correspondientes medias aritméticas. Esta información, más las localizaciones de los batallones fuera de la provincia, ha sido posible gracias al gran trabajo que ha realizado Juan Carlos García Funes, investigador del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, con el vaciado y estudio del mencionado Fondo Batallones de trabajadores y campos de concentración. Años y años de investigación para desenmarañar a nivel estatal el sistema concentracionario franquista. Esta fuente imprescindible se puede consultar y descargar en el siguiente enlace: Datos básicos del Fondo “Batallones de Trabajadores y Campos de Concentración” del Centro Documental de la Memoria Histórica procedente del Archivo del Tribunal Cuentas.