Tres jóvenes viven desde finales de agosto de 2020 en una casa del castillo de Castellar de la Frontera, Cádiz, que le fue arrebatada a su familia en 1936. Su tatarabuelo huyó de la guerra a Málaga, como casi todo el pueblo, y el acalde que nombraron las tropas sublevadas contra la democracia le robó la vivienda. Las escrituras dicen que la casa de la calle Corralete 9 pertenece a la familia de los jóvenes desde 1820 y el registro de la propiedad certifica que el inmueble nos pertenece. Cinco hombres llegados de Madrid y Cataluña contratados por quien dice ser su propietario intentaron a mitad de septiembre echar de la casa a los tres jóvenes. El sargento de la Guardia Civil del pueblo fue muy claro: “Nada tenemos nosotros que hacer aquí porque no se está cometiendo ningún delito, no hay tipo penal alguno que perseguir”. El sargento advirtió a los matones que debían abandonar el pueblo y que si volvían estarían cometiendo un delito de desobediencia. Hemos contratado la electricidad, el agua y el Internet, hemos saneado y pintado paredes y toda la familia espera que acaben las restricciones sanitarias para celebrar la recuperación de la casa. Lo haremos en el patio, junto a la torre almenada que vigila desde lo alto todo el Campo de Gibraltar.
Juan Miguel León Moriche, vecino de Algeciras, periodista, miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, expone a título personal:
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El 24 de agosto de 2020 recuperamos para la familia de mi madre la vivienda de la calle Corralete, 9, propiedad de los hermanos Ana y Juan Ruiz Moya, madre y tío de ella. Es lo que certificaba el registro de la propiedad de San Roque en agosto de 2020, según el documento público registrado en 1919 por Juan Ruiz Pro, abuelo de Ana y Juan que establece que sus nietos tienen la propiedad de la casa de la calle Corralete número 9 de la villa del castillo de Castellar.
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Tras la sublevación militar contra la democracia de 1936, y huida la mayor parte del pueblo en dirección a Málaga, el nombrado alcalde por los jefes sublevados, Francisco Ruiz Piña, ocupó y robó la casa citada del número 9 de la calle Corralete, hasta entonces habitada por Salvador Ruiz Jiménez, padre de Ana y Juan Ruiz Moya, que huyó junto al grueso de la población a Málaga y de allí marchó hasta Valencia en el periplo migratorio que hicieron entonces miles de andaluces.
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Salvador Ruiz Jiménez nunca volvió a Castellar y cuando sus hijos ya lo creían muerto apareció en San Roque en los años 40, donde vivió hasta su muerte, pero nunca regresó a su pueblo natal por temor a represalias de los nuevos gobernantes y del usurpador de la casa de su padre donde él había vivido hasta su huida en 1936.
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El ocupante y ladrón de la casa, Francisco Ruiz Piña, que había participado con las tropas sublevadas en la invasión del pueblo en agosto de 1936, hizo en el registro de la propiedad de San Roque, en mayo de 1945, una nota marginal que luego usaría para hacer una segunda inscripción registral con la que dar apariencia de legalidad a la posesión de una cosa que había robado por la fuerza a sus legítimos propietarios. Esto lo hizo en connivencia con el duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, propietario de 18.000 hectáreas de Castellar, más del 90 por ciento de su término municipal. Antes de fallecer, el usurpador cedió ilegalmente la propiedad de la casa a sus dos sobrinas, ambas solteras y sin descendencia. Desde entonces, esta casa ha sido vendida y comprada basándose en aquella nota marginal ilegal que se hizo en 1945.
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Ana Ruiz Moya murió en 1997 sin decir nunca a su hijo y cinco hijas que era copropietaria de la casa de la calle Corralete 9 en el castillo de Castellar. En 2001, cuando se fue a vender la propiedad de la casa de Ana Ruiz en Castellar Nuevo, sus hijos y herederos descubrieron que además eran copropietarios de la casa de Corralete 9 en el castillo. Contactaron en aquellas fechas con un abogado que, tras años de idas y venidas, expresó su pesimismo respecto a las acciones legales que se podían emprender para recuperar la casa.
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El día 24 de agosto de 2020, mi hijo, Miguel León González, y mi sobrina Paloma León Fernández, con mi apoyo y el de más familiares, hicimos justicia. Hemos recuperado para la familia una casa que le fue robada por la violencia. El terror que sentían sus legítimos propietarios despojados, el miedo de sus hijos y la injusticia radical del orden jurídico vigente han perpetuado durante décadas este crimen que ahora nosotros reparamos. La casa de Corralete 9 vuelve a estar habitada por los herederos legítimos de Juan Ruiz Pro, Salvador Ruiz Jiménez y Ana Ruiz Moya.
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Cinco individuos, musculados y uniformados, llegaron a la puerta de nuestra casa el miércoles 16 por la mañana. Decían ser de la empresa Desokupamos.com. Venían de Madrid y Cataluña y nos dijeron que por muchos papeles que tuviéramos nos iban a sacar de aquí. Avisado por mi hijo, llamé a la Policía Local y a la Guardia Civil de Castellar pidiendo protección para los tres jóvenes de la familia frente a las amenazas de estos sujetos. La conclusión del sargento de la Guardia Civil que aquí se presentó con el cabo de la Policía Local es clara: Nada tienen que hacer ellos aquí porque no se está cometiendo ningún delito, no hay tipo penal alguno que perseguir. Dos ciudadanos argumentan con su documentación que son propietarios de una casa. Insistió en que allí no había delito y les dijo a los matones que se fueran del pueblo. Y que si volvían por aquí estaban cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad.
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La casa de Corralete 9 no ha estado habitada desde hace décadas y la hemos encontrado abandonada, sin luz, sin agua y con sus paredes deterioradas y goteras en los techos. Quienes la compraron y vendieron cuando fallecieron el ladrón y sus descendientes lo hicieron en base a una artimaña legal de origen luego repetida. Y desde los años ochenta para acá sólo para ganar dinero, no para vivir en ella. Nosotros lo tenemos claro: Nuestro propósito es quedarnos en la casa de nuestra familia todo el tiempo que haga falta para que todos/as los/as descendientes de Ana y Juan Ruiz Moya disfruten de ella. El mismo miércoles 16 de septiembre, pusimos una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Castellar contra los cinco hombres que vinieron a amedrentarnos y contra la empresa que los contrató y que dice ser dueña de nuestra casa, una inmobiliaria de Madrid. Todos son responsables de los delitos de amenazas y coacciones.
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El 2 de marzo de 2021 mi hijo y mi sobrina estaban citados en San Roque a un juicio acusados del delito leve de usurpación. Antes de que comenzara, el titular del juzgado mixto número 3 de San Roque y el fiscal, a la vista de las escrituras y demás documentación que llevaba nuestro abogado, Marcos Quesada Rodríguez, llamaron al de la acusación y le explicaron que en este caso no había delito posible alguno porque estábamos presentando pruebas contundentes de nuestra condición de propietarios. Al final, el letrado de la acusación retiró la denuncia y no ha habido juicio.
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Los investigadores de las universidades andaluzas calculan, después de revisar 302.000 documentos, que más de 60.000 personas sufrieron parecidos o peores crímenes que nuestra familia en Andalucía durante la guerra de 1936 y después. Se puede comprobar en el libro El botín de guerra en Andalucía, en cuya investigación participaron 44 profesores de todo el territorio andaluz y que fue publicado en 2015. Pero estos 60.000 pueden ser más. Nos lo dijo el coordinador de la investigación en la provincia de Cádiz, Diego Caro Cancela, cuando le preguntamos por qué en el listado de Castellar que aparece en el CD adjunto al libro no figuran los nombres de Juan, Salvador o Ana Ruiz. Muy sencillo, dijo, igual que mataron sin papeles, robaron sin papeles. Y añadió: como la vuestra hay muchas familias en la misma situación en toda Andalucía. Es decir, que se queda corta la cifra de 28 vecinos de Castellar, un pueblo que no llegaba entonces a los 1.500 habitantes, a los que, según el libro, se les quitaron “documentalmente” propiedades de todo tipo.
