El presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, intervino el 16 de septiembre de 2020 en el programa “Campo de Gibraltar Mediodía”, en Canal Sur Radio, a propósito de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de nueva Ley de Memoria Democrática. Rebolledo valoró este acuerdo y se refirió también al trabajo de exhumación de fosas comunes en el Cementerio de Jimena de la Frontera, que se está llevando a cabo estos días, y al proyecto de exhumación previsto para La Línea.
Esta participación radiofónica se produjo después de que el Consejo de Ministros aprobara, el 15 de septiembre, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que permitirá que las personas que fueron víctimas de los juicios sumarísimos del franquismo reciban “una declaración de reconocimiento y reparación personal” . Esta ley declara ilegítimos los tribunales que tras el inicio del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 juzgaron y condenaron en el conjunto del país a unas 250.000 personas que habían defendido el régimen constitucional de la Segunda República y a las que impusieron por motivos políticos e ideológicos “sanciones de carácter personal”. Estas personas defensoras de la legalidad republicana fueron sometidas a lo que se conoce como “justicia al revés”, pues quienes se rebelaron contra el régimen constitucional acusaron de “rebeldes” a quienes lo defendieron. Esta ley declara “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos e ideológicos “contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. La gran mayoría de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los andaluces se custodian en el Archivo del Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla, así como en el archivo del tribunal togado de Málaga y el archivo militar de Almería. Estos procedimientos sumarísimos ponen de manifiesto la absoluta falta de garantías jurídicas que padecieron estos vecinos, que sufrieron indefensión y fueron víctimas de la arbitrariedad de estos tribunales militares. Esta declaración de nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas da pie al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal, pero ello no implica “responsabilidad patrimonial del Estado”, por lo que la ley no contempla el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas.