Represalia de las autoridades franquistas contra vecinos de Cortes: la incautación de bienes
 
 
Relación de expedientados.
Relación de expedientados.


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or Fernando Sígler (Historiador)

Entre los materiales reprografiados que nutren los fondos del archivo histórico de la Casa de la Memoria La Sauceda, de Jimena de la Frontera, figuran diversos documentos producidos en 1937 por la Comandancia Militar de Ronda, relativos a los expedientes de incautación de bienes a los que fueron sometidos numerosos vecinos de Cortes de la Frontera (Málaga) por las autoridades franquistas1. Hay que recordar que el valle de La Sauceda se enclava en el término municipal de dicha villa. El relato de los hechos que se derivan de estos documentos es el siguiente.

El 26 de junio de 1937, el capitán juez permanente de Ronda Juan Rodríguez Macías confeccionó una relación de 127 vecinos de Cortes de la Frontera que figuraban expedientados por incautación de bienes de su propiedad “al haber huido de dicho pueblo a la entrada de las fuerzas del Glorioso Ejército Nacional” –según expresaba el documento–. Estos nombres debían ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de acuerdo con lo que había dispuesto el general del Ejército del Sur sublevado, Gonzalo Queipo de Llano, en un bando del 5 de noviembre de 1936.

Este listado se hizo llegar a la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, cuyo presidente consideró excesivo el número de encartados, y así se lo hizo ver al comandante militar de Ronda en un oficio fechado el 29 de junio, en el que disponía que, “por considerar exagerada la lista de supuestos inculpados del pueblo de Cortes, tratándose de un pueblo de relativamente escaso vecindario”, procedía que el instructor hiciera una información previa acerca de “las personas que realmente puedan resultar responsables y que tengan bienes, para dirigir el procedimiento tan solo contra los mismos”.

Firma del teniente juez eventual.
Firma del teniente juez eventual.


Así, para dictaminar quiénes eran de ideas marxistas y por tanto contra quiénes se debía proceder para la incautación de sus bienes, el 26 de julio de 1937 se reunieron en el Ayuntamiento las autoridades franquistas de Cortes, convocadas para este fin por el teniente juez eventual, Julián Merelo Peralta. Asistieron a la sesión el secretario, Alfonso Merelo; el alcalde, Luciano Terón Ramos; el primer gestor, Miguel Mateo Moya; el segundo gestor, Pedro García Rodríguez; el tercer gestor, Alonso García Pérez; y el comandante de puesto de la Guardia Civil, el cabo José Zurita Soriano, así como dos labradores designados, Alonso Gutiérrez García y Cayetano Núñez Gil.

Los reunidos analizaron todos y cada uno de los nombres incluidos en el listado, y acordaron que la relación inicial de encartados se redujera, en principio, a 82 personas. Fueron excluidos del listado 45 vecinos, que “no habían sido nunca marxistas” –según expresaba el acta de la reunión–pero que habían huido de Cortes cuando entraron las tropas sublevadas y que a la hora de confeccionar la lista ya habían regresado al pueblo. Por contra, fueron incluidos otros nueve que no figuraban en la relación inicial, “por constarle a todos que eran de dichos ideales”.

Gráfico sobre los vecinos expedientados.
Gráfico sobre los vecinos expedientados.

 

1 Archivo de la Casa de la Memoria La Sauceda, Documentación Reprografiada, Leg II-30.