Conversamos con María Luisa Hernández, presidenta de la Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, de Sevilla, con motivo de la concentración celebrada el 25 de marzo de 2021 a las puertas del Parlamento andaluz en señal de protesta por la parálisis de la política de memoria histórica de la Junta de Andalucía. Esta protesta fue organizada por la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia. Según los convocantes, la eliminación de la Dirección General de Memoria Histórica y su sustitución por la de Concordia en la Consejería de Cultura es una expresión concreta de dicha paralización, que constituye un desprecio a las víctimas del franquismo y a la propia Ley 2/2017, que está incumpliendo el Gobierno autonómico. Entre otras reivindicaciones, esta asamblea propone acometer de manera urgente la campaña de salvar el ADN de nuestros mayores, solicitada el 10 de diciembre de 2020, y el inicio de los trabajos de localización, exhumación, posterior identificación de todas las fosas pendientes de abrir en Andalucía, que superan las 600.
La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia queremos manifestar nuestra preocupación ante la parálisis en materia de Memoria Histórica y Democrática llevada a cabo por el Gobierno de la Junta de Andalucía. La eliminación de la Dirección General de Memoria Histórica y su paso a la Consejería de Cultura es una expresión concreta de dicha paralización, que constituye un desprecio a las víctimas del franquismo y a la propia Ley 2/2017, que está incumpliendo el citado Gobierno.
- Crear una Comisión Parlamentaria sobre Memoria Democrática a través de la cual el Parlamento controle al Gobierno andaluz en esta materia.
- Exigir desde el Parlamento que se lleve a cabo lo aprobado en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, ley 2/2017, de 28 de marzo.
- Realizar por parte del Gobierno, el obligado desarrollo normativo y reglamentario de la Ley, entre otros, el censo de víctimas, la revisión y actualización de los protocolos de exhumación, el registro de entidades memorialistas, la creación del grupo de trabajo o comisión de la verdad independiente.
- Informar con plena transparencia de la ejecución real de los presupuestos aprobados para la memoria histórica y democrática en cada ejercicio.
- Ejecutar de manera urgente la campaña de salvar el ADN de nuestros mayores, solicitada el 10 de diciembre de 2020.
- Iniciar las actuaciones necesarias para los procesos de localización, exhumación, posterior identificación, de todas las fosas pendientes en Andalucía, superan las 600, así como la firma de nuevos convenios con otras administraciones que hagan posible avanzar en estos trabajos.
- Actualizar los mapas de fosas y lugares de memoria, reactivando la web sobre memoria democrática, que se encuentra paralizada.
- Dotar de los medios técnicos y materiales necesarios al Organismo donde se residencian estas competencias, Comisionado para la Concordia, en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, para que se lleve a cabo el cumplimento y desarrollo de la Ley.
- Digitalizar los archivos históricos de Andalucía con el libre acceso a los mismos por parte de la ciudadanía.
- Crear una oficina de memoria de Andalucía donde las familias y asociaciones puedan dirigirse.
- Anular la intención del Gobierno de la Junta, de solicitar a las familias documentación costosa y difícil (estudio histórico y arqueológico de la fosa, memoria económica) creando así, a las asociaciones y familias sin esos recursos, una nueva dificultad a la hora de exhumar, y provocando discriminación para acceder a la autorización de exhumación.
- Vigilar para que con la aprobación del Plan Andaluz de Memoria, que se contempla en el artículo 43 de la Ley, se establezcan medidas y objetivos que sean conocidos y examinados por el Parlamento Andaluz. En la actualidad está en vigor el plan 2018 -2022, y el Plan anual aprobado para el 2020, se caracteriza por su ambigüedad, indefinición y falta de concreción en los objetivos, prioridades y actuaciones.
- Publicar los documentos que en torno a la memoria que se elaboren, entre otros, las actas de propuestas del comité técnico de coordinación. Dicho comité debe reunirse como mínimo una vez al trimestre, dado el número de fosas pendientes en Andalucía. (Se reunió en esta legislatura el 26/11/2020 y aún no se ha publicado el acta).
- Obligar a la Iglesia en Andalucía a cumplir con la ley 2/2017, al tener espacios al público donde se homenajea a genocidas como Queipo de Llano.
- Comprometer que la memoria democrática sea difundida en todos los niveles educativos y en programas divulgativos.
- Recuperar en los presupuestos las partidas para publicaciones y subvenciones a la difusión de la memoria histórica y democrática, eliminadas en 2021.
- Realizar jornadas y homenajes a las víctimas del franquismo por parte del Parlamento y la Junta, que han sido descartadas hasta ahora por el actual Gobierno Andaluz.
- Impulsar las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorización de los progenitores (Ley de Memoria Histórica de Andalucía, artículo 5.2 d).
La memoria ha venido para reparar y sacar del olvido los crímenes que avergüenzan a Andalucía y a España, ante nosotros mismos y ante otros países que vienen a visitarnos y se enteran de este silencio y desprecio a las víctimas del fascismo. Por tanto, es una tarea que no se puede demorar. No vamos a parar hasta conseguir Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
