Reforma agraria para el valle

El Gobierno republicano incluyó al cortijo del Marrufo en su catálogo de fincas donde pretendía aplicar la reforma agraria. No dio tiempo a llevarla a cabo. Tras el levantamiento de los militares golpistas contra la República, los trabajadores tomaron las 800 hectáreas en su poder y comenzaron a explotarlas como propiedad comunal. Constituyeron además el Comité de Defensa del Marrufo para detener el avance fascista.La finca del Marrufo fue incluida en 1933 en el Registro de la Propiedad Expropiable, elaborado por orden del Ministerio de Agricultura con los terrenos en los que era susceptible la aplicación de la Ley de Reforma Agraria que habían aprobado las Cortes Constituyentes de la Segunda República española el 9 de septiembre de 1932.

La reforma agraria era uno de los proyectos más ambiciosos de la República y uno de los anhelos más tiempo perseguido por las decenas de miles de jornaleros y campesinos sin tierra que en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía esperaban ver mejoradas sus condiciones de vida.

 
Reforma



Esta ley había dispuesto la confección, en el plazo de un año, de un inventario con la relación de fincas susceptibles de expropiación, sobre la base de las declaraciones de los propios dueños en los registros de la propiedad. Según la investigación del historiador Fernando Sigler, el Marrufo fue incluido en este registro porque tenía más superficie excedente de los límites fijados por la Junta Provincial Agraria, que fijaba a qué fincas era aplicable la reforma. Las condiciones para la aplicación de la ley eran variables en función de los cultivos a que estuvieran sometidos los terrenos en cuestión y de sus calidades. La Junta Provincial estableció varias categorías aplicadas en diferentes zonas de la provincia y en nueve términos municipales los límites máximos permitidos a partir de los cuales las fincas eran expropiables: 600 hectáreas en herbáceo, 300 en olivar, 125 en vid, 150 en arbolado y 750 en dehesas. Y en esta categoría entraba el cortijo de los Guerrero.

Además del Marrufo, Manuel Guerrero poseía otras veinte fincas que figuraban en el Registro de la Propiedad. En total, sus dominios sumaban 4.599 hectáreas de tierra. El Marrufo era la segunda propiedad suya en extensión, después de la cercana de Garcisobaco, que tenía algo más de 1.360 hectáreas. Pero la reforma agraria no se llegó a aplicar en el Marrufo. Los cambios de gobierno y la lentitud con que la ley se puso en marcha impidieron que se repartieran los excedentes de tierra de Manuel Guerrero. La finca apareció en el registro de tierras susceptibles de expropiación pero no se llegó a tramitar ningún expediente expropiatorio.

Donde sí se aplicó la reforma agraria fue en una finca de un hermano del propietario del Marrufo, en La Florida, propiedad de Antonio Guerrero Lozano, de 622 hectáreas y donde se asentaron 66 familias, once de Jerez y el resto de cinco pueblos de la comarca de la sierra de Cádiz.

En 1935, en toda la finca del Marrufo vivían 30 familias, que sumaban 112 personas. La mayoría eran trabajadores del campo, pues como tal estaban censados 36 hombres. Había también dos sirvientas y un sirviente, un carnicero, un zapatero, 33 mujeres dedicadas a sus labores y 38 menores sin edad laboral. Casi todos estos habitantes eran naturales de Jerez de la Frontera, de donde procedían 37 personas. Otros habían nacido en Algar, Ubrique, Cortes y Arcos.

Cuando el 18 de julio se produjo el golpe de Estado, Cortes de la Frontera, Ubrique y todo el valle de La Sauceda, incluidos los habitantes del Marrufo, permanecieron fieles a la República. La familia Guerrero se quedó en Jerez, donde los sublevados triunfaron el mismo día del levantamiento y emprendieron una sangrienta represión que acabó con la vida de más de 600 civiles indefensos. Los trabajadores del Marrufo decidieron explotar la finca de manera colectiva y organizarse para regular todos los aspectos de su vida laboral y social. Constituyeron también el Comité de Defensa del Marrufo, organismo que estaba en contacto con los vecinos comités de La Sauceda, de Ubrique, o de Jimena, para hacer frente al avance de las tropas fascistas. Esa voluntad de resistencia fue efectiva hasta el 31 de octubre de 1936, cuando ya todos los pueblos de alrededor habían caído en manos de los sublevados