Varios miembros del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar asistieron en el Parlamento andaluz a la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cosa que se produjo en Sevilla en la tarde del miércoles 15 de marzo de 2017. Invitados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, Andrés Rebolledo, Andrés del Río y Miguel León asistieron en el salón de plenos a las intervenciones de los distintos portavoces y a la votación final. El foro agradece la invitación realizada por la diputada de IU Inmaculada Nieto, que además fue integrante de la comisión parlamentaria que ha redactada la ley y cuya labor fue elogiada por el resto de diputados que intervinieron en el pleno.
Pese a sus carencias, el foro considera que esta ley supone un impulso muy importante para conseguir sus objetivos fundacionales de verdad, justicia y reparación. Andrés Rebolledo considera que es mejor que la estatal de 2007 aprobada a por el Gobierno de Zapatero pues establece en su preámbulo que los crímenes del franquismo son imprescriptibles y perseguibles por la justicia universal como crímenes contra la humanidad. El presidente del foro también elogia que la ley acaba con el discurso de la equidistancia, del todos mataron por igual, y establece con claridad que el franquismo fue un régimen ilegal y criminal en su origen, surgido de un golpe de Estado contra un Gobierno democrático y constitucional.
La Ley recibió el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, mientras que Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron.
Otros avances de esta ley son los siguientes:
Mapa de fosas y exhumación
La parte medular de la Ley es la que tiene que ver con los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo. La Junta contabiliza unas 614 fosas comunes en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), y calcula que hay alrededor de 60.000 desaparecidos. La ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores. El protocolo nuevo, que sigue las pautas de Naciones Unidas, implica más a la Administración, pero los familiares de víctimas ya no podrán actuar en las fosas sin supervisión de la Junta. El Gobierno andaluz también podrá expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos si el dueño no autoriza la exhumación. De la ley también emana el Banco andaluz de ADN, ubicado en Granada.
Ampliación del estatus de víctima
La norma andaluza supera la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, porque extiende el estatus de víctimas del franquismo a los homosexuales, los bebés robados, las mujeres vejadas o los prisioneros de los campos de exterminio nazi. A partir de su entrada en vigor, Andalucía va a instar al Gobierno central a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y se plantea la imprescriptibilidad de los delitos del franquismo, como crímenes contra la Humanidad.
Comisión de la Verdad
También ha incluido, a última hora, una propuesta de Podemos para crear una Comisión de la Verdad y Reparación de las víctimas del franquismo, un órgano de estudio y recopilación de testimonios, aunque sin competencias procesales (pues depende del Estado). Y se creará un Instituto de la Memoria, un ente público que servirá de archivo documental.
Crímenes de lesa humanidad
La Ley andaluza de Memoria considera, en su texto preliminar, que los delitos del franquismo son crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, en cuanto que son actos de extrema violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de Nuremberg (asesinato, esclavización, deportación…) Fueron planificados y ejecutados desde el poder político militar de forma sistemática y a gran escala, dice el texto, que concluye por tanto que son crímenes imprescriptibles y perseguibles por la justicia universal.
Este punto de la norma es, probablemente, el más sensible para PP y Ciudadanos, porque en base al mismo plantea que debería derogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional, en alusión a la Ley de Amnistía de 1977, que el Gobierno andaluz pedirá derogar al Ejecutivo central.
El franquismo en las aulas
Uno de los puntos de la discordia en el debate ha girado en torno al horizonte temporal de la ley, que abarca desde la Segunda República hasta 1982, incluyendo así el tardofranquismo, la Transición y las luchas por la autonomía andaluza. Antonio Maillo, portavoz de IU, recordó en su intervención a Manuel José Carcía Caparros, joven malagueño asesinado en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Su muerte por disparos de la policía, aún sin aclarar, es uno de los ejempolos de por qué se extiende la norma hasta 1982. PP y, sobre todo, Ciudadanos no estaban dispuestos a que se revisara el periodo de la Transición democrática, y pelearon sin éxito para que se desgajara de la norma.
El otro apartado que ha generado polémica entre los grupos conservadores es el capítulo de la educación y el peso que tendrá ahora el estudio de la Guerra Civil y el franquismo en el currículum oficial de Primaria y Secundaria (que ahora es inexistente o irrelevante).
Eliminar simbología fascista
A partir de la entrada en vigor de la ley, a partir de junio, los ayuntamientos andaluces tendrán 18 meses de plazo para eliminar o retirar los vestigios del fascismo en sus municipios, so pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de subvenciones públicas si no lo hacen. Si se niegan (infracción grave), la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán multas de 2.001 a 10.000 euros. Otra infracción grave será no comunicar el hallazgo casual de restos que pudieran ser de represaliados, y entre las muy graves (de 10.001 a 150.000 euros) está construir o remover sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos, hacer excavaciones en dichas zonas o destruir fosas.
Además, ayuntamientos y organizaciones se exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la infracción cometida. Los alcaldes también están obligados a dignificar las fosas comunes en cementerios, a homenajear a las víctimas a petición de sus familiares, y a supeditar sus planes urbanísticos a los llamados Lugares de Memoria.
