El Consejo de Ministros aprobó el martes 20 de julio de 2021 el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Con este texto se pone “en el centro de la actividad política a las víctimas para recuperar la salvaguarda de los derechos democráticos”, según informó el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras dar el visto bueno a la nueva normativa. El Gobierno resumió así algunas de la medidas contempladas en este proyecto de ley:
- Se reconoce el papel protagonista de las mujeres por la democracia, apostando por medidas para reparar la represión que sufrieron como consecuencia de su actividad pública, política o sindical.
- Se declaran nulas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia, creencia religiosa, orientación o identidad sexual.
- La nueva Ley de Memoria Democrática añade dos nuevos supuestos para la adquisición de la nacionalidad para reparar a todos aquellos hijos de exiliados cuyos progenitores perdieron la nacionalidad española.
- Además, se conmemorarán dos días oficiales de la Memoria:
- El 31 de octubre, día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas.
- El 8 de mayo, Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea, y el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio del 1936 y de la posterior dictadura. “Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea”, ha subrayado. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.Verdad, justicia, reparación y deber de memoria
Bolaños ha explicado que el nuevo texto revisa y actualiza la Ley de memoria histórica de 2007, tal y como han reivindicado durante años el movimiento memorialista en nuestro país -al que ha agradecido su trabajo-, y organismos internacionales como Naciones Unidas o el Grupo de trabajo de desapariciones forzosas e involuntarias. Por ello, se basa en los cuatro principios fundamentales que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos.
El ministro ha afirmado que, así, “conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, que seamos un país más digno, porque atiende más a las víctimas, y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales”.Las víctimas, eje fundamental
El principio de verdad se centra en la atención a las víctimas, que ocupan el papel central en la ley. Bolaños ha asegurado a las miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: “Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento”.
Con el fin de facilitar la localización e identificación de las víctimas, se prevé la creación de un banco nacional de ADN y la mejora del derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta.
Asimismo, se plantea la creación de dos días de homenaje. La primera fecha, el 31 de octubre, será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. El 8 de mayo, Día de las personas exiliadas, se recordará a todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España.
El ministro ha calificado también de homenaje el valor destacado que la ley otorga a las mujeres, muchas de las cuales fueron víctimas y represaliadas solo por su condición de tales, y ha reivindicado su papel como protagonistas principales de la vida política y cultural y de la recuperación de la democracia.
En cumplimiento del principio de justicia, la ley garantizará la investigación de todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución, y se creará una fiscalía de sala de memoria democrática.
La reparación será histórica y moral, ya que no se contemplan ni la responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones económicas. Sí se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas.
El deber de memoria se cumplirá con la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), el fomento de la investigación y la creación de un centro documental en Salamanca que abarque desde 1936 a 1978.